Un parque eólico marino "no es factible" en el Golfo de Cádiz

Cádiz/Si la administración que tiene en su mano la última palabra sobre el proyecto de instalación de un parque eólico marino a escasos cuatro kilómetros de la playa de La Costilla de Rota y a seis de La Caleta de Cádiz termina siendo consecuente con su planificación del espacio marino, esos 18 aerogeneradores de 200 metros de alto nunca se implantarían donde se proponen. Ni en ese lugar ni en ningún otro de la denominada por el Ministerio de Transición Ecológica Demarcación Sudatlántica, una delimitación que incluye el medio marino bajo soberanía española comprendido entre el límite de las aguas jurisdiccionales entre España y Portugal en el Golfo de Cádiz y el meridiano que pasa por el cabo de Espartel, a pocos kilómetros de Tánger. Nada menos que unos 14.000 kilómetros cuadrados de superficie, en los que está incluido casi todo el litoral gaditano, hasta Tarifa.

Esto debiera ser así porque es el Ministerio de Transición Ecológica el que debe visar en última instancia el proyecto, una vez consultadas todas las administraciones y organizaciones implicadas, emitiendo una Declaración de Impacto Ambiental favorable. Así insistió en dejarlo muy claro a principios de esta semana la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, organismo que tramita la solicitud presentada por la empresa Bahía de Plata Real State 2017 SL en aguas bajo su jurisdicción.

Y debiera ser así porque en el diagnóstico del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que pretende regular los usos de la lámina marina bajo competencia de las administraciones españolas, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, al que ha tenido acceso Diario de Cádiz, determina textualmente que “por las interacciones constatadas, y tras un proceso de consulta a las administraciones competentes, incluido el Ministerio de Defensa, se concluye que la implantación de parques eólicos comerciales no es factible en esta demarcación marina” y, por lo tanto, tampoco en el litoral gaditano, al menos hasta Tarifa. El plan determina a continuación, también al pie de la letra, “la imposibilidad de compatibilizar y/o acomodar el desarrollo de parques eólicos con las actividades de la Defensa Nacional en la Demarcación Sudatlántica”.

Por si todavía quedaba alguna duda, los autores de esta especie de PGOU o de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y de los Usos de la mar acaban rematando que por los anteriores motivos “el POEM no incluye ninguna zona viable para el aprovechamiento comercial de la energía eólica marina en esta demarcación”. Aunque, vaya por delante que en el documento se determina, a modo de diagnóstico, que en “en el ámbito marítimo de la Demarcación Sudatlántica sobresale una amplia zona como de interés para el desarrollo de la energía eólica”. En este punto hay que decir que aunque estos planes se sometieron a evaluación ambiental el verano pasado, el Gobierno central todavía no ha dado a conocer los documentos definitivos.

Pero ¿cuáles son exactamente esas interacciones de la implantación de la energía eólica marina con otros usos y actividades que recoge este plan en esta demarcación? Fundamentalmente, las relativas a la Defensa Nacional, pero también las referidas a la biodiversidad.

Comencemos con las que atañen a la Defensa Nacional, no sin avanzar antes que desde el Ministerio de Defensa aseguran no haber recibido hasta el momento ninguna notificación relativa al anteproyecto de parque eólico marino denominado por sus promotores “Puerto de Cádiz”, según ha podido confirmar este periódico. Desde la APBC informaron de que comunicaron la solicitud de concesión demanial de sus aguas a las 13 organizaciones afectadas que citaban los promotores en el proyecto, entre las que figura este ministerio.

