La mitad de los demandantes de un piso público en Cádiz no quiere una casa en alquiler

En pleno debate sobre el problema de la vivienda en Cádiz y la necesidad de poner en marcha promociones con pisos de alquiler social, los datos que se reflejan en el Registro de Demandantes de Procasa, aportan una realidad que junto a reconocer este déficit también deja claro el interés por tener una vivienda de propiedad.

Hoy este registro alcanza unos 5.900 demandantes. Es una cifra muy elevada, que se renueva cada poco tiempo, y que incluye a todas las personas que, con una situación económica muy limitada, reclaman una vivienda.

De esta cifra, hay 2.674 demandantes que están en condiciones de adquirir una vivienda. Rozando la mitad del total. No tienen ingresos para acudir al mercado de renta libre, pero sí para comprar una casa de protección oficial y huyen de la posibilidad de una casa de alquiler. Y de esta cifra, 1.505 son demandantes con menos de 35 años de edad.

Este dato concreto forma parte de un análisis del mercado inmobiliario público que ha realizado la concejalía de Vivienda, destaca la edil de este área, Ana Sanjuán en una entrevista con este diario.

“Cuando llegamos al gobierno vimos la necesidad de realizar un análisis de la vivienda en la ciudad, de la disponibilidad de suelo, de los espacios donde se puede construir y del perfil de las personas que demandan una vivienda social”, indica la concejala. Un perfil que se considera muy relevante a la hora de fijar los planes de actuación del gobierno local en materia de vivienda.

“Desde el primer momento, el alcalde Bruno García ha dejado claro que la vivienda es la gran prioridad de la ciudad. En este sentido, dedicamos 10 millones de euros del remanente de tesorería para la construcción de un centenar de nuevas viviendas, en un plan que se va a ir materializando de aquí a dos años”. Viviendas que en un 88% se destinarán a alquiler, quedando la promoción de García de Sola para la venta de vivienda protegida para jóvenes.

Destaca Sanjuán que el 40% de los actuales demandantes de pisos tienen algún grado de discapacidad. Un 25% de los 5.900 tiene menos de 35 años de edad, mientras que el 24% ya ha pasado de los 65 años.

El Ayuntamiento de Cádiz gestiona actualmente un parque de 2.101 viviendas, incluyendo algunas de la Junta. Conforman 199 edificios, aunque el gran núcleo se concentra en el barrio de Guillén Moreno, que dispone del 30% de estas dos mil viviendas.

El análisis de estas residencias resalta que hay un elevado número de casas que, por su antigüedad, no cumplen con la eficiencia energética y tienen graves problemas de accesibilidad. Un ejemplo lo pone Sanjuán en el mismo Guillén Moreno, donde hay residentes en silla de rueda que no pueden salir a la calle por la inexistencia de un salva escaleras que funcione en condiciones, aunque se destaca que se va a instalar uno nuevo.

El Ayuntamiento ya tiene en marcha el primer plan de rehabilitación interior de viviendas, con un millón de euros de fondos, que se repetirá año tras año. Esta primera fase afecta a 160 familias, que en los próximos meses verán mejoradas de forma sustancial su calidad habitacional, desde la renovación de los aseos al cambio de ventanas o mejora de la accesibilidad.

Es fundamental impulsar proyectos que satisfagan a todas estas necesidades ciudadanas, se indica desde la concejalía. 

Lamenta la edil el abandono de la promoción de vivienda pública durante los dos mandatos de José María González como alcalde. “En su primera etapa no se construyó ni una vivienda, y en los cuatro últimas años fueron 63. Con tantos miles de demandantes no es ni de lejos una cifra suficiente. Es complicado construir viviendas para los 5.900 demandantes, pero lo peor es construir apenas 63”.

Los problemas para nuevas promociones

A la vez, se resalta que cuando se accedió al gobierno año y medio “nos encontramos con un intento de cambio de las funciones de Procasa, pues se quería que se encargase también de la atención a domicilio. Esta medida bloqueaba la posibilidad de adquirir suelo, como estaba previsto en Sagasta, Pericón y Calderón de la Barca. Nosotros impedimos el cambio del objeto social de Procasa, pues está claro que su función es la de construir viviendas”.

Otro piedra en el camino fue la de la precariedad de la plantilla de esta sociedad municipal, que se repite en todos los departamentos del Ayuntamiento. Y, también, el envejecimiento de los trabajadores muchos ya al filo de la jubilación.

“Nos encontramos con solo dos arquitectos, para un departamento que debía de tener cinco, ya que la consigna del anterior gobierno era la de “no vamos a construir”.

A los proyectos de Sagasta, Pericón de Cádiz y Calderón de la Barca se les han unido planes municipales en Marconi, García de Sola, 22 y dos fincas en San Juan Bautista de La Salle. 

Pone en evidencia Ana Sanjuán que en el anterior periodo de gobierno de González “ha habido dejadez y falta de visión de futuro”. Y pone como ejemplo la paralización de compra de fincas en intramuros mediante la expropiación de las mismas, como sí se hizo en la etapa de Teófila Martínez y que ahora quiere activar Bruno García.

“Este es un proceso lento en el que se tardan años y que podría ir ya adelantando”, indica la edil, que a su vez lamenta no haberse encontrado con proyectos básicos ya realizados en algunos de los planes anunciados en la anterior etapa. “Si se hubiese realizado este trabajo podríamos haber accedido a diversas ayudas. Eso nos pasó con Marconi, que al final sí hemos logrado gracias a nuestro esfuerzo”.