La Junta confirma a los vecinos que las viviendas de la 7ª fase del Cerro del Moro serán de alquiler

El portavoz de la Plataforma de Afectados ha mantenido este miércoles la esperada reunión con los representantes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

Desde Izquierda Unida se busca impulsar una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía encaminada a que los vecinos mantengan la titularidad de sus hogares

Los vecinos de la 7ª fase del Cerro del Moro temen por la titularidad de sus casas

Pancarta reivindicativa sobre la séptima fase de viviendas del Cerro del Moro.
Pancarta reivindicativa sobre la séptima fase de viviendas del Cerro del Moro. / Miguel Gómez

Cádiz/La preocupación mostrada la pasada semana por los vecinos de la 7ª y 8ª fase de rehabilitación del Cerro del Moro con respecto a la titularidad de sus viviendas se ha visto confirmada este miércoles tras la esperada reunión que han mantenido el portavoz de la Plataforma de Afectados y los representantes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Un encuentro donde se ha informado de que, como se temía, los vecinos habitarán sus nuevos hogares en régimen de alquiler.

"Estamos muy decepcionados, muy decepcionados...", ha lamentado Enrique Estévez, la voz vecinal, que recuerda que fue la propia Junta de Andalucía la que hace más de 15 años obligó -digamos que lo puso como condición necesaria- a los 67 familias de esta última fase de la rehabilitación del barrio gaditano a comprar las viviendas en las que entonces vivían de alquiler "para poder después acceder, ya en propiedad a través de una permuta de suelo, a las nuevas viviendas que se contruirían”.  

Sin embargo, el giro de guion llegó cuando en el reciente anuncio de la licitación de unas obras históricas -históricas por el tiempo que llevan esperando- los afectados se dieron cuenta de que la prometida promoción se había calificado en régimen de Viviendas Protegidas en Alquiler (VPA), lo que conllevaría la pérdida de la titularidad de sus hogares en esta operación urbanística. Así, el (ahora sabemos que fundado) desasosiego les llevó a solicitar una reunión con la AVRA que, como ha explicado, Estévez se ha producido este 27 de junio con un resultado "desalentador".

"Como temíamos, lo que la Junta de Andalucía ofrece es comprar las actuales viviendas a los vecinos para que después vivan de alquiler durante 50 años en las nuevas, algo de lo que no se habló en ningún momento durante todas las reuniones previas que se han tenido a esta licitación", asegura Estévez que, tras su encuentro con la administración, también reunió a sus vecinos para volver a tomarles la temperatura. "La mayoría ahora mismo están en contra de perder la titularidad de las viviendas pero hay diferentes casuísticas y necesidades, así que veremos...", comprende.

Y es que, como relata el presidente de la Plataforma de Afectados de la 7º Fase del Cerro del Moro, "desde la Junta se van a reunir con los vecinos por separado para explicarles el ofrecimiento, y ya ahí pues no sé cuántos aceptarán o no aceptarán perder esta titularidad para vivir en una VPA", dice Estévez que todavía no sabe "ni la cantidad económica que el Gobierno andaluz ofrecerá a los vecinos por sus actuales casas", "ni el precio del alquiler que se les cobrará" por sus nuevos hogares.

Una Proposición No de Ley para "arreglar el roto"

Lo que sí conoce Estévez es esta sensación de "engaño" que sienten los vecinos de la 7ª fase del Cerro del Moro cansados ya de esperar la llegada de unos hogares dignos. Un proceso que tras años en el limbo comenzó a reactivarse en noviembre de 2022 a través de una mesa tripartida formada por Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y Plataforma vecinal con la vigilancia y el arbitraje del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

Así, como recuerda la portavoz de Izquierda Unida, Marga Forné, "lo que vamos a intentar es devolver a la Junta al espíritu de ese convenio" porque, "aunque a las familias no se les dio nada por escrito", reconoce, "el corpus material de todo aquel proceso fue el de la permuta de sus viviendas por otras iguales o de similares características". "Tanto es así que desde la Junta de Andalucía incluso se habló de facilitar unos créditos especiales para que los vecinos pudieran afrontar el pago de los metros cuadrados de más que conseguirían con la permuta, pues las de nueva promoción serían más amplias. Es decir, la voluntad siempre fue esa, la de mantener la titularidad", certifica.

Pero la almendra de esta problemática reside en la financiación europea a la que se ha acogido la Junta de Andalucía para financiar buena parte de esta operación. Así, la línea 6 del Plan de Recuperación, Transformación Resilencia, la que se refiere a las “ayudas a la construcción de vivendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”, es la que aparece especificada en el pliego de licitación de la obra y, por lo tanto, la que condiciona la calificación de esta promoción.

"Como vemos, el roto ya está hecho, porque difícilmente la Junta va a rechazar esta subvención europea al alquiler social y va a buscar crédito por otra parte, pero creemos que todavía tiene arreglo. Si hay voluntad política, la Junta de Andalucía puede habilitar vías de solución para los vecinos que quieran mantener la titularidad de las viviendas", aseguran desde Izquierda Unida que comprenden que "los vecinos que quieran aceptar libremente el alquiler por 50 años lo hagan" pero que "se pueden habilitar otras opciones para los que no quieran perder el título de propiedad como permutar su vivienda actual por otra vivienda que tenga la Junta en otra parte de la ciudad", explica Forné.

"Lo que no puede ser es que, si me permites la expresión, la Junta se esté comportando como un asustaviejas más mostrándoles a los vecinos que es la administración la que tiene la sartén por el mango dándoles a elegir entre susto, que es perder la propiedad de la vivienda, o muerte, que es quedarte a vivir en tu vivienda fuera de ordenación y sin cubrir cuando fue la propia Junta de Andalucía la que medio obligó a los vecinos a adquirir esas casas. Si los hubieran dejado de alquiler en su momento, ahora no hubiera pasado esto", reflexiona la portavoz de la formación de izquierda.

Por todo ello, desde IU pretenden reunirse con el portavoz de la Plataforma de Afectados "el próximo miércoles" (3 de julio) con la pretensión "de montar una Proposición No de Ley que inste a la Junta a volver al espíritu del convenio de la mesa tripartita". Esa iniciativa se presentaría en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía (donde IU forma parte del grupo Por Andalucía) para que este tema se pueda discutir y no se vuelva a dar "otra patada para adelante" a la problemática de estos vecinos "porque eso es lo que estaban haciendo hasta que apareció en prensa la noticia de que los vecinos estaban a la espera de una reunión con la AVRA que nunca llegaba".

stats