La municipalización en Cádiz sigue embarrancada en las playas

Cádiz/Octubre de 2016. En el número 148 de la revista Viento Sur, el alcalde de Cádiz, José María González, y Demetrio Quirós, entonces asesor del Gabinete de Alcaldía, publicaban un artículo titulado El Ayuntamiento de Cádiz ante el reto de la municipalización de servicios, en el que explicaban los objetivos y las dificultades del proceso.

El artículo arrancaba así: “Octubre de 2013. Cuarenta y cinco mujeres se preparan para pasar una jornada de convivencia en los locales de una asociación de vecinos. Decenas de amigos y compañeras las acompañan. Han sido condenadas a dos días de arresto domiciliario, que han decidido cumplir juntas, tras ser expulsadas de un pleno municipal, dos años atrás, por pedir lo que les corresponde: el cobro de sus nóminas. Trabajan en la limpieza de los colegios públicos, contratadas por la empresa a la que el Ayuntamiento le adjudicó el servicio. Una de ellas forma hoy parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz”.

Finales de febrero de 2020. Esas mismas limpiadoras y trabajadores, que además de los colegios también mantienen las instalaciones deportivas y las propias dependencias municipales, después de meses de protestas –afortunadamente sin consecuencias judiciales–, continúan sin cobrar parte de sus salarios: los de Deportes, la paga extra de diciembre y 23 días de enero y los demás, 13 días del mes pasado. El viernes tuvieron un Sercla y no se presentó ningún representante ni de Expertus, la empresa saliente, ni de Cointer, la entrante.

Después de mediar ante Expertus y Cointer y conseguir que se pague solo una parte de la deuda, el equipo de Gobierno anuncia que está estudiando fórmulas para que esa situación no vuelva a producirse y que, entre ellas, baraja la posibilidad de municipalizar el servicio.

"No sólo se abaratan costes y se mejora, como ha quedado demostrado con la remunicipalización de los servicios de playas, sino que también se ofrece mayor estabilidad laboral y unas condiciones mucho más dignas para los trabajadores, algo que es una prioridad para el equipo de gobierno”, decían en un comunicado.

Pero la única ayuda económica directa que les ha llegado desde San Juan de Dios a estos trabajadores es la donación del 50% del sueldo del alcalde, que, por cierto, percibe de Diputación. Un gesto encomiable, como todas sus donaciones, pero a todas luces insuficiente para paliar el daño que estaba produciendo en sus casas el impago de tres nóminas.

Municipalización, remunicipalización e internalización frente a externalización, privatización o liberalización de servicios públicos ha sido y sigue siendo la bandera que en su programa y discurso enarbola un equipo de Gobierno que en cuatro años y siete meses al frente del Ayuntamiento sólo ha logrado efectivamente la de los servicios de playas. Limpieza, socorrismo y mantenimiento de módulos están desde hace meses en manos de pleno derecho de la sociedad municipal Cádiz 2000, después de un tortuoso proceso de negociación y judicial.

Sin embargo, este no fue el primer servicio que se comprometió a rescatar de manos privadas el equipo de Gobierno de González. En noviembre de 2016, el Pleno aprobaba la municipalización del servicio de información turística, a instancias del propio Ejecutivo local. Más de tres años después, sus trabajadoras siguen demandando una solución a la situación de precariedad laboral en la que viven, con una huelga en ciernes, “que no aportará la solución”, según opina públicamente el Gobierno municipal. De momento, ni rastro de compromiso de cumplimiento del acuerdo plenario.

En definitiva, en 55 meses de “gobierno del cambio” en Cádiz sólo se han remunicipalizado tres de los 25 servicios municipales externalizados que González y Quirós contabilizaban en octubre de 2016, a los que se siguen añadiendo “los que gestionan las empresas públicas municipales y organismos autónomos y que son contratados finalmente con empresas externas”.

