"Nos mandan a trabajar con dolores y depresión, medicadas con morfina", denuncian las auxiliares de ayuda a domicilio en Cádiz

Con una mano inutilizada, con serias lesiones en la espalda, en los hombros y en los pies, después de graves caídas por las escaleras, medicadas con morfina y con un sinfín de fármacos y atrapadas por la depresión. Sin que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) les reconozca patologías graves, algunas causantes de invalidez. Dadas de alta incluso cuando ha empeorado su salud respecto al momento en que les dieron la baja laboral. Con la denegación de incapacidades que les fueron concedidas. Sin que se atiendan sus reclamaciones y sin poder defenderse. Así relatan que acuden a atender a las personas dependientes las trabajadores de la contrata concesionaria del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Cádiz. Cuatro de ellas contaron públicamente ayer el infierno laboral, económico, de enfermedad y vital que están viviendo. Lo hicieron respaldadas por José Luis Moreda, presidente del Sindicato de Contratas y Servicios Públicos (SSP), de la abogada laboralista Marina Escobar y de José Martínez, graduado en Relaciones Labores, ex delegado sindical y especializado en Seguridad Social, en la Asociación de la Prensa ante periodistas de varios medios.

"Queremos denunciar públicamente el trato que se les está dando a estas trabajadoras, tanto en Cádiz como en El Puerto de Santa María, tanto por parte de la empresa para la que trabajan, como por parte del INSS, como por parte de las mutuas. La situación es insostenible para estas trabajadoras. Pero mejor, que sean ellas las que les cuenten su experiencia", introdujo José Luis Moreda.

A trabajar con un andador

Purificación Vázquez fue la primera: "En 2018 me fracturé la muñeca y estuve con la mutua un año. Me dieron el alta tres veces y llegue a ir hasta Barcelona. Como la mutua no me operó la mano se me quedó con secuelas. Me mandaron a trabajar. Estuve trabajando un día y me tuve que dar de baja al día siguiente porque iba con una capsulitis en el hombro derivada de la misma lesión de la mano. A los cuatro meses la mutua propone mi alta a la empresa sin mirarme y sin saber nada de mí, porque esa baja fue de contingencia común. Tuve que ir a trabajar teniendo la mano más lesionada que cuando entré. A los cuatro meses tuve un accidente con una usuaria. En un paseo nos caímos las dos, porque ella sufría desmayos. Me partí los dos pies: el calcáneo y el maleolar [talón y tobillo]. A los dos años me dan otra vez lesiones permanentes no invalidantes, que ya me la dieron por la mano. Ahora también por los dos pies. Me mandan a trabajar con un andador. Voy a la médica de cabecera, le cuento que me mandan a trabajar, que me duele la mano, que estuve yendo a Urgencias, pero me dicen que me den de baja por la mano.

"Seis años llevo de baja. Dos años esperando que me operen de la mano y dos años esperando la Unidad del Dolor. Económicamente ha sido un caos en mi casa. Si ya ganamos poco en ayuda a domicilio, con una baja de contingencia común durante dos años, ya os podéis imaginar. Yo necesito que me ayuden en las tareas de la casa y hay día que necesito que me ayuden hasta a vestirme, porque sufro por la mano, los pies, los hombros, las vértebras y porque tengo muy pocas ganas de vivir, porque ni duermo. La Seguridad Social me ha rechazado tres veces la incapacidad permanente. Ellos dicen que son lesiones no invalidantes y cada vez que voy a la Seguridad Social, los médicos que me ven que no tienen culpa de lo que me dicen en el INSS y en el INSS me dicen que son sus informes los que dictan lo que tienen que hacer ellos. Y en los informes omiten la palabra Südeck [un síndrome de dolor regional complejo] que es lo que me daría la incapacidad, que fue por lo que fui a Barcelona, donde me lo diagnosticaron, porque no cierro la mano, pero no me reconocen lo que tengo. Verbalmente, sí, pero no en un informe". Purificación muestra una foto de un mes antes de la lesión de la mano en la que aparece con un aspecto muy saludable. "Ahora no puedo ni con mi alma".

