¿Luz al final del túnel en Cádiz? Ya van dos de tres
EL PASEANTE
El compromiso sobre Valcárcel, se une al pronto inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia
Ahora queda el Hospital y la vivienda
La ciudad de la Justicia: 2025, el año que la Junta se marca para iniciar las obras
"ESTAMOS hartos de maquetas, hartos de promesas falsas, de planes sin presupuestos”, decía ayer en Cádiz el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, al hablar del cambio de rumbo que las administraciones le han dado al proyecto de Valcárcel.
Por fin hay una inversión inicial de 20 millones de euros para sacar adelante la conversión del histórico edificio en un centro universitario, aunque no en Facultad de Ciencias de la Educación, que se quedará en el Campus de Puerto Real. Dinero ya consignado en los presupuestos de la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz. Lejos de pasados compromisos que se quedaron en el bla, bla, bla, antes que rubricarlos en documentos oficiales, que son los que hay que cumplir para no quedar en evidencia.
El acuerdo público cerrado ayer por todas estas instituciones debe poner fin a más de dos décadas de espera para el cambio de uso de la antigua Institución Valcárcel. Los gaditanos que nacieron el año en el que se anunció el plan de conversión del edificio en un hotel de lujo, son ahora mayores de edad. Y los que entonces comenzaban la Primaria puede que incluso dentro de dos o tres años estén estudiando en la facultad que se ubique en el inmenso edificio vecino de la playa de La Caleta. Así son las cosas en esta ciudad. Tan necesitada de equipamientos que, existiendo físicamente, no salen adelante por la incompetencia, según las épocas, de los representantes públicos, y el desinterés de buena parte de la ciudadanía.
Ahora, en todo caso, parece que algo está cambiando en la ciudad. Poco a poco la larga lista negra que este diario ha ido publicando año tras año, con los planes de los ‘debes’ acumulados, tanto públicos como privados, se va reduciendo. Incluso en los tres proyectos estrellas que llevan sobrevolando Cádiz desde principios de este siglo: Valcárcel, la Ciudad de la Justicia y el Hospital Regional.
Los dos primeros ya se han activado, parece que de forma definitiva, con obras que comenzarán este mismo año o a principios de 2026. En cuanto al centro médico, es una apuesta arriesgada del Ayuntamiento que, hace ya unas semanas, entregó a la Zona Franca una alternativa de suelo para poder quedarse con los terrenos de CASA. Allí la Junta deberá, sí o sí, construir el complejo médico cuando tenga su propiedad. Cabe pensar que nadie en Madrid (léase, el Ministerio de Hacienda, del que depende la Zona Franca) pondrá zancadillas de nuevo a esta operación.
Es decir, si nada se tuerce en unas semanas podríamos tener tres de tres. Será un avance más que notable para esta ciudad, que tantos problemas tiene para ver en pleno desarrollo proyectos de gran calado económico y social.
Lo que se juega el PP
En esta luz que comienza a verse al final del túnel, las tres administraciones directamente implicadas, Ayuntamiento, Junta y Diputación, están en manos del Partido Popular. Dice Antonio Sanz que ellos no están para presentar maquetas sino realidades.
Tendrán entonces la responsabilidad de hacer reales estos tres compromisos. Ya no solo por el bien de Cádiz, que sin duda es lo más relevante, sino por su propio futuro como gestores. Otros partidos han perdido el gobierno de Cádiz por no cumplir sus compromisos con los ciudadanos.
Pero más allá de Valcárcel, Justicia y Hospital, hay un listado de operaciones muy relevantes cuyo desarrollo no debería de dilatarse en el tiempo.
Uno tiene un calado más que relevante en Cádiz, pues supone la construcción de cientos de viviendas.Aquí, en los acuerdos entre Junta y Ayuntamiento, se ponen suelos en Náutica, Tolosa Latour, Chalé de San Luis y Valdeíñigo.
Dejando a un lado nuestras dudas sobre Náutica (cuyo cambio de uso académico rompería todo un frente urbano dedicado a la Universidad), todo lo que se busque para construir viviendas es más que positivo. Eso sí, que no plantee la Junta estas operaciones para hacer caja en la ciudad. Como administración pública tiene la obligación de responder a la demanda de vivienda social, tan necesaria en Cádiz.
Pero, a la vez, no podemos obviar que la ciudad necesita entre sus vecinos a familias con rentas altas que, por ello, ayuden a dinamizar la economía. Es decir, que no caigamos en el mensaje populista de “todos los suelos para VPO”, olvidándonos de otros grupos de vecinos.
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