“Parques y jardines, asistencia domiciliaria, la limpieza de las mismas dependencias municipales, el mantenimiento urbano, la recogida de basuras y el transporte urbano siguen en manos privadas, cuando en casi todos los casos habían sido asumidas por las delegaciones municipales, con personal municipal”, decían en 2016 González y el hoy primer teniente de alcalde y concejal de Personal. Así continúan en 2020.

A los servicios públicos de gestión puramente privada que persisten se suman otros que el equipo de Gobierno no considera externalizaciones en tanto que, "o no existían, o ya estaban en manos de contratas", según respuesta a este periódico. Es el caso, por ejemplo, de la reciente adjudicación a la Fundación Atenea de todos los recursos de atención a las personas sin hogar, empezando por el nuevo centro de alta tolerancia denominado Hogar Fermín Salvochea y el también nuevo equipo de calle, además del antiguo albergue municipal.

Desde el Ayuntamiento se alega que “la legislación vigente impone varias limitaciones en la contratación de nuevo personal para la puesta en marcha de nuevos servicios municipales. Como no se permite ampliar plantilla para atenderlos, la única vía posible es la contratación de esos servicios para los que la legislación, en este caso, no pone impedimento alguno”.

Atasco de planes

Parece ser que bajo la bandera de la municipalización, los planes del equipo de Gobierno se atascan hoy en los servicios de playas. Veamos que análisis hacen desde la representación de los trabajadores municipales. Para Manuel Bienvenido, secretario general de Autonomía Obrera (AO), sindicato mayoritario en la Junta de Personal, el más crítico con el Gobierno local y el más prolijo en sus explicaciones, “el equipo de Gobierno está perdiendo una oportunidad de oro para cumplir con lo que se comprometió en su programa electoral, porque no están haciendo absolutamente nada”.

“Prometieron suprimir la precariedad laboral, sobre todo del personal de servicios muy feminizados, como el de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales, un colectivo al que se le prometió la municipalización y la mejora de condiciones laborales. A día de hoy, no solo no se ha municipalizado, sino que la externalización ha provocado problemas graves como el generado por la empresa Expertus. Y es un suma y sigue. Tuvieron la oportunidad de asumir el servicio a través de una sociedad municipal –son pliegos en los que el 90% es salario–, pero tomaron la vía del pliego de emergencias”.

Bienvenido entiende que para afrontar la municipalización de servicios públicos, “primero tiene que haber voluntad política, y hasta ahora ni siquiera lo han planteado en esta legislatura. Sacaron adelante la de playas, donde podía haber más problemas, con tres colectivos, con tres convenios ¿Por qué no siguen las mismas pautas?”, se pregunta. “En cualquier caso, las limpiadoras de playas, bajo la gestión municipal, todavía están cobrando menos que las de colegios y de dependencias municipales e instalaciones deportivas”, puntualiza.

“Nuestra propuesta es que con estas trabajadoras –son 180– se siga el procedimiento que se ha seguido con los trabajadores de los servicios de playas. Reconocen que es un personal muy feminizado y precarizado. Y aún así, han optado por mantener la externalización”, denuncia Manuel Bienvenido.

Delegación de Cultura

Pero ¿hay otros casos? “La información turística era un servicio cien por cien municipal –recuerda Bienvenido–. Y está por salir un pliego nuevo, cuando parece ser que hay cesión ilegal de trabajadores. En Cultura pasa lo mismo. Cuando podían optar por la municipalización a través de la Fundación Municipal de Cultura, o en su defecto, a través de la Delegación, optan por la privatización”.

“En la Central Lechera está externalizado el servicio de luminotecnia, cuando tenemos personal de escena en el Teatro Falla, que con ampliar las bolsas de electricistas y carpinteros se podía haber cubierto. Lo mismo pasa con el Teatro del Títere. Estamos hablando de una carga de trabajo suficiente como para cubrirla con bolsas de trabajo, pero optan por sacar pliegos menores. Y si no hay bolsa de trabajo, ábrala”, insiste Manuel Segura, representante también del sindicato.

