Las nuevas viviendas de Cerro del Moro costarán entre 86,81 y 229,05 euros mensuales

La Junta de Andalucía empieza a trasladar a los vecinos el precio de tasación de su actual vivienda y de alquiler de la nueva

Las obras de la nueva promoción, ya adjudicadas, empezarán en breve

Solar del Cerro del Moro donde se construirán las 67 nuevas viviendas.
Solar del Cerro del Moro donde se construirán las 67 nuevas viviendas.

La operación que la Junta de Andalucía ha retomado en la barriada del Cerro del Moro ha entrado en una nueva fase. En paralelo al inminente inicio de las obras de construcción de las 67 nuevas viviendas protegidas en el solar que ocupaba la antigua séptima fase de transformación del barrio, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (Avra) ha empezado el proceso por el que cada uno de los vecinos incluidos en esta actuación empieza a saber el detalle de la operación contemplada para pasar de sus actuales viviendas, en estado de ruina, a las nuevas que se van a construir.

Para ello, la Junta ha cerrado ya las cifras de dos conceptos que son fundamentales en esta intervención urbanística. Por un lado, la Agencia Tributaria de Andalucía ha procedido ya a la valoración de las viviendas actuales, cuyos precios oscilarán entre los 34.132 y los 38.640 euros. Es decir, ese es el precio mínimo y el máximo que percibirá cada uno de los propietarios por sus viviendas.

Por otro lado, se ha fijado ya el precio en el que se establecerá el alquiler de los pisos que va a construir la unión de tres empresas ( Soluciona Obras, SLU y Lirola Ingeniería y Obras). Los futuros inquilinos abonarán una renta que oscila entre los 86,81 y los 229,05 euros mensuales, en función del número de dormitorios que tengan la vivienda (habrá 11 viviendas de cuatro dormitorios, 44 viviendas de tres dormitorios y 12 viviendas de dos dormitorios, según las necesidades de cada núcleo familiar, además de 49 plazas de garaje, 25 trasteros y un local) y de qué haga cada propietario actual con ese dinero que abonará la Junta por sus actuales viviendas. Un precio, aseguran desde la Junta, que se mantendrá inalterable durante el período de 50 años que tendrán de contrato en vigor.

Este ha sido, precisamente, uno de los extremos que más controversia ha creado de la operación con la que la Junta rematará, 30 años después, su intervención en el Cerro del Moro. Los vecinos consideran que perder la titularidad de sus actuales viviendas para pasar a un régimen de alquiler durante 50 años (aunque 4 años antes podrán ejercer la opción de compra) es una condición negativa a sus intereses y que además no guarda similitud con lo que se hizo con la sexta fase de la barriada (cuyos beneficiarios pudieron ejercer el derecho de compra en un plazo mínimo de 10 años y máximo de 25, la mitad que ahora).

A este respecto, desde la Junta de Andalucía se señala un cambio que es clave en el escenario actual: el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que es el que eleva el período obligatorio de arrendamiento hasta los 50 años. Una norma que la administración autonómica no puede alterar.

La diferencia con respecto a la sexta fase es que la antigua normativa determinaba el plazo de alquiler entre 10 y 25 años, “pero claro, esa promoción se hizo en 2012 y desde entonces hasta 2022 quedó todo paralizado”, por lo que hay que adaptar la operación al escenario normativo actual.

También aclaran desde Avra otra de las polémicas suscitadas en la operación: por qué a los actuales propietarios de la octava fase se les obliga a pasar a ser inquilinos en la nueva séptima fase: “según la ley, los propietarios no pueden acceder a una VPO ni a una VPA”. O dicho de otro modo: “si desde Avra hiciéramos esta promoción para un conjunto de propietarios, nos convertiríamos en una inmobiliaria, y eso sería prevaricar”. De ahí la operación de comprar las actuales viviendas y pasar a alquilar las nuevas.

El escenario de la séptima fase

Teniendo estas cuestiones en cuenta, la operación que plantea la Junta es la siguiente: adquirir cada una de las viviendas de la actual octava fase (a razón de un precio de entre 34.132 y 38.640 euros por cada vivienda) y firmar con cada vecinos el nuevo contrato de alquiler (que irá de 86,81 a 229,05 euros mensuales). Cada propietario determinará qué hacer con ese dinero que recibe por la venta de su vivienda (que puede ir en depósito para rebajar el precio del alquiler, o se lo puede quedar íntegro partiendo el alquiler desde 0 euros, sin que varíe ese máximo ya indicado de 229,05 euros mensuales, o bien quedarse parte de ese precio y dejar otra parte como depósito). Además, precisa la administración que en caso de que el alquiler ponga fin en algún momento antes de los 50 años, ese vecino recuperaría el 100% del depósito.

“Desde la Junta estamos intentando hacer un traje a medida de cada vecino de esta séptima fase, ateniéndonos a lo que la ley nos permite”, aseguran fuentes de la delegación territorial de Vivienda respecto a los 65 propietarios inmersos en este proceso de acceso a una nueva vivienda bajo el nuevo régimen. Como ejemplo, ponen la ‘generosa’ valoración de las viviendas actuales: “los pisos de la séptima fase, que se adjudicaron en 2012 y se inscribieron en 2017, se valoraron en 625,65 euros el metro cuadrado; y en 2024 se han valorado las viviendas actuales en 644 euros el metro cuadrado”, informan respecto a esas tasaciones que oscilarán entre los 34.132 y los 38.640 euros.

Junio de 2026 como horizonte

Tras esta primera ronda de contacto individualizada con cada vecino propietario, el siguiente paso que seguirá la Junta de Andalucía será presentar a cada uno el borrador particular de la escritura de venta de la actual vivienda y del contrato de alquiler de la nueva, “para que cada uno conozca todos los detalles de la operación”. Y a partir de ahí, se ofrecerá un plazo amplio para que los vecinos realicen “cuantas consultas consideren con abogados, notarios, familiares y demás”. Es decir, para que la operación se firme con la máxima certeza y convencimiento por parte de los vecinos.

En paralelo, la empresa adjudicataria irá realizando las obras, que tienen un importe de 6.374.316 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

En cualquier caso, el horizonte máximo que se marca la Junta para rematar su intervención en el Cerro del Moro es junio de 2026, plazo que marca Europa para tener lista la operación. En esa fecha, confían en que los últimos vecinos pendientes de resolver sus problemas de vivienda ya disfruten de sus nuevas vidas.

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