Retirada de una incapacidad permanente total sin revisión

Isabel García Mena: "Llevo en Domusvi desde 2009. En 2021 empiezo con unos dolores a nivel pélvico, de sacro, de glúteos. Se me generó una parestesia en ambas piernas, me afecta a la vejiga de la orina. Entonces me dan la incapacidad temporal. Esto me impone limitaciones: no puedo estar mucho tiempo andando, no puedo hacer largas caminatas, no puedo estar mucho tiempo de pie, como mejor estoy es acostada, porque así no tengo tanto dolor. Estuve un año y medio con esa incapacidad temporal y el INSS me da el alta sin mirarme y tengo que incorporarme a trabajar. En un traslado de un domicilio a otro la pierna derecha no me responde y me caigo al suelo debido a la parestesia de ambas piernas. Me llevaron en ambulancia al Puerta del Mar. Pensaron que era un ictus, pero no, era la patología que tengo. Se le pide al INSS que me prolongue la baja por recaída. Mi médico de cabecera hace un informe en el que recoge lo que padezco, la medicación que estoy tomando y que no puedo trabajar. El INSS me da la baja por recaída y a los seis meses se me propone para una incapacidad y me dan una incapacidad permanente total".

"Después de un año sigo igual, no se me hacen más pruebas ni estudios y el INSS, de buenas a primeras, sin verme, me da el alta. Me cita dos veces por teléfono pero a continuación me llaman para decirme que la inspectora no puede verme, que está de baja, que ya me llamarán. Entonces recibo una notificación comunicándome que me han quitado la incapacidad. Mi situación es la misma que cuando me dieron la incapacidad: la misma patología, no tengo mejoría y, además, se me han agravado ciertas patologías más que tengo en estudio. Entonces lo único que me queda es incorporarme al trabajo, con unas limitaciones que me impone la unidad de prevención de la empresa, que no son tales limitaciones: me dicen que vaya a casa del usuario y que le explique que hay ciertas cosas que no puedes hacer, cuando el usuario necesita que vayas a ayudarlo, no que no puedes bañarlo o hacer ciertas cosas. Esto es una manera de denunciar lo que están haciendo con nosotras, cómo nos mandan a trabajar de maneras que nos son humanas, con montones de patologías y con miedo a no saber cómo vamos a salir de esto ni cómo vamos a terminar, porque terminaremos muchísimo peor. Estamos muy medicadas, la mayoría tomamos morfina y así no se puede trabajar. Y vemos que el sistema de una manera que le importa muy poco cómo estamos las trabajadoras de ayuda a domicilio".

Tres meses sin cobrar y no hay sanción para la empresa

Encarnación Jiménez: "Trabajo desde el año 2008. A principios de 2021 tuve un accidente laboral en el que me lesioné el hombro izquierdo. La mutua me dio el alta a los 25 días. A los pocos días recaí. Me dieron la baja durante otro mes. Volví a trabajar con dolores, con medicación, como tantas otras compañeras. En agosto de 2021 vuelvo a tener otro accidente laboral en el que se me agrava la lesión del hombro. Me dieron la baja por incapacidad temporal. Duró más de un año y medio. Durante esta baja, la mutua me dio el alta tres veces con tan mala suerte que cuando fui a entregar en la empresa la tercera impugnación del alta de la mutua me caigo por las escaleras, me fracturo vértebra dorsal, coxis, con todo lo que eso conlleva. A raíz de esto, padezco nuevas patologías, vértigo, inestabilidad, tuve que estar meses con corsé. A los 545 días me tuvieron que operar del brazo. El INSS me abre un expediente de incapacidad permanente que se cierra haciendo caso a pies juntillas a la mutua: lesiones permanentes no invalidantes: 800 euros por las secuelas del hombro, y a trabajar. El médico de cabecera me da una baja por mis problemas de columna. En marzo me había prescrito la ayuda del andador ortopédico para desplazarme. Esta baja ha durado un año. Y en el INSS me abren otro expediente que se cierra igualmente: denegándome la incapacidad. Me tengo que incorporar a trabajar con el andador, desplazándome como puedo de domicilio a domicilio, que cuando los usuarios me veían llegar, se llevaban las manos a la cabeza".

