Diez meses escondida

Cádiz/Hoy Ana se siente libre por fin. Libre para llevar a su nieto al parque, a la playa o a donde quiera. Después de diez meses escondida tras negarse a entregar al menor a la Junta; después de diez largos meses tratando de evitar a toda costa que los Servicios Sociales la apartasen de su pequeño, Ana ha conseguido oficialmente la acogida del niño que ha criado desde que nació. Para esta abuela, el chiquillo, de dos años y medio, es más que su nieto, es como su hijo, y ha luchado "con uñas y dientes" para mantenerlo a su lado.

En agosto del año pasado, Ana recibió como un jarro de agua fría "la peor noticia que me han dado en mi vida". La Junta le comunicaba que cesaba el acogimiento provisional que tenía sobre el menor y le instaban a entregarlo a la administración para que ésta le buscase una familia de acogida.

"¿Para qué?", se preguntaba la abuela. "¿Para qué buscar a otra familia estando yo aquí?". Ana tenía fijados día y hora para proceder a la entrega del niño, pero no lo llevó. No fue una decisión fácil. "Fui a hablar con mi abogada, Esther Coto, que ha peleado por mí lo que no está en los escritos, y decidí que no iba a desprenderme de mi pequeño", no sin antes denunciar esta situación "injusta" y "sinsentido" en los juzgados.

Ana inició así una batalla legal contra la Junta de Andalucía que se cobró pronto su primera consecuencia. La mujer se tuvo que mudar. Más bien huir. La Policía fue a buscarla a su casa de La Viña; los técnicos le advirtieron de que estaba cometiendo un delito ("te va a pasar como a Juana Rivas, me amenazaban"); incluso algunos familiares de Ana le dieron la espalda cuando se fugó con el niño. Pero ella lo tenía claro. Estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario para seguir criando a un niño "indefenso, que no había elegido venir a este mundo y que bajo ningún concepto pensaba abandonar".

Ana reconoce que ha llorado mucho en estos diez meses como fugitiva. "Lo tenía todo en contra, a la Junta, al Ayuntamiento, al fiscal...". La abuela no alcanzaba muy bien a comprender por qué había tantas trabas en su camino cuando ella siempre se había mostrado colaboradora con los técnicos, y así lo subraya la juez en la sentencia.

"Mi hijo, el padre de la criatura, era toxicómano, razón por la que los Servicios Sociales y Protección de Menores me obligaron a elegir: o mi hijo o mi nieto, los dos no podían vivir bajo el mismo techo", precisamente por esos problemas con las drogas que sufría el hijo de Ana. Una vez más, esta abuela se vio en mitad de una encrucijada moral (y sentimental) y tuvo que tomar, de nuevo, una difícil decisión: "Le dije a mi propio hijo que tenía que marcharse de mi casa. Él tenía entonces 28 años. Podía buscarse la vida. Mi nieto sólo tenía tres meses y necesitaba que alguien lo cuidara. Y esa era yo", relata Ana.

Esta vecina de Cádiz asegura que siguió cumpliendo con todos los requisitos que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz le ponían encima de la mesa: "Me dijeron que inscribiese al chiquillo en una guardería. Y así lo hice. También me recomendaron que cambiase de vivienda y me mudase a otra más grande. Y también lo hice. Yo siempre he estado por la labor de asumir cualquier exigencia con tal de quedarme con mi niño". Con todas menos con una. Ana "jamás" iba a entregar a su nieto a la Junta. "Yo no te voy a perder", le decía a su pequeño que, sin entender ni media palabra de lo que decía su abuela, parecía, sin embargo, comprenderla mientras la abrazaba.

Y llegó el día del juicio. Ana afirma que tuvo que escuchar acusaciones en su contra muy dolorosas. "Lo peor fue cuando me dijeron que como yo había criado a un hijo yonqui, igual mi nieto también podía acabar en la droga". Respecto a este asunto, la juez del caso incluso se ha pronunciado: "No se puede imputar a una madre la drogadicción de uno de sus tres hijos". De hecho, la magistrada detalla que los otros dos hijos de Ana "desarrollan una vida normal", siendo uno de ellos universitario.

Después de la vista oral llegó la sentencia, una resolución judicial que, en esencia, viene a decir que, aunque Ana no actuó correctamente desoyendo a la Junta, lo hizo porque era lo mejor para el interés del niño y por eso merece seguir con él.

El padre del pequeño está ingresado actualmente en un centro de deshabituación en Málaga, Arpom, y ya goza de un régimen semiabierto para ver a su hijo. La madre del menor, también ex toxicómana, se encuentra igualmente en fase de rehabilitación. Ambos están totalmente de acuerdo con que Ana se encargue de la educación y los cuidados de su hijo mientras ellos intentan recuperarse al 100%. Tanto es así que la pareja ha manifestado su expreso deseo de solicitar la custodia compartida con la abuela paterna.

Hoy Ana se siente libre por fin. Está pletórica y feliz, la alegría rebosa en su cara. Pasea relajada por las calles ya calurosas de La Viña mientras recuerda que el verano pasado remojaba a su nieto dentro de una pequeña bañera en su casa clandestina, porque no se atrevía a llevarlo a la playa ("vaya a ser que me lo fueran a quitar", reconoce la mujer aún con cierta angustia).

La batalla legal continúa. Ana tiene por delante un juicio por la vía de lo Penal. Junta y Fiscalía la acusan de un delito de sustracción de menores y piden para ella año y medio de prisión. "Seguiré luchando por mi niño". Y suspira.