El proceso de adjudicación de la limpieza en Cádiz acaba en los juzgados

"La maraña administrativa y burocrática" a la que se ha referido Ana Fernández, concejala del equipo de Gobierno de adelante Cádiz; "el día de la marmota" que calificó el edil no adscrito, Domingo Villero; o el aviso del portavoz socialista, Óscar Torres, de que este proceso "está condenado a acabar en los tribunales"; la "triste agonía" que describió Lucrecia Valverde, de Ciudadanos; y el temor de que todo acabe con una indemnización millonaria por daños y perjuicios contra el Ayuntamiento de Cádiz, de la que ha alertado el popular Juancho Ortiz.

La concesión del contrato de limpieza sigue metido en un laberinto eterno y el Pleno municipal de este viernes ha sido otra muestra de ello. Se han dado pasos adelante para tratar de ir avanzando pero a la vez se ha sacado uno de los temas del ámbito administrativo y se ha llevado al judicial.

Lo que se llevaba para ser sometido a la aprobación municipal era, por un lado, una propuesta de interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación, de fecha 28 de marzo, por la que se decía que los técnicos de Medio Ambiente habían hecho un informe basándose en unos números de la oferta de Cointer que no eran correctos y se les pedía que hicieran uno nuevo corrigiendo esa cuestión. Sin embargo, los mismos funcionarios se ratificaron en su postura inicial.

Lo que se ha aprobado en esta ocasión, es decir la interposición de un contencioso administrativo, con los votos favorables de Adelante Cádiz, PSOE, Ciudadanos y el no adscrito y con la abstención del PP.

Sin embargo, sí había más dudas con el segundo de los puntos relacionados con este contrato y era la propuesta de rechazo y exclusión de la oferta de Cointer, lo que hace que el servicio quedaría adjudicado a Acciona, la otra gran empresa que optaba a este contrato, ya que Valoriza había sido la tercera en discordia.

En esta segunda opción, el Partido Popular ha votado en contra porque considera que el que se traiga el recurso de la resolución del Tribunal de Diputación a la vez de la adjudicación del contrato a Acciona "incumpliendo la resolución del tribunal, me preocupa mucho. Es más, creo que es incluso contradictorio e incoherente. Aprobar una adjudicación en contra de la resolución de un tribunal administrativo que ordena lo contrario", tal y como ha defendido el presidente de este grupo municipal, Juancho Ortiz.

En este segundo punto Ortiz ha pedido incluso que se retire el punto "hasta que no se resuelva el recurso, porque nos podemos encontrar en la situación de que dentro de un tiempo se le dé la razón a Cointer porque no se ha cumplido la resolución al tribunal administrativo". Eso podría traer consigo, a su juicio, que el ayuntamiento "tenga que indemnizar a la empresa a la que hoy se le está adjudicando".

A pesar de todas estas advertencias, el punto ha salido adelante con los votos favorables de Adelante Cádiz, PSOE y Ciudadanos, la abstención de Villero y el contrario del PP.

A pesar de que han salido las dos propuestas del equipo de Gobierno, éste sí ha sufrido continuos reproches sobre la gestión en este tema. Domingo Villero ha llegado a decir que la tramitación con contrato más importante que tiene el Ayuntamiento de Cádiz "ha batido todos los récords de incompetencia". Asimismo, ha pedido al Gobierno local de Kichi "que tenga algún grado de autocrítica y digan que son los máximos responsables y no trasladen más la responsabilidad a los técnicos municipales".

Lucrecia Valverde, para argumentar "la triste agonía" que se ha producido en toda la tramitación, ha hablado de las sucesivas prórrogas forzosas, la de los trabajadores que no pueden negociar su convenio y que Cádiz está más sucia: "Al alcalde le pedimos más trabajo, diligencia y eficacia".

Por su parte, Óscar Torres (PSOE) cree que con las decisiones que se toman este viernes, hace suyo el discurso de los habilitados del Ayuntamiento y es que "el arco plenario tiene la obligación de dotar de todas las garantías jurídicas de todos los recursos para cuando llegue esa maraña judicial, esté lo más pertrechado posible".

Por su parte, Ana Fernández ha pedio "altura de miras y responsabilidad a todas y cada una de las partes en el proceso". En este sentido ha señalado que el siguiente paso será trasladar el acuerdo a la adjudicataria, que tendrá diez días para aceptar. En el caso de que los otros licitadores no presenten un nuevo recurso que derivaría en la paralización del procedimiento, se elevaría al Pleno para la nueva adjudicación del contrato.