Náutica en Cádiz, el anticipo a las políticas de vivienda del PP

El Partido Popular suscribió este domingo un acuerdo por el que pretende poner en marcha nuevas medidas para la promoción de vivienda en las comunidades autónomas que gobiernan. Un impulso al acceso a la vivienda que tuvo la pasada semana un anticipo en la ciudad de Cádiz.

De este modo, el plan anunciado por el alcalde de la ciudad, Bruno García, y la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, para el edificio de Náutica queda refrendado o avalado en ese acuerdo popular de medidas a ejecutar en los gobiernos autonómicos liderados por el PP (caso de Andalucía).

La primera de esas medidas, enmarcadas dentro de lo que el PP ha denominado la Declaración de Asturias, es "movilizar suelo público, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda pública, social y asequible, en alquiler o en propiedad". Más en concreto, ahondando en esta cuestión, plantea el PP "movilizar parcelas de titularidad pública de carácter dotacional que los planeamientos hubieran destinado a dotaciones y equipamientos y que no hayan cumplido dicha función, lleven tiempo vacantes y puedan servir también a una finalidad pública como es incrementar la oferta de vivienda asequible".

En ambos casos, la operación de Náutica quedaría avalada por estas nuevas políticas anunciadas por el PP el domingo, ya que con la enajenación del edificio que pretende la Junta se estaría movilizando ese suelo para la construcción de vivienda; algo que además defenderían los populares en ese planteamiento de que el suelo dotacional que sigue siendo hoy Náutica no ha cumplido con esa función y lleva tiempo vacante, por lo que puede abrirse a ese nuevo uso residencial propuesto.

Eso sí, en la Declaración de Asturias se habla en todo momento de vivienda "asequible", "pública", o de "alquiler social", sin mencionar el mercado libre al que sí estarían mirando Junta y Ayuntamiento para el edificio de Náutica, donde plantean una operación similar a la de Navalips; es decir, que el 50% de las viviendas resultantes sean libre y el otro 50% protegida.

Otras viviendas en Cádiz

En este camino que quiere abrir el PP a través de las autonomías que están bajo su gobierno podría incluirse también la operación prevista para Tolosa Latour y para la finca de la calle Marqués de Valdeíñigo. En ambos casos, el uso dotacional que tienen en la actualidad se va a modificar en el PGOU por el de residencial, favoreciendo así la construcción de alrededor de 200 nuevas viviendas (180 que se estiman pueden levantarse en el solar que iba a ir destinado a Ciudad de la Justicia y otras 20 en la céntrica finca que hace esquina con la calle San Francisco).

De algún modo, la Junta también se ha adelantado a esta propuesta popular en la operación que culminó hace unos meses con la enajenación del solar de Puntales donde se van a construir más de 200 viviendas a precios limitados, dando así salida a una de las propiedades que no conseguía desarrollar el gobierno autonómico en Cádiz y favoreciendo, al mismo tiempo, soluciones al problema de vivienda en la ciudad.

Cabe esperar a partir de ahora algún movimiento más que en este sentido pueda anunciar la Junta de Andalucía, destinando a vivienda suelos -"patrimoniales o demaniales", advierte el partido en el acuerdo alcanzado entre sus miembros- que a día de hoy tengan otros usos dispuestos en la ciudad.

El resto de medidas

Conviene recordar que además del fomento de nuevos suelos para la construcción de viviendas, el PP también plantea "flexibilizar el marco regulatorio para la construcción de VPO, públicas y privadas", planteando incentivos para constructores y promotores que favorezcan las promociones de vivienda protegida; facilitar el acceso a la hipoteca a los menores de 40 años; aligerar las cargas impositivas vinculadas a la vivienda y promover incentivos fiscales, especialmente para "jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, municipios con riesgo de despoblación, cascos históricos y núcleos rurales"; agilizar las tramitaciones urbanísticas; facilitar las acciones de rehabilitación de edificios; y promover una variación en las leyes para reformar la Ley del Suelo, derogar la Ley de Vivienda y sacar adelante la Ley contra la Ocupación ilegal.

Todas ellas son medidas que el PP quiere poner en marcha en las comunidades donde gobierna, como Andalucía, y que pudieran tener algún efecto directo en Cádiz capital.