“Para evaluar la viabilidad del desarrollo de parques eólicos marinos en la Demarcación Sudatlántica es igualmente necesario estudiar las interacciones con las actividades de la Defensa Nacional que se llevan a cabo en el espacio marítimo, y en particular con los ejercicios militares aéreos”, se plantea en el POEM. “En lo concerniente a las afecciones de los parques eólicos” sobre estas actividades “cabe destacar que los aerogeneradores pueden comprometer la seguridad de los procedimientos de navegación aérea”, afirman. “Ello es debido a sus grandes dimensiones y a su interferencia tanto en la correcta emisión de las señales radioeléctricas (apantallamiento y reflexión) como en las operaciones de navegación aérea”, dicen los autores del plan. No olvidemos que la planta eólica se plantea en la bocana de la Bahía de Cádiz, al pie de la canal de navegación del puerto, pero también en la ruta de entrada y salida de los buques de la Base Aeronaval Hispano-estadounidense de Rota.

“En este sentido, se deberán tener en cuenta las servidumbres aeronáuticas militares establecidas para garantizar la seguridad de los procedimientos de navegación aérea y de las instalaciones de naturaleza militar”, dice el plan, en virtud del Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas, que “exige que todo obstáculo debe solicitar el acuerdo previo favorable ante la Autoridad Nacional de Supervisión competente”. En este caso, el órgano que corresponda del Ministerio de Defensa. Además, cada una de las instalaciones aeronáuticas militares (bases aéreas, aeródromos militares, helipuertos militares, radioayudas, centros de comunicaciones y radares) se rigen por diferentes reales decretos específicos, con los que también habría que cumplir.

Con vistas a planificar la evacuación de la energía producida en mar, el documento tiene en cuenta la localización de las instalaciones militares en tierra, en particular, las Zonas de Interés para la Defensa Nacional (ZIDN) y las Zonas de Protección (próxima y lejana) que estas puedan llevar aparejadas. “Los ejercicios militares aéreos se llevan a cabo en diferentes zonas que quedan delimitadas por un total de nueve polígonos que solapan con el espacio marítimo y cuya altitud puede ser variable. Se trata de zonas extensas que abarcan buena parte de la demarcación, internándose también en tierra en su parte norte. Por otra parte, los ejercicios militares submarinos se realizan también en amplias zonas, definidas por tres polígonos, y que comprenden asimismo una buena parte del espacio marítimo. Finalmente, los ejercicios militares de superficie se desarrollan en seis polígonos circulares, de tamaño mucho más reducido, y que salvo algún caso puntual, se localizan en una franja relativamente cercana a la costa”, resumen en el documento.

Respecto a las interacción de este tipo de plantas de producción de energía renovable con zonas de interés para la biodiversidad, el documento recoge en la demarcación “zonas rojas de prohibición” que se ha considerado incompatibles con el desarrollo de la eólica marina debido al elevado valor ambiental de los hábitats y a los componentes de biodiversidad presentes. En estas zonas se contempla la prohibición total de instalar aerogeneradores (tanto pivotados, cimentados sobre el fondo, como flotantes y anclados al lecho marino) y, por lo tanto, de desarrollar parques eólicos marinos. En este sentido, el proyecto ‘Puerto de Cádiz’ se encontraría encajonado entre una Zona de Especial Conservación/Lugar de Interés Comunitario (ZEC/LIC) y dos Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Con la agravante de que estaría en una zona de futura ampliación de protección de la pardela balear (Puffinus mauretanicus), una especie de ave marina en peligro crítico de extinción cuyo caso explicamos con mayor detalle en la página siguiente.

Junto a las zonas rojas, en el POEM se establecen “zonas amarillas”. Se trata de áreas de las que, también por su alto valor ecológico, el desarrollo de la eólica marina y la instalación de aerogeneradores están sujetos a mayores restricciones y donde la implantación de molinos se permitiría previa evaluación ambiental y de repercusiones sobre la Red Natura 2000. “Un análisis pormenorizado de los valores naturales presentes en el lugar debería justificar que no se afecta a fondos con presencia de Hábitat de Interés Comunitario (HIC) o a especies marinas”, aclara el plan.

Por último, se recogen zonas verdes, “libres de prohibiciones y restricciones”. Son aquellas áreas a priori más favorables para el desarrollo de la energía eólica marina y la instalación de aerogeneradores. Pero en ningún caso están eximidas de realizar la evaluación ambiental correspondiente. En el litoral gaditano se circunscriben a pequeñísimas franjas si se las compara con la superficie total de la Demarcación Sudatlántica.

