¿Qué medidas va a aplicar el Ayuntamiento de Cádiz en favor de la vivienda?

No hubo acuerdo. El consenso fue del todo imposible. Pero con o sin la oposición, el gobierno de Bruno García se ha marcado ya públicamente el camino que quiere recorrer para procurar el mejor escenario posible en materia de vivienda. Con los puntos aprobados en el pleno extraordinario del miércoles y con los que anuncia que aprobarán a finales de este mismo mes de febrero, ‘robados’ a PSOE y AIG, se establece la hoja de ruta de la vivienda en Cádiz.

El punto de partida, según quiso poner de relieve el propio PP durante el debate plenario del miércoles, ha sido la reactivación de varias promociones en las que ya trabaja el anterior gobierno y que están, incluso, en fase de licitación; todo ello mediante la reactivación económica de Procasa, a la que se ha dotado en el último año y medio con 11 millones de euros para desarrollar la ejecución de hasta 106 nuevas viviendas.

A partir de ahí, el Ayuntamiento asumirá hasta 25 medidas concretas en materia de vivienda. Las ocho primeras ya fueron anunciadas por el PP en su día y están aprobadas desde el miércoles. Se trata del impulso definitivo de la actuación de vivienda en la Barriada Manuel de Falla, más conocida como Tacita de Plata (para lo que depende ahora que salga adelante la operación ideada en las Casitas Bajas), iniciar cuantos expedientes de expropiación de fincas sea posible, modificar el PGOU para incrementar las opciones de construcción de vivienda pública en aquellos suelos que sean susceptibles (algo en lo que se viene trabajando junto a la Junta de Andalucía, ya que es una premisa del PP a nivel nacional en aquellas regiones donde gobierna y que traerá consigo un decreto andaluz que facilitará estas operaciones), prohibir el uso de hospedaje en la fincas con protección de grado 1, identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios a través de una herramienta de análisis, diagnóstico y control en tiempo real que tiene que contratarse; o no superar el índice de saturación turística del 4% del total del parque residencial de la ciudad.

A ellas se suman una medida un tanto difusa como “instar tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de la Nación para desarrollar las operaciones de viviendas que ya tienen entre manos”.

Las medidas de la oposición

A este bloque inmediato sumará tras el pleno ordinario de febrero -a priori, según anunció el alcalde- otras 17 medidas para favorecer soluciones al problema de la vivienda que nacen de la enmienda con 27 propuestas que elevó conjuntamente PSOE y AIG al pleno del pasado miércoles y que fue tumbada por la mayoría absoluta de los populares.

Realmente serán menos medidas ya que algunas de las planteadas por la oposición ya se incluían entre las 8 propuestas antes reseñadas. Como por ejemplo la de “hacer efectiva la expropiación”, paralizar la concesión de licencias de hoteles y apartamentos turísticos en fincas de grado 1, o contratar esa herramienta de análisis para controlar el parque de vivienda de la ciudad en tiempo real.

¿Qué otras medidas, por tanto, incorporará el PP para desarrollar su política de vivienda? Del bloque de propuestas de la oposición que va a asumir el gobierno local, quizás la más llamativa sea la de actualizar la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles para aplicar un recargo que oscilará entre el 50% y el 150% a inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. O la de reclamar a la Junta la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda para que Cádiz sea declarada zona tensionada, lo que permitiría controlar el precio del alquiler, algo que hasta ahora había rechazado el gobierno municipal.

Además de eso, hay medidas relacionadas precisamente con el problema de las viviendas vacías, como la de actualizar el estudio de ya existente de estos inmuebles sin uso “partiendo de la premisa de priorizar el derecho al hogar por parte de las familias que no pueden hacer frente a una renta alta o alquiler por encima de la especulación privada de los propietarios de grandes tenedores”; o como la de mejorar la ordenanza de alquiler municipal para hacer más atractiva la cesión de viviendas al programa municipal de alquiler con incentivos como el pago directo del alquiler por parte del Ayuntamiento, el aumento de las subvenciones para rehabilitación o la bonificación del 95% de IBI.

Relacionado de alguna forma con esto, el PP también llevará al pleno de febrero dos cuestiones que la oposición quería que fueran de acceso general pero que el gobierno limitará al parque público municipal; de un lado, un presupuesto de ayudas a la rehabilitación para comunidades de propietarios y, de otro lado, un presupuesto de ayudas a fondo perdido para obras necesarias o urgentes en viviendas habituales de personas que no tienen recursos económicos suficientes para afrontar esas actuaciones. Dentro de este último punto, y no como una medida en sí, aparece la creación de un “plan de dotación de ascensores a edificios, en especial a aquellos con gran número de población mayor”.

Respecto al acceso a la vivienda, el PP se encomendará modernizar y actualizar los criterios actuales, con la premisa de establecer para cada promoción futura cupos que no compitan entre sí en función de los criterios diverso (economía, jóvenes, personas con discapacidad, personas en exclusión o riesgo de exclusión...) “estableciendo como norma general una cuota de arrendamiento correspondiente al 30% de los ingresos de la unidad familiar”. Además, creará un programa desde Procasa para asesorar a los jóvenes en la búsqueda y acceso a la vivienda.

La vivienda turística, como no, ocupa también una parte de esa tarea que a partir de ahora deberá realizar el Ayuntamiento. En concreto, se va a ampliar la plantilla de Urbanismo y de Consumo para la inspección de viviendas turísticas y la tramitación de denuncias relacionadas con esta actividad, y se van a poner en marcha campañas informativas sobre las opciones de denuncias de VUT ilegales, así como de la potestad que tiene una comunidad de propietarios para prohibir esta actividad en sus estatutos.

Otro compromiso que adquirirá el gobierno de Bruno García será procurar “de manera inmediata” suficientes plazas de alojamiento para cubrir el censo de personas sin hogar (que actualmente sobrepasa el centenar); una medida que en lo inmediato es excesivamente exigente.

El PP de Cádiz contra la Junta

Aunque el documento y las medidas se refieren a la actividad municipal, la Junta de Andalucía está muy presente en los puntos planteados por la oposición que ‘adoptará’ el PP, que deberá así poner enfrente del gobierno autonómico, por ejemplo para exigirle que financie “con fondos propios” la rehabilitación de las fases 7 y 8 del Cerro del Moro para que los vecinos afectados “no pierdan la propiedad de sus viviendas en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad”. También se le va a pedir agilidad “en la tramitación que le corresponde respecto a nuestra ciudad”, y que agilice igualmente la tramitación del Bono del Alquiler Joven.