Mantenimiento urbano

“En Mantenimiento urbano es una barbaridad lo que se está haciendo. Hay más privatización que con el PP. Lo lleva todo Martín Casillas. Ha habido ampliación de servicios y se le ha vuelto adjudicar. Hay problemas de fiscalización con esa empresa. Hemos pedido que nos den datos de facturación y hemos tenido que recurrir a la Junta”, explica Bienvenido. “

"Mantenimiento está al cien por cien privatizado. Un gobierno de izquierdas está potenciando maliciosamente, en contra de los funcionarios públicos, a una empresa privada. Martín Casillas ha ampliado sus tentáculos en el Ayuntamiento de Cádiz en detrimento de trabajadores funcionarios y laborales, que son continuamente despreciados por la dirección. En Mantenimiento urbano, un gobierno de izquierdas sacaría bolsas de trabajo de peones, albañiles, fontaneros, electricistas...”

Autonomía Obrera tampoco considera correcta la subcontratación a dos fundaciones de dos lanzaderas de empleo por parte del Instituto de Fomento, Empleo y Formación. “El IFEF tiene dependencias propias, NIF propio y puede llevara cabo contrataciones, que, por cierto, tuvimos que denunciar porque los trabajadores estaban en fraude de ley. A día de hoy son indefinidos sin plaza propia. Luego está la paradoja de que mientras venden planes de empleo, las limpiadoras también dejan de cobrar más de un mes, contratadas por una empresa privada. Tampoco es normal que Cádiz 2012 tenga la encomienda de las Puertas de Tierra, que no esté haciendo nada, y que trabajadores municipales tengan prohibido llevar su mantenimiento”.

Deportes

“Hay una mala herencia de gestión, pero es que en Deportes no se ha hecho absolutamente nada en cinco años. Y salvo el Ciudad de Cádiz y el Polideportivo del Centro Histórico, está todo externalizado. Y han sido incapaces de sacar los pliegos, que llevan años caducados y sin ningún tipo de fiscalización. Son cinco o seis empresas”.

En cualquier caso, AO no solo defiende la municipalización los servicios públicos, sino también la dignificación en los pliegos de las condiciones labores de los trabajadores externalizados. “La herencia, la conocemos, la deuda, la sabemos, pero hay que gestionar ya, y eso no se está haciendo. Están haciendo políticas de escaparate, cuando el Ayuntamiento debía de ser una fuerza solucionadora de las necesidades de los ciudadanos mediante la creación de empleo”.

Para CCOO, lo más urgente es cumplir con el compromiso de municipalización de las informadoras turísticas, pero también defienden el rescate de servicios que se dan a la propia administración, como el de la limpieza de dependencias municipales, colegios públicos e instalaciones deportivas. A esto añaden la necesidad de dignificar las condiciones laborales en todas las contratas. “A las trabajadoras de información turística, que son la cara amable de la ciudad para el visitante, se les prometió hace años; son solo siete, y ya trabajan en infraestructuras que son propiedad municipal”, comenta Carmen Lucena, secretaria de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento.

En la Federación de Empleados Servicios Públicos de UGT Cádiz entienden que “la municipalización redunda siempre en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, pero también en la calidad del servicio al ciudadano, con independencia de que haya servicios externalizados que funcionen bien”, dice su secretario general, José Porras. “Pero una cosa es predicar y otra es dar trigo; se ha vendido mucho humo; por eso le pedimos al alcalde y a su equipo de gobierno que demuestren que son capaces de hacer lo que dicen que van a hacer”.

Sin embargo, no todos los sindicatos con representación en la Junta de Personal son partidarios de la municipalización generalizada de los servicios públicos. Desde el Sindicato de Policía Local (SPL), Francisco Ramas, advierte que si bien se mostraron partidarios de la municipalización de los servicios de playas, siempre hay que cumplir con los criterios de sostenibilidad económica y eficiencia y con los procesos de selección de personal que imponen la legislación vigente y los informes de Intervención.