Según plantean desde Ecologistas en Acción, la “laguna legal” que habrían aprovechado los promotores en el caso del parque eólico marino que se plantea entre Rota y Cádiz es proyectarlo en aguas bajo competencia única y exclusiva de una administración, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que, como el resto de las instalaciones portuarias, quedaría fuera de toda esta planificación elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica, en tanto que depende de otro, el de de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes Fomento, y está sujeta a otra legislación específica.

El caso de Cádiz resulta especialmente llamativo en tanto que es el único proyecto de parque eólico marino planteado en España a tan escasos kilómetros de playas urbanas de altísimo valor turístico para los municipios afectados, en este caso, Rota, Cádiz y El Puerto, cuyos alcaldes ya se han manifestado, con mayor o menor énfasis, en contra de su ubicación. También es singular porque se trata de una instalación muy pequeña comparada con las que se promueven hoy en otros puntos de la costa española, si bien tendrá una superficie de unos 12 kilómetros cuadrados, similar a la del término municipal de Cádiz.

De hecho, a unas 17 millas de la costa gallega (a más de 31 kilómetros) Bluefloat Energy y Sener proyectan en el Golfo Ártabro, frente a La Coruña, el mayor parque eólico marino de Galicia: 270 kilómetros cuadrados de superficie, 80 aerogeneradores, 1,2 gigavatios y una producción anual equivalente al 30 % del consumo eléctrico actual de aquella comunidad autónoma. Ante este proyecto, la Xunta dice mantener su compromiso de “no bendecir” ningún parque eólico marino que pueda poner en riesgo ningún sector económico importante para Galicia, como es el de la pesca, publicó La Voz de Galicia.

Sin embargo, la Generalitat ha abierto en Cataluña la puerta a esas dos mismas empresas, que también proyectan frente a Girona una infraestructura offshore que alcanzaría 500 megavatios en una primera fase, a 24 kilómetros de la Bahía de Roses. Los promotores aseguran que podría generar el 45% de la demanda eléctrica actual de toda la provincia de Girona. La responsable de Acción Climática del Gobierno catalán, Teresa Jordà, dijo durante una reciente visita a Dinamarca, que la comunidad autónoma necesitará contar con más “1.000 megavatios de eólica marina instalada en el año 2030”, lo que supone un espaldarazo claro al proyecto.

Mientras tanto, no dejan de constituirse plataformas y de impulsarse iniciativas frente estos proyectos de parques eólicos marinos. Ya hay una petición en Change.org contra el de Rota-Cádiz y otra contra el de Mar de Ágata, proyectado en Almería, a unos 14 kilómetros de la costa.

Con este debate abierto en los medios de comunicación, que no por las administraciones ni los promotores, la provincia de Cádiz vive una especie de déjà vú, veinte años después de que a principios de los 2000 se generase una potente y amplia oposición social e institucional contra un proyecto de parque eólico marino de 50 kilómetros cuadrados de superficie frente al Cabo de Trafalgar, en Barbate, después de que fuese rechazado por el Ayuntamiento de La Línea. Aquello se desvaneció ante el rechazo generalizado, al que se sumó el Gobierno andaluz de Manuel Chaves, pero resucitó años después en Chiclana y, posteriormente, en Chipiona. Ninguno vería la luz, pese a las llamadas a un “debate racional” de Ecologistas en Acción, que siempre se posicionó crítica pero claramente a favor de estas instalaciones.

La absoluta retirada de apoyo de los Gobiernos del PP a la producción de energías renovables dejaron en parada todos los proyectos. Hasta que han vuelto a florecer al calor de una Hoja de ruta gubernamental de la eólica marina y de las energías del mar en España, dentro del Marco estratégico de energía y clima que promueve el Ministerio de Transición Ecológica, en sintonía con las políticas ambientales de obligado cumplimiento de la Unión Europea..