La odisea vivida por los propietarios de las casitas bajas de la Barriada España de Cádiz

Cádiz/Las casitas bajas de la barriada España se construyeron para albergar de forma provisional a los damnificados por la explosión que se produjo en agosto de 1947 en la Base de Defensas Submarinas ubicada en San Severiano, una provisionalidad que duró unos 60 años.

El anticuado trazado de estas viviendas hizo que el Ayuntamiento las incluyera en una de las operaciones enmarcadas en el Plan General de Ordenación Urbana del año 1995. Seis de las cincuenta viviendas situadas en este conjunto se expropiaron debido a que afectaban al trazado del soterramiento de la vía del tren, pero para poder derribar el resto era necesario que los propietarios llegasen a un acuerdo.

Así, los vecinos se encontraron ante dos opciones: autogestionarse para derribar las casitas bajas y construir nuevas viviendas o que el Ayuntamiento se las expropiara y reubicase a sus propietarios, con el riesgo de ir a un barrio que no les gustase. Finalmente, decidieron autogestionarse para poder quedarse en su barrio.

A partir de ahí, se abrió otra línea de decisión: convertirse ellos mismos en promotores, lo que supondría un gran desembolso de dinero (algo inviable para algunos, que eran mayores y con pensiones bajas), o buscar un promotor privado que se quedara con aproximadamente el 50% del volumen constructivo y le hiciera a ellos sus casas libres de cargas.

Se decantaron por la segunda opción con la idea de levantar dos edificios: uno para los antiguos propietarios de las casas bajas y otro que se quedaría el promotor y con el que pagaría la operación y obtendría beneficios vendiendo los pisos, además, quedaría un terreno para urbanizar como zona verde por cuenta de la operación inmobiliaria y que revertiría en el Ayuntamiento de Cádiz.

Los vecinos se reunieron varias veces y nombraron un portavoz, que pensó que había que contratar a un abogado de confianza que les asesorara. Eligieron a Juan Bosco Rodríguez Sánchez, que había sido letrado municipal y asesor de Urbanismo, por lo que les pareció la persona idónea. De hecho, según uno de los vecinos, "gracias a él, hoy tenemos viviendas". Y es que lo primero que les sugirió es que para empezar a negociar con el promotor, éste tenía que poner un aval de 110% de la operación total, "y gracias a ese aval, al final, la operación pudo salir adelante, al menos con las viviendas de los propietarios de las casitas bajas, lo que evitó que se convirtiera en otra versión de Los Chinchorros", expresa el mismo vecino.

Tras buscar varias empresas promotoras, los propietarios decidieron empezar a negociar con Inmobiliaria Isleña, Inmobisa, y cuando ya estaban bastante avanzadas las negociaciones, apareció (a través de la abogada de uno de los propietarios) el promotor José Luis Costa, que generó una división entre los vecinos.

"Cuando tuvimos conocimiento de que era accionista mayoritario de Sy5 95, la promotora de Los Chinchorros, nos saltaron las alarmas. No obstante, José Luis Costa consiguió encandilar a una serie de vecinos con hipotéticas mejoras en el contrato que en el fondo eran humo", explica uno de los propietarios.

Así, la mitad de los vecinos decidió apoyar a Inmobisa y la otra mitad a Sy5 95. Como ya se había firmado un preacuerdo con la primera, ésta quiso hacerlo valer en los juzgados. Finalmente, se creó una UTE de las dos empresas que se llamó Nueva Avenida, promovida a partes iguales por Sy5 95 e Inmobisa.

El contrato con Nueva Avenida recogía que ésta tenía que abonar 24.000 euros para el realojo durante dos años como mínimo. Y se puso la cláusula de que a partir del mes 24, tendría que abonar 600 euros mensuales de indemnización si la obra no terminaba, para poder pagar el alquiler del realojo, algo que ocurrió. Los vecinos estuvieron cobrando los 600 euros durante un tiempo, pero llegó un momento que Nueva Avenida dejó de pagarles, generando una deuda de 8.000 euros a cada vecino, un dinero que estos han perdido. De este modo, cada uno tuvo que buscarse la vida para pagarse el realojo; hubo quien no pudo abonar un alquiler y tuvo que irse a vivir con algún familiar.

Cuando la UTE empezó a funcionar, la obra tardó bastante tiempo en comenzar. Lo hizo con una constructora asociada a la inmobiliaria isleña, que fue poniendo peso económico en la operación hasta agotar la mayor parte de su obligación. Como Sy5 95 no tenía capacidad económica, la empresa paró la obra y esto derivó en un concurso de acreedores.

Como los vecinos tenían el aval bancario, se pusieron en contacto con Unicaja para hacer valer el aval, y la entidad bancaria les ofreció anular la ejecución del aval a cambio de terminar ella sus viviendas. "Esta era una solución garantista para nosotros y ágil, y se optó por ella. Entonces, Unicaja terminó nuestras viviendas, pero se desentendió de la urbanización del resto de la unidad, a la espera de que el Juzgado de lo Mercantil dirimiera la disolución de la empresa y qué hacer con el valor residual que queda de la operación, es decir, el terreno sin urbanizar además de varias viviendas y plazas de garaje del edificio construido", argumenta un propietario.

Recientemente, se ha realizado una subasta en la que un adjudicatario se ha hecho con un amplio número de plazas de garajes y algunas viviendas del bloque ya construido, pero todavía queda por saber el futuro del solar que hay junto al edificio, que se encuentra abandonado y en el que aún quedan tres de las casitas bajas en pie.