La Junta se relía con el Cerro del Moro

Cádiz posiblemente sea la ciudad líder en vaivenes, los que la Junta de Andalucía viene dando prácticamente en todos los proyectos que tiene en su mano en la ciudad en las últimas décadas. Muestras sobradas hay al respecto, de las que además se habla prácticamente a diario; y a todo ese ramillete se ha sumado en la última semana la operación en el Cerro del Moro, respecto a la que han vuelto a saltar las alarmas.

Las prometía muy felices esta operación en materia de vivienda que al fin parecía desbloquearse, aunque para ello la administración autonómica haya tenido que dividir en dos la última fase. Con toda la tramitación terminada y la obra en licitación, la grieta de este proyecto de vivienda del Cerro del Moro se ha abierto, además, por el lado más débil, el de los vecinos que llevan décadas esperando la rehabilitación de sus casas y que ahora ven cómo la propiedad pueden perderla en favor de la administración autonómica.

La Junta va y viene con el Cerro del Moro, se lía y se relía con estas viviendas. Y es que las actuales construcciones, que eran de titularidad autonómica, fueron durante varios años ofrecidas en venta a sus entonces inquilinos. Y una vez que logró completar la operación, los técnicos alertaron del despropósito que tenía afrontar la reforma de la barriada pública con más de un centenar de propietarios privados diferentes.

El informe técnico elaborado en el año 2022 con ocasión de la modificación del PGOU que permitía replantear las fases 7 y 8 del Cerro del Moro reflejaba con claridad el gran error cometido por la Junta de Andalucía -bajo mandato de los sucesivos gobiernos socialistas-. “Durante el período de redacción del Plan General la propiedad de los edificios de las fases séptima y octava ha cambiado y de ser la Comunidad Autónoma el único propietario ha pasado a tener 115 propietarios privados”. Es decir, que la administración que planteó la ejecución de esas fases 7 y 8 que eran de su propiedad fue vendiendo las viviendas mientras no afrontaba el proyecto, con la dificultad que entrañaba a la hora de asumir definitivamente esas fases.

Ante este escenario, la Junta dedicó años a recuperar nuevamente la propiedad de esas viviendas. Un auténtico despropósito. Y en el año 2022 se indicaba que aún había 70 propietarios “de viviendas construidas y fuera de ordenación, con la dificultad añadida de que sobre 17 viviendas hay constituidos derechos hipotecarios a favor de entidades bancarias lo que eleva el número de los titulares de derechos intervinientes”. Todo ello hacía a los técnicos de la propia Junta hablar de “una situación muy compleja de propiedad del suelo”, hasta el punto de que este rocambolesco escenario “puede ocasionar la total imposibilidad de llevar a cabo la gestión urbanística diseñada por el Plan General”, establecía el informe en aquel septiembre de 2022.

En estos casi dos años, se incorpora otro factor para seguir complicando la operación. Ante la búsqueda de financiación para hacer frente a la fase 7 que construirá 67 nuevas viviendas y que allanará el camino hacia la octava y última fase, la Junta ha recurrido a fondos europeos. Y claro, Europa no financia rehabilitaciones de propiedades privadas, sino de viviendas destinadas al alquiler social, lo que obliga a la Junta a dejar sin efecto aquellas operaciones de venta que promocionó hace años para volver a ser la titularidad de todos los pisos.

Es decir, que el inquilino que accedió a esos pisos del Cerro del Moro, vio hace años cómo se le abría la oportunidad de comprar la vivienda; y una vez adquirida, en algunos casos aún haciendo frente a las hipotecas, ahora se les plantea renunciar a esa titularidad en favor de la propietaria original (la Junta) para poder ejecutar la construcción de los nuevos pisos. Un relío de la propia Junta de Andalucía en estos más de 30 años del plan de reforma del Cerro del Moro.