Los okupas de Barcelona que acusan al alcalde de Cádiz de querer desalojarlos

A apenas unos metros de la Sagrada Familia se encuentra la Casa de Cádiz en Barcelona. Sin actividad desde hace más de una década, el Ayuntamiento de Cádiz es copropietario del edificio de la avenida de la Sardenya. En el mes de noviembre un grupo decidió okupar el edificio y en la actualidad moran allí unas 25 personas, que se autogestionan como una especie de hostal para personas sin hogar.

Sin embargo, este lunes diversos medios nacionales como El Mundo y Antena 3 se han hecho eco de las quejas de los okupas contra el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' por haber puesto denuncia en el juzgado por usurpación de la propiedad, según ha explicado a estos medios el activista rumano Lagarder Danciu, uno de los portavoces de las personas que residen actualmente en la Casa de Cádiz en Barcelona.

Danciu explica en El Mundo que "este señor dice en su perfil de Twitter que es anticapitalista. ¿Qué anticapitalista es si ordena a los servicios jurídicos de su ayuntamiento poner una denuncia y desalojar a gente sin casa?", un rumano que asegura que perteneció a Podemos y que se presentó como candidato al Consejo Ciudadano de esta formación en Sevilla antes de sufrir un desengaño. Asimismo, en declaraciones a Antena 3 lo ha acusado de "hipócrita" y de contradecirse con lo que defiende públicamente.

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter califica la actuación del Ayuntamiento de Cádiz como "torpe porque ha elegido el camino de la represión" y también ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haber mandado a la Guardia Urbana de Barcelona para tratar de identificar a las personas que se encuentran okupando la Casa de Cádiz en la Ciudad Condal.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Cádiz niega que haya puesto ninguna demanda judicial ni denuncia para tratar de desalojar a los okupas. El gobierno municipal responde que no ha interpuesto "ninguna denuncia judicial" contra los sin hogar en un edficio que tiene compartido con propietarios privados. No obstante, admite que "ha actuado a requerimiento de los Mossos d'Esquadra". Sostiene que la policía catalana avisó al Consistorio de la okupación, advertida por vecinos. La corporación gaditana comparte la propiedad de la finca con una entidad privada y aduce que desatender el requerimiento de los agentes podía suponer prevaricación. El Ayuntamiento se basa en eso para justificar por qué instó a los Mossos a intervenir, algo que asegura que buscaba "garantizar también la seguridad del edificio".

En la misma información, la representación legal de los okupas afirma que el ayuntamiento podría haber utilizado otras vías, por ejemplo la civil o llegar a un acuerdo para tratar de hacer valer sus derechos. Desde el ayuntamiento de Cádiz se asegura que se está en contacto para tratar de buscar una salida a esta situación.

Cabe recordar que el asunto de los desahucios ha sido uno de los elementos bandera del equipo de Gobierno de Podemos en la capital gaditana. Cabe recordar que nada más recibir el bastón de mando, varios concejales y el alcalde acudieron a la calle Benjumeda para tratar sin éxito de impedir un desalojo. Posteriormente pusieron en marcha un protocolo antidesahucios con los juzgados de la capital.