El número de pisos turísticos comienza a ir a la baja en Cádiz desde la llegada del PP al gobierno

Cuando en Cádiz abrió en 2016 el primer piso turístico registrado por la Junta, en una vivienda en el edificio Atlántico 2 del Paseo Marítimo, nadie podía imaginar que en apenas ocho año esta nueva forma de alojamiento iba a a estar en el centro de la polémica ciudadana. Y que los propios poderes públicos iban a adoptar medidas drásticas para evitar su crecimiento desproporcionado.

En aquel año, Cádiz ciudad mantenía un importante déficit de camas hoteleras, que le dificultaba competir con otras ciudades turísticas de la provincia y, mucho más, con la mayor parte de las restantes capitales andaluzas. Una falta de camas que, además, disparaba su precio hasta el punto de ser una de la ciudades con un coste de habitación más alta.

En aquel año, además, el problema de la vivienda ya existía en Cádiz. La verdad es que la falta de pisos era un problema para la ciudad desde hacía años, muchos años. Desde décadas atrás. La ciudad ya estaba inmersa en una incontrolada pérdida de población debida, más que a la falta de un empleo, a la ausencia de una oferta habitacional adecuada. Era un momento, aquel 2016, en el que aún se sufría un importante parón en la construcción. Casi total en materia de promociones públicas, mientras que las de renta libre apenas comenzaba a moverse.

Y con este panorama abrió en el Paseo Marítimo la primera vivienda turística "oficial" de la ciudad.

Fue un 11 de mayo de 2016. Más allá de que llamase o no la atención este tipo de alojamiento, lo cierto es que pronto se vería que llegaba a Cádiz para quedarse y, sobre todo, llegaba con inusitada fuerza. Así, en poco más de medio año ya estaban inscritas en el tegisto 224 viviendas turísticas en la capital.

En los tres siguientes años, siempre en el periodo de mandato de José María González, que llegó a la Alcaldía en 2015, las VFT, hoy denominadas Viviendas de Usos Turísticos, no pararon de crecer. Fueron 298 nuevas en 2017; 380 más un año después, y el récord anual se alcanzó en 464 en 2019. Es decir, en ese año, cuando González revalidó su mandato, abrió más de una vivienda turística al día en Cádiz. Ya, con estas cifras, se situaba entre las ciudades con más VFT de la región.

Más VFT incluso con la pandemia

El afán de los propietarios de pisos que entonces estaban sin uso alguno en convertirlos en VFT, no tenía fin. En los dos años de la pandemia de coronavirus, cuando el turismo bajó tras los récord de 2019, las VFT siguieron crecimiendo. En 2020 se registraron 299, mientras que en 2021 ya fueron 341.

Fue en aquel momento cuando comenzó a activarse en el subconsciente ciudadano y político una alerta ante el crecimiento de las VFT. Eran 2.000 las registradas en toda la ciudad (un número que bajaba si nos ateníamos a las estadísticas del INE). Preocupación porque un elevado porcentaje de estos pisos se registraba en barrios como La Viña o San Juan donde la población estaba en fuerte descenso y donde el precio de la escasa vivienda que salía al mercado iba al alza.

Curiosamente, cuando ya entonces se asumía la incidencia de las VFT en el parque de viviendas de la ciudad (más allá de las fincas públicas, especialmente en manos del Ayuntamiento, que seguían vacías, sin rehabilitarse), nadie planteó crear una plataforma reclamando el fin de estos alojamientos. Gobernaba Kichi, claro. Habrá que esperar a que llegase el PP a San Juan de Dios para que se activase esta protesta por parte de determinados colectivos vecinales, con la presencia de quienes entre 2015 y 2023 estaban gestionando la ciudad.

Asumiendo este problema habitacional, el equipo del entonces delegado de Urbanismo, Martín Vila, afronta la elaboración de una ordenanza que pusiese orden y control en el sector turístico de la ciudad. En el desarrollo de esta norma, que entonces solo funcionaba en Barcelona y las Baleares, se topó con el voto negativo del PP, entonces en la oposición, y de las reticencias del PSOE. Se logró sacar adelante la ordenanza, sí, pero se perdieron muchos meses de negociaciones, mientras que el registro de VFT seguía creciendo.

En 2022 abrieron otras 309 VFT. Y en el primer semestre de 2023, antes del cambio de gobierno en junio de ese año, fueron otras 157.

Para sorpresa de todos, ya en el gobierno el PP de Bruno García no solo no derogó la norma impulsada por Vila, sino que la mantuvo tal cual. En el segundo semestre de 2023 otras 166 VFT se inscribieron en el registro de la Junta. La ciudad cerraba ese año con 2.638 VFT.

Es aquí, iniciado 2024, cuando el Ayuntamiento asume que hay que dar un paso más en el proceso de control de las VFT.

Un registro sin control

Hay un error de gestión original en el sistema de registro de la Junta, pues el promotor de una nueva VFT la puede poner en marcha con solo rellenar un documento electrónico. En el mismo se le imponen algunas normas. Y nos hay inspectores suficientes en la Consejería de Turismo para controlar su cumplimiento.

Tras un estudio publicado por Diario de Cádiz, en el que se constaba que más de 200 VFT registradas desde la aprobación de la ordenanza municipal, en octubre de 2022, iban en contra de lo estipulado en la misma, comenzaron a reforzarse los sistemas de control y a anular estos registros ilegales.

Todo ello ha permitido que en los que va de 2024 el número de VFT en Cádiz haya bajado en 153 pisos (han seguido abriendo viviendas totalmente legales), por lo que ahora hay 2.485 en el sistema controlado por la Junta.

De esta manera, hay apenas 13 VFT más desde la llegada del PP al poder hace trece meses, número que será negativo en una semanas a medida de que vayan anulándose registros ilegales, teniendo en cuenta que el número ha bajado en 153 pisos desde el pasado diciembre.

Queda por ver si el nuevo mecanismo de control que se quiere impulsar desde el Ayuntamiento, y que en todo caso sólo será efectivo si lo ejecuta la Junta, resulta aún más efectivo, evidentando que se puede registrar VFT ilegales desde su origen. Y preguntarse porque la administración regional no adoptó esta forma de control desde que en octubre de 2022 el Ayuntamiento de Cádiz, pionero en Andalucía, aprobó la ordenanza contra la turistificación.