"Esto es muy cruel para mí, que lo he sufrido y para los usuarios. No es justo. En noviembre de 2024 todo esto me lleva a una depresión grandísima. El médico de cabecera emite entonces una nueva baja porque así lo aconsejaba el informe de salud mental. El INSS ha tardado tres meses en pronunciarse sobre si mi baja era válida. En ese tiempo, tanto la empresa como la mutua me han tenido sin cobrar, porque decían que mi baja no era válida. Al final resuelve que mi baja es por recaída del problema anterior, el de columna. He denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante el INSS el incumplimiento de la ley por parte de la empresa y de la mutua, porque lo que han hecho es ilegal. Pero ni el INSS ni la Inspección de Trabajo han sancionado ni a la empresa ni la mutua. Estamos totalmente desprotegidas. Y si ya es cruel perder tu salud y tu calidad de vida, igual de cruel es hacernos pasar por todo esto. Es totalmente injusto. Gracias al sindicato por defendernos".

Dolores Bautista: "Me dieron la primera baja en 2018. Tengo afectados los dos hombros y la espalda. Tanto el médico de cabecera como desde la mutua me han pedido la incapacidad permanente, pero la ha denegado el INSS. Y estoy trabajando, tomando morfina, con muchísimos dolores. Quisiera hacer hincapié en pedir que cuando fuéramos al INSS nos trataran como personas normales, porque lo pasé muy mal. Alguien llegó a decirme que el país está así de mal por mi culpa, por ser una vaga y una inútil. Así no nos deben de tratar. Lo pasé muy mal. Estamos llenas de dolores, con depresiones, tomando morfina, no pudiendo ni levantarnos de la cama muchos días y trabajando".

Causas y posibles soluciones

José Martínez apunta causas y soluciones a esta situación ."Las trabajadoras que están aquí son cuatro pero hay muchas más, porque esto es un sector en crecimiento en toda la provincia. Hay problemas de procedimiento que se dan tanto en el momento de las solicitudes o de las determinaciones de incapacidad permanente como a nivel de las reclamaciones previas".

"En el campo de las solicitudes que presentan las trabajadoras, el principal problema es que los inspectores e inspectoras que les atienden en el INSS no tienen la suficiente preparación en todas las patologías que ellas presentan. Son médicos, pero no conocen todos sus problemas de salud. Ni tampoco conocen la valoración de los puestos de trabajo: cómo se caracterizan y qué funciones se ejecutan. Eso dificulta la valoración inicial de la situación de estas trabajadoras, por no hablar de los condicionantes económicos que puedan existir dentro del INSS".

"Por otro lado , en las entrevistas, en las consultas que se les hacen parece que la persona entrevistada fuera casi, casi un delincuente, un defraudador, una defraudadora, algo absolutamente lamentable. A las trabajadoras no se les permite entrar con acompañante y no se puede grabar. Es una indefensión absoluta. Las revisiones son a veces notablemente superficiales. No se permite dejar información, aduciendo que ya se tiene, aunque no sea así".

"Cuando se les deniega la solicitud de incapacidad permanente hay que hacer una reclamación previa, que es la fase que antecede la presentación de una demanda en los juzgados de lo social. Esa fase tiene por finalidad que la propia administración revise lo que con anterioridad ha hecho. No recuerdo cuándo nos han aceptado una reclamación previa. Prácticamente todas resultan rechazadas, a pesar de lo fundamentadas que van. Porque las resuelve la misma instancia que ha denegado antes la solicitud. Esta fase es fundamental para desahogar los juzgados".

José Martínez apunta que "hace falta más empatía en las administraciones, también en la Dirección Provincial del INSS en Cádiz, que está dirigida por una mujer, al igual que la Subdelegación del Gobierno. Es lamentable que en este tipo de administraciones se produzcan situaciones como las que están denunciando las compañeras". Además, opina que si las prestaciones son insuficientes, "tendrá que haber más prestaciones".

"Reclamamos de las autoridades competentes que, por favor, tengan un poco de sensibilidad, de perspectiva de género y de tratamiento justo y equitativo de la realidad de las mujeres trabajadoras de ayuda a domicilio", concluyó José Martínez.

Por su parte, Marina Escobar reclamó "un cambio normativo procesal en materia de Seguridad Social" e incidió en el carácter femenino del trabajo de ayuda a domicilio, "porque las administraciones están obligadas a aplicar una perspectiva de género".

"Estas mujeres no solo sufren un abandono total por parte de las instituciones y una violencia estructural por parte de las administraciones, sino también jurídica y judicial", añadió la abogada, quien hizo hincapié en la precariedad económica que soportan.