Otra oportunidad perdida

IMAGíNENSE por un momento que el próximo domingo o a lo sumo el siguiente los electores de Cádiz fueran llamados de nuevo a las urnas con un único objetivo: que eligieran entre Teófila Martínez o José María González Kichi para ocupar la Alcaldía. Sólo a uno de los dos, sin que aquí se tuviera en cuenta a las otras siete candidaturas que concurrieron a las elecciones municipales en esta ciudad. E imagínense que ese mismo día los jerezanos tuvieran que elegir igualmente entre María José García-Pelayo y Mamen Sánchez, y los isleños entre Patricia Cavada y José Loaiza, y los portuenses entre Alfonso Candón y David de la Encina, y los chiclaneros, y los linenses, y los puertorrealeños, y los... Suena bien, ¿verdad? En la capital gaditana, por ejemplo, la última palabra no la tendrían ya Fran González y los otros cuatro concejales socialistas sino que recaería en todos los gaditanos con derecho a voto. Sigue sonando bien, ¿verdad? Pues esta probabilidad, que puede parecer de política-ficción aunque es norma habitual en muchos países de Europa, hubiese sido realidad si el Gobierno de España no hubiera decidido aparcar la reforma electoral que planteó a mediados de 2014 y que apenas se debatió en las Cortes Generales.

La idea del Gobierno de Rajoy era buena, pero el momento era pésimo. Plantear esa reforma a menos de un año de las municipales fue un error estratégico porque facilitó que toda la oposición se tirara a la yugular del PP acusándole de pucherazo, de intentar cambiar las reglas del juego en mitad del partido. Pero el Gobierno no buscaba que la Alcaldía fuera automáticamente para la lista más votada. No era eso. La idea era allanar el camino a aquel partido que hubiera ganado las elecciones con relativa facilidad, evitando, igualmente, que pudieran acceder al puesto de máxima responsabilidad municipal los candidatos de formaciones que hubieran tenido un respaldo mínimo.

La reforma ni siquiera entró en fase de tramitación parlamentaria porque el PP se acobardó al ver la reacción unámime de la oposición. Pero en su origen el Gobierno defendía que, además obviamente de los candidatos que lograran mayoría absoluta, también amarraran la Alcaldía aquellos que lograran un respaldo de un 40% de los votos siempre que aventajaran al segundo partido en cinco puntos porcentuales como mínimo. Si ninguno de estos dos condicionantes se daban, ese municipio estaría abocado a una segunda vuelta en la que participarían los candidatos de los dos partidos más votados. Es más, no se descartaba que hubiera un tercer aspirante, aunque no se llegó a determinar siquiera cuál tenía que ser el porcentaje mínimo para que ese partido pudiera concurrir a esa votación definitiva.

Y el escrutinio del pasado 24 de mayo deja claro que la reforma electoral tampoco hubiera abierto tantas alcaldías de manera indirecta. En concreto, de los 22 municipios gaditanos en los que no hubo mayorías absolutas, esta reforma electoral sólo hubiera clarificado el panorama en dos de ellos: Tarifa, que sería ya del PP, y Benalup-Casas Viejas, que se mantendría en manos del PSOE. En la localidad tarifeña la candidatura popular de Juan Andrés Gil ganó con el 40,8% de los votos y aventajó al Partido Socialista en casi ocho puntos. Y en la población benalupense la socialista Amalia Romero ganó con claridad al obtener el 43% de los votos y al abrir una brecha de 5,27 puntos con el PP. En los restantes 20 municipios sin mayoría absoluta no hubo victorias tan claras y, por tanto, todo estará encaminado a una segunda vuelta. De ellos, sólo los candidatos socialistas de San José del Valle, Puerto Serrano y Castellar superaron el límite del 40% de los votos, pero sus ventajas con los segundos partidos menos votados fueron mínimas.

Y si se echa un vistazo al escrutinio de las ocho capitales de provincia de Andalucía se constata igualmente que tampoco le reforma electoral hubiera tenido especial relevancia, ya que sólo se habría aclarado el panorama en Almería, que sería para el PP.

Es en definitiva una oportunidad más que se ha perdido para mejorar una democracia más o menos imperfecta. Pero, quién sabe, igual esta es la última vez que las minorías tienen la palabra definitiva. Al Gobierno de Rajoy quizás ya no le dé tiempo para acelerar esa reforma electoral pero sí al nuevo Ejecutivo que salga de las urnas a finales de este año.