La presión sobre Cádiz: necesita más viviendas y no perder más población

Desde su llegada al gobierno de la ciudad, hace casi año y medio, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha situado la política de viviendas como una de las prioridades de su gestión.

Se asume desde San Juan de Dios la necesidad que tiene la ciudad de atender los pisos protegidos que demandan varios miles de personas, según el registro de Procasa, así como la búsqueda de fórmulas que rebajen los precios de compra para familias con escasos recursos que nos les permiten acometer la adquisición de renta libre. Y junto a ello, la existencia de un reducido parque inmobiliario de alquiler, en su mayor parte con alto coste.

Por lo pronto, al poco de asumir el poder, el PP gaditano anunció el desarrollo de nuevas promociones de vivienda pública en la ciudad. En Calderón de la Barca, Sagasta, Pericón de Cádiz, San Juan Bautista o García de Sola, a la vez que se seguía trabajando en promociones iniciadas en la anterior etapa de gobierno también en García de Sola, Santiago y los Chinchorros (esta última más retrasada en su ejecución tras varios descubrimientos arqueológicos de gran valor en su subsuelo).

A todo ello se le unió el desarrollo de la promoción de 53 viviendas sociales junto a los Depósitos de Tabaco y la Torre Abu que allí se construye. En este caso ya se ha adjudicado una obra que supone una inversión de 8,6 millones de euros, una de las más elevadas en materia de vivienda pública en los últimos años en la ciudad.

A la vez, el equipo de Bruno García ha recuperado un plan habitual en la etapa de Teófila Martínez y que fue abandonado con Kichi: la adquisión de fincas en el casco antiguo, mediante expropiación, de cara a su reforma y transformación en nuevas viviendas públicas.

Expropiación de viviendas

Por el momento se trabaja en cerrar operaciones en dos primeras fincas, que se encuentran abandonadas desde hace años y se mantienen en muy mal estado de conservación.

También está pendiente de desarrollo la reforma integral de la zona de la Tacita de Plata, uno de los barrios más antiguos de Puerta Tierra. Junto a la evidente mejora de la habitalibilidad de sus actuales casas, la transformación de este barrio, aprobada por el anterior gobierno, también permitirá incrementar en varias viviendas más el parque municipal.

En proceso administrativo, pues implica la modificación del PGOU, se encuentra también la posibilidad de autorizar el cambio de uso de locales en planta baja para su uso como vivienda, una media que se viene reclamando desde hace años en barrios como Santa María. Aunque ya se aprueban de forma periódica, lo cierto es que el cambio en el PGOU agilizará este proceso.

El gobierno local tiene pendiente aclarar públicamente qué quiere hacer en el solar de las Casitas Bajas, uno de los de mayor tamaño en extramuros sin uso desde hace años. Aunque es de propiedad privada, la ordenación urbanística de la zona provoca que parte del suelo esté en manos del Ayuntamiento. La promotora propuso en su día a Kichi comprar la parte municipal (con la idea de construir un edificio de 20 plantas de altura), queda por ver la decisión sobre este terreno ahora que gobierno del PP.

Junto a todo ello, lo cierto es que la ciudad necesita operaciones de mayor calado (la Junta ha vendido suelo para 212 pisos en Loreto-Puntales, y tiene pendiente por ejecutar la última fase de Matadero).

A la búsqueda de más suelo

Con el plano de la ciudad sobre la mesa están los suelos de San Severiano y el chalé de San Luis y los terrenos del polígono exterior de Zona Franca. En los dos primeros casos, se está ultimando un nuevo convenio con la Junta para actuar en estos suelos para viviendas y equipamientos, incluyendo también la antigua sede administrativa de Valdeíñigo. En el segundo, se está pendiente de cerrar negociaciones con el Consorcio, ante la evidente necesidad de cambiar los usos de este polígono y hacer compatiblela construcción de viviendas.

Sin duda la operación más relevante, y la que está aún más verde en su desarrollo, es la que se puede realizar en estos terrenos.

Buena parte de este suelo está en manos de propietarios privados. En algunas parcerlas ya hay un proyecto para nuevos espacios comerciales, mientras que el Consorcio avanza en la Zona Base, como referente de su apuesta por la economía azul, compartiendo suelo con una nueva residencia de estudiantes universitaria y un hotel.

Pero aún queda mucho suelo por definir. El Ayuntamiento apuesta por la vivienda, equipamientos, espacios público y la economía limpia (teniendo en cuenta que el Consorcio aún tiene por desarrollar la mayor parte del suelo de Altadis). La Zona Franca asume la dificultad de agilizar la reordenación de estos terrenos privados. En todo caso, ya ha dejado clara su apuesta, también, por la vivienda, con el plan previsto en Navalips y su zona de influencia, con más de 800 nuevas viviendas, tanto públicas como de renta libre.

Asumiendo la prioridad en cuanto a la vivienda pública, especialmente el acceso de los más jóvenes a la misma, el gobierno de Bruno García también tiene claro que la ciudad no puede dejar a un lado las promociones de renta libre.

Junto a dar respuesta al derecho de los gaditanos a una vivienda digna y atender la demanda de quienes quieren vivir en la ciudad y tienen dinero para ello, el Ayuntamiento tiene claro que si el parque inmobiliario de la ciudad no crece, será complicado recuperar población.

Hay que tener en cuenta que Cádiz cuenta con poco más de 111.000 vecinos, tras perder más de 40.000 en tres décadas. Y si se baja de los cien mil habitantes los ingresos que se reciben desde el Estado se reducirán de forma más que notable, hasta el punto de poner en riesgo la propia economía del Ayuntamiento, y con ello de la misma capital.