Marta Meléndez se enfrenta a 5 años de prisión por el fraude de fondos públicos destinados a colegios en Cádiz

Cádiz/Hace más de 10 años se destapó en Cádiz una trama que supuestamente desviaba dinero público destinado a realizar obras en los colegios de la provincia. El conocido como caso ISE, acrónimo del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, llegó a los tribunales con el fin de esclarecer el posible fraude millonario cometido entre 2006 y 2010 con fondos que estaban adjudicados a obras en los centros escolares gaditanos y que bien tenían los presupuestos inflados, bien no llegaron ni ejecutarse. El asunto encara por fin una fase decisiva, toda vez que la Fiscalía Provincial ha hecho públicas sus conclusiones provisionales y la celebración del juicio queda próxima en el tiempo, a pesar de la paralización extraordinaria que ha sufrido la causa. 

El caso ISE suma 28 acusados. Entre ellos se encuentran Marta Meléndez, excandidata a la Alcaldía de Cádiz en 2011 y exconcejala socialista. Ella ocupó el cargo de administradora de la Oficina de Gestión de Servicios del ISE. También figura Fernando Ameyugo, que fue el máximo responsable del ente. Además de ellos dos, hay varios empleados del ISE procesados, como técnicos, arquitectos y administrativos, así como numerosos empresarios y gerentes de sociedades de suministros y reparaciones. Destaca el responsable de las mercantiles Contratas y Mantenimientos Pacheco, S.L. y Reformas González Fernández, S.L.U., así como su esposa -también administradora- por su papel activo en la maquinación de la supuesta corruptela al ser adjudicatarios “de forma directa y arbitraria” de cuantiosos contratos, según recoge el escrito de calificación fiscal.

La acusación pública considera que Marta Meléndez es responsable de los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y falsedad continuada en documento oficial y en documento mercantil, en concurso con un delito de malversación de caudales públicos. Pide para ella la pena de cinco años y medio de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta. Para Fernando Ameyugo, al que sienta en el banquillo procesado por los mismo delitos que Meléndez, la Fiscalía solicita siete años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta. El matrimonio que regentaba Mantenimientos Pacheco y Reformas González Fernández se enfrenta a 19 años y medio de prisión por los delitos antes citados y a los que se suman los de defraudación del IVA y del IS. Para los funcionarios y técnicos del ISE la acusación pública plantea penas privativas de libertad de cinco años y ocho meses mientras que para los empresarios encausados la horquilla oscila entre los nueve años y medio y los tres años y medio de cárcel. 

El fiscal sostiene que en los ejercicios de 2006, 2007 y 2008 Mantenimientos Pacheco facturó al ISE un montante de 3.980.219,90 euros. En 2009 y 2010, la citada mercantil facturó de nuevo al ente público la cantidad de 520.038,97 euros. Por su parte, Reformas González Fernández cargó al organismo dependiente de la Junta de Andalucía una suma de 335.867,52 euros entre 2007 y 2008. A partir de estas cuentas, el fiscal afirma que “entre los años 2006 y 2010, a través del sobrecoste en esa facturación, los acusados lograron apropiarse indebidamente de una cantidad total de 2.292.490,74 euros de los fondos del ISE”.

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía de Cádiz demanda que todos los acusados por malversación vinculados al ISE junto con los gerentes de Mantenimientos Pacheco y Reformas González Fernández indemnicen a la actual Agencia Pública Andaluza de Educación, precisamente, en 2.292.490,74 euros. Ahora bien, el Ministerio Fiscal apostilla que en el supuesto de que el tribunal entienda que los hechos que se juzgan son constitutivos de un delito de fraude a la administración pública, esos mismos encausados deberán responder ante una cuantía bastante superior, en concreto, 4.836.126,39 euros.

Fraude a los colegios

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía recogen que el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, conocido con el acrónimo de ISE, fue creado el 28 de diciembre de 2004 como una entidad adscrita a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Su cometido era la gestión de las infraestructuras educativas y los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria. 

El 11 de octubre de 2005, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el Plan Mejor Escuela, con una dotación de 1.200 millones, con el propósito de incrementar, actualizar y mejorar las infraestructuras educativas desde el año 2005 hasta 2010. Dicho plan contemplaba un programa destinado a la actualización y modernización de construcciones y equipamientos en centros de Educación Infantil, Primaria y de Enseñanzas de Régimen Especial, como comedores, aseos, espacios deportivos, equipamientos TIC... La ejecución técnica del Plan Mejor Escuela correspondió al ISE, que comenzó a prestar efectivamente sus servicios en enero de 2006.

Para ser más eficaz, el ISE se estructuró en Coordinaciones Provinciales que, a su vez, se subdividían en una Oficina de Gestión de Servicios -encargada de los expedientes de contratación- y en una Oficina Técnica -que gestionaba la ejecución de las obras en las infraestructuras educativas-. Asimismo, el ISE delegó en los coordinadores provinciales la competencia para aperturar cuentas corrientes, ordenar pagos con cargo a dichas cuentas, contratar hasta un máximo de 600.000 euros y aprobar el gasto correspondiente. 

Aprovechando la conyuntura, explica el fiscal, el acusado Fernando Ameyugo, coordinador provincial del ISE en Cádiz, junto con el matrimonio gerente de Mantenimientos Pacheco, “urdieron un plan para enriquecerse ilícitamente y de forma sistemática con cargo a los fondos públicos del ISE”. Para ello, “usaron como artificio la facturación de obras, servicios o suministros del Plan Mejor Escuela que se adjudicaron directamente a dicha mercantil con un valor muy superior al del mercado”. “Infringieron pues las normas y principios de la contratación pública” y “obtuvieron grandes beneficios económicos, aun cuando las obras en los colegios no se habían realizado o se habían ejecutado parcialmente”.

Para sortear todas las formalidades y controles propios de la contratación pública, prosigue la Fiscalía, Ameyugo y los empresarios contaron con “la colaboración imprescindible de los trabajadores que desempeñaban cargos relevantes en la Coordinación Provincial del ISE”, esto es, Marta Meléndez, administradora de la Oficina de Gestión de Servicios; S.V.R., administrador de la Oficina Técnica; y F.J.R.G. y J.I.G.G., técnicos adscritos a la Oficina Técnica.

Además, “de acuerdo con el plan ideado”, en los expedientes concebidos para ser adjudicados a Pacheco, S.L. que se tramitaron mediante procedimiento negociado sin publicidad “intervinieron -en connivencia con los anteriores encausados- dos arquitectos técnicos, M.M.R. y S.M.S., también acusados”. El escrito de calificación fiscal detalla que los dos fueron contratados ex profeso “para elaborar proyectos, dar apariencia de legalidad a los diversos trámites del proceso de edificación y certificar la correcta ejecución de las obras”. 

Para ello, “Ameyugo adjudicó a los citados arquitectos contratos de consultoría y asistencia (cuatro a uno y 26 al otro) mediante la división artificial de varios proyectos que obedecían a un mismo objeto y necesidad para que en ningún caso superaran el límite de los contratos menores”, afirma la Fiscalía.

Todos los encausados antes mencionados intervinieron, según el fiscal, en las sucesivas etapas de los expedientes de contratación y de las obras de la Coordinación Provincial del ISE en Cádiz y se valieron de sus respectivos cargos para “simular cumplir el procedimiento de adjudicación y el proceso de edificación, cuando en realidad actuaron al margen de la legalidad”.