Protesta de los vendedores ambulantes de las playas de Cádiz

Los vendedores ambulantes de las playas de Cádiz han protagonizado este lunes una protesta en el Ayuntamiento en contra de lo que consideran un cambio en las bases que