Los operadores judiciales de Cádiz desconfían de los plazos para la vuelta a San José

Los operadores judiciales conocían este viernes la denuncia de los jueces de Cádiz de la paralización de la Justicia que había provocado el cierre de San José y el anuncio de que harán lo posible por reanudar la actividad jurisdiccional presencial y los señalamientos. A pesar de ello, tanto los abogados, como los procuradores y graduados sociales siguen critican la demora en la búsqueda de una solución a la medida de una ciudad como Cádiz.

De hecho, ni a los abogados, ni a los procuradores o a los graduados sociales les cogió desprevenida la notificación que les hizo llegar el pasado 4 de enero la propia delegada de Justicia, Ana María Bertón , en la que les avanzaban que la Junta se daba un plazo de tres meses para que la normalidad pudiera volver a San José.

Mientras tanto, este viernes los juicios seguían todos paralizados y todos permanecían expectantes, al menos hasta que los jueces se pronunciaron a mediodía, a ver si esa suspensión se prolongaba a lo largo de la semana entrante, algo que será difícil de evitar.

Así, sobre todo procuradores y graduados sociales se atrevían a hablar de “caos” y “desastre”, a la vez que lamentaban que al final el perjudicado de toda esta situación creada era el ciudadano de a pie “que ve que los procedimientos civiles están absolutamente parados y los procedimientos penales poco a poco han ido arrancando pero de manera muy precaria”, según afirmaba a este periódico, Óscar Alonso, presidente del Colegio de Procuradores.

Este colectivo considera esta situación como de “insoportable e insostenible”. El presidente del órgano colegiado que les representa afirma que no pueden trabajar y “llevamos en esta situación desde que se cerró San José”. Afirma Alonso que le consta que desde la Junta de Andalucía se está trabajando para arreglar esta situación pero “lo que se está haciendo es insuficiente”.

Los rumores dicen que nunca se volverá a San José

“Primero se nos comentó que el cierre iba a ser preventivo, luego se nos dijo que dada la situación lo más razonable es que se suspendieran todos los señalamientos y la presencialidad hasta el día 9… Ahora se nos habla ya de tres meses y, si haces caso a la rumurología, se dice que podemos dar por seguro que a San José no se va a volver jamás”. Óscar Alonso mostraba así una desconfianza que es también compartida, al menos por los graduados sociales.

Según indican se ha tenido que paralizar la mudanza desde San José porque se han dado cuenta de que los tres juzgados que iban a llevarse hasta el Estadio no entran en el espacio en el que se iban a ubicar tras el cierre de Los Balbo. “No entra la plantilla, no entran los despachos de los jueces… Entonces se ha parado para buscar una solución”, según indica Óscar Alonso.

Por su parte, José Blas Fernández, como presidente de los Graduados Sociales invita a todos los operadores judiciales a unirse para “adoptar una actitud más seria. Habrá que hacer manifestaciones y protestas contra este desastre absoluto”. “Creo que o esto se endereza bien o Cádiz nunca tendrá los juzgados que se merece”, según Fernández que reitera que ahora toca “buscar soluciones que sean soluciones de verdad y no un parcheo con el que nadie está contento.

De la misma manera, el Colegio de Abogados de Cádiz muestra su malestar ante la demora en la solución de los problemas derivados del cierre del edificio judicial de San José ante lo que consideran una gravísima disfunción de la Administración de Justicia en una capital de provincia como es la ciudad de Cádiz, por la falta de determinación de las Administraciones competentes para acometer las inversiones necesarias, con la urgencia y premura que la situación requiere, despues de “décadas de promesas incumplidas de una Ciudad de la Justicia que ya debería estar construida y en funcionamiento”.

En palabras del decano, Pascual Valiente, “es intolerable que se haya paralizado la actividad judicial durante casi dos meses después del cierre de los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, que debían estar operativos desde el pasado lunes 9 de enero”.

Para el decano del Colegio “se está afectando gravemente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, produciendo serios perjuicios a los justiciables y a los profesionales como los abogados, que defienden sus intereses, reclamando de la Administración y los órganos judiciales información puntual sobre la celebración o suspensión de las actuaciones judiciales que se encuentran programadas para las próximas semanas, a fin de poder trasladar la información a los abogados y a los clientes, que son los grandes perjudicados por esta situación”.

El máximo representante de la institución colegial gaditana denuncia el malestar que esta situación está generando entre Abogados, Procuradores, Jueces, Fiscales, Letrados de Administración de Justicia y funcionarios, que se ven frustrados ante la falta de soluciones a un problema que debió de haberse evitado.

El Decano del Colegio de Abogados aprovecha para poner de manifiesto la necesidad de contar con unas sedes dignas y adecuadas, donde los profesionales puedan desempeñar su trabajo, porque, además de unos mejorables medios tecnológicos, está la atención personal en una Administración como la de Justicia en la que la presencialidad resulta esencial como garantía de la efectividad del servicio público que presta.