Multas de hasta 120.000 euros por las construcciones de casas ilegales en la provincia de Cádiz

La consejería de Fomento de la Junta ha incrementado en las últimas semanas las operaciones contra la proliferación de edificaciones ilegales en Cádiz. Aunque éstas se levantan por toda Andalucía, abundan más en poblaciones de la costa con espacio suficiente para la construcción de estas casas sin control público, como pasa en la provincia de Cádiz.

La actuación de Fomento se apoya ahora en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). La nueva norma contiene las “herramientas necesarias para poner freno a la proliferación de edificaciones ilegales. Este nuevo marco normativo contiene novedades y mejoras en relación con el régimen cautelar, obligando, por ejemplo, al precinto y suspensión de toda obra ilegal de forma rápida y ágil”, se destaca desde la Consejería.

Junto a esta estricta actuación, también la administración dispone ahora de la posibilidad de imponer importantes multas y sanciones para quien incumplan estas medidas, y sanciona, en el caso de las parcelaciones urbanísticas, no sólo al parcelador, sino a quien adquiera una cuota o a los que en el ejercicio de sus profesiones colaboren para que se produzca la parcelación. 

Las multas pueden oscilar entre 30.000 y 120.000 euros

Y no se queda ahí el plan de actuación: también se abre la posibilidad de “aprobar sanciones a las empresas de edificaciones prefabricadas que las vendan o instalen sin exigir la licencia urbanística municipal”.

Junto a todo esto, la consejería tiene claro que es necesario contar con la colaboración directa de los ayuntamientos. 

“Resulta fundamental la participación activa de los Ayuntamientos y el ejercicio eficaz de sus competencias en materia de disciplina urbanística. A diferencia de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos resultan competentes para actuar frente a cualquier infracción urbanística con independencia de su gravedad. Además, son la administración más cercana al ciudadano, y pueden detectar de manera más rápida las infracciones urbanísticas en su territorio” .

Se cuentan por miles, pero no hay una cifra clara sobre el número de edificaciones ilegales. Además, ahora se extiende el problema con las viviendas prefabricadas, o incluso las móviles, que complican el control de los inspectores públicos. También se resalta “la alta rentabilidad que algunos propietarios obtienen al alquilar clandestinamente alguna de estas edificaciones con destino vacacional”.

Lo cierto es que el incremento de actuaciones por parte de la Junta ha permitido precintar 300 viviendas en los dos últimos meses. Aunque es un dato andaluz, la gran mayoría se han concentrado en La Línea, Chiclana, Paterna, Barbate y Sanlúcar.

El último diagnóstico aproximativo del número de viviendas ilegales en suelo rústico en Andalucía lo realizó la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el año 2019, calculándose en unas 300.000 en toda la región. En ese momento se pusieron en marcha una serie de medidas (refuerzo y reorganización de la Inspección, cambios normativos, etc) para poner freno a este problema.

Refuerzo del control con drones

La consejería de Fomento ha adoptado medidas de refuerzo del personal y, de la mano de la LISTA, se ha creado el cuerpo de subinspectores. “En el ámbito autonómico contamos, además, con una excelente relación con la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autonómica, que constantemente colabora con la Inspección”. Gracias a estas políticas, se ha alcanzado una cifra récord en el número de parcelas y edificaciones que han sido objeto de expedientes de disciplina territorial: 462 en el año 2022 y 450 en el año 2023.

Con ello, se ha multiplicado por 12 el número de parcelas y edificaciones objeto de expedientes de restauración de la legalidad si se compara con 2018. Esta misma política de refuerzo de la inspección habría de adoptarse por los ayuntamientos en colaboración con las Diputaciones Provinciales.

“Para la consejería de Fomento la política respecto a problema es clara: que se cumpla la ley. El urbanismo ilegal en suelo rústico provoca graves problemas sociales y ambientales, y compromete el desarrollo futuro de nuestras ciudades. Estos problemas van desde la contaminación y agotamiento de los acuíferos, hasta problemas de seguridad y salubridad provocados por la falta de acceso a servicios de emergencia o incendios provocados por la mala calidad de los elementos constructivos empleados. Además, provoca situaciones muy injustas, ya que quien construye ilegalmente no paga ningún impuesto ni ninguna carga urbanística, a diferencia de quien lo hace legalmente”.

La actuación contundente de la administración regional y de las fuerzas de orden, no evita que en determinados puntos de nuestra geografía sigan levantándose estas construcciones ilegales. Cada vez son menos, pero el problema persiste. En este sentido, la Junta destaca que “aunque el dato de nuevas parcelaciones sigue siendo alto, se percibe una mayor sensibilidad social frente al fenómeno, plasmado en un mayor número de denuncias ciudadanas. A la detección de estas nuevas infracciones ayuda el uso de drones y la reciente utilización por la Inspección autonómica de un servicio pionero basado en un software para la detección de cambios en el territorio a partir de imágenes satélite”.