La lluvia de 200 millones resulta insuficiente

En los años cincuenta del pasado siglo el Ayuntamiento de José León de Carranza puso sobre la mesa el proyecto de derribo de los barrios de Santa María y la Merced. Con unos diez mil habitantes y un grave problema de hacinamiento y salubridad que provocaba numerosas enfermedades entre sus vecinos, se consideraba que era ésta la única posibilidad de solventar una situación casi tercermundista... a la vez que se mejoraba la imagen del acceso al casco histórico sobre todo cuando Carranza pretendía construir en Bahía Blanca y Santa María del Mar una zona residencial de alto nivel, incompatible con las degradadas viviendas de Santa María y la Merced. Finalmente, la operación no salió adelante, no por falta de ganas sino por el elevado coste que ello suponía y la necesidad de construir viviendas para realojar a 10.000 personas.

El arreglo del casco antiguo hibernó así durante décadas, a la vez que sus heridas se extendían ya por la mayor parte de los barrios de intramuros. La llegada de la democracia, en 1979, abrió una ventana a la esperanza pero los planes iniciados se quedaban siempre cortos, en ambición y en dinero, para las necesidades existentes.

Será por todo ello que cuando en 1999 la Junta publicó un decreto por el que asumía, dejando a un lado al Ayuntamiento, la gestión de la política de vivienda en la ciudad y anunciaba un ambicioso plan para rehabilitar el casco antiguo la noticia se recibió con gran escepticismo.

El tiempo ha quitado la razón a los escépticos, aunque los compromisos iniciales, 200 millones de inversión y fecha final de ejecución situada como límite en el 2012, no se han cumplido en su totalidad. Pero ese plan anunciado en 1999 se ha convertido en el gran pulmón que ha dado oxígeno a intramuros, salvándolo de una decadencia que parecía irreversible.

A ello se le ha unido el Ayuntamiento de Cádiz que desde un principio mostró su malestar por la apropiación de la Junta de la política de vivienda. Así, el gobierno local asumió la eliminación de cerca de un centenar de infraviviendas y puso en marcha un programa de adquisición de fincas para su reconversión en viviendas dirigidas fundamentalmente a los grupos más jóvenes.

Los planes de unos y otros, y junto a ellos los de la iniciativa privada, han supuesto una inversión que supera ya los 200 millones de euros, lo que ha permitido intervenir en más de 6.000 viviendas, lo que supone más de la tercera parte del parque del casco antiguo, teniendo en cuenta que no en todas ellas es necesario actuar. El objetivo de llegar a la celebración del 2012 con el casco ya rehabilitado de forma integral no se ha podido cumplir, e incluso lo que queda por hacer está en el aire debido a los recortes en las inversiones impuestas por la crisis, pero la rehabilitación del casco antiguo de Cádiz no deja de ser un plan pionero en España, que se ha ido copiando, año tras años, en otras ciudades. Habrá que esperar que esta ralentización no sea definitiva y sea inútil todo el trabajo ya realizado.

La actuación más relevante es la que ejecuta la Junta de Andalucía, que desde la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación en 1999 ha supuesto una inversión de 148,3 millones de euros, lo que ha permitido intervenir en 5.752 viviendas.

La estrella de este programa ha sido la eliminación de la infravivienda, la gran lacra, el 'chabolismo vertical' sufrido durante décadas por la ciudad, ejecutada a través de acuerdos con los propietarios de las fincas, actuaciones propias en alquiler y actuaciones propias en venta. La Junta ha adquirido fincas con un coste de 9,1 millones de euros. La crisis, sin embargo, ha paralizado la compra de nuevos edificios entre otras cosas porque la administración regional dispone actualmente de ocho inmuebles vacíos, pendientes de concretar su futura reforma.

Sólo en la eliminación de la infravivienda se han destinado 74 millones de euros de los que cerca de 13 millones han sido aportados por los propietarios de las viviendas afectadas. La colaboración de éstos ha sido esencial para sacar adelante este proyecto, aunque ciertamente el Plan les ha permitido arreglar fincas que, en muchos casos, ellos no hubiesen poder sacar adelante con sus propios medios. Además, el acuerdo con la Junta les obligaba a mantener los alquileres a sus inquilinos, una vez finalizada la intervención, con la única subida del IPC y durante un periodo garantizado de diez años. Durante el periodo de las obras la administración regional ha venido asumiendo el realojo de los vecinos afectados.

La Oficina también ha centrado sus esfuerzos en poner en el mercado pisos en alquiler. Es una operación también paralizada hoy por la falta de fondos ya que obliga a la Junta a adquirir fincas en mal estado, realojar a los vecinos, y financiar la rehabilitación de los bloques. Con todo, aquí la inversión ha sido más que cuantiosa pues ha superado los 36 millones de euros afectando a 424 viviendas. Menor calado ha sido el programa de compra de fincas para su venta: se ha limitado a 3 ya ejecutados y 26 viviendas.

Junto a estas grandes operaciones, en estos años se han realizado actuaciones muy concretas en un elevado número de fincas para arreglar espacios comunes o zonas comerciales, inversiones de las que se han beneficiado también numerosas fincas de Puerta Tierra, especialmente en el plan de instalación de ascensores, una medida más complicada de llevar a cabo en el casco histórico por la protección que tiene buena parte de sus edificios.

La obligación de reducir las inversiones en la Junta, a la espera de mejores tiempos, ha llevado a la Consejería de Fomento a rediseñar su planificación. Hay menos dinero, mucho menos, aunque desde la Oficina se constata que "infravivienda queda muy poca", y muy localizadas en determinados barrios del casco antiguo. Aunque se intenta reactivar algunos proyectos relacionados con fincas ya propiedad de la Junta de cara a 2014, la renovada política autonómica se va a centrar en mejorar la calidad de vida de quienes ahora están realojados, mantener en buen estado el parque de viviendas ya arreglado y actuar en casos puntuales donde la precariedad siga siendo extrema.

A la hora de preparar este informe se solicitó al Ayuntamiento de Cádiz, como a la Junta, información sobre lo que la administración local ha ejecutado, está ejecutando o va a ejecutar en el casco antiguo de la ciudad. A pesar de la insistencia en las dos últimas semanas, el gobierno local optó por no facilitar dato alguno sobre esta cuestión a Diario de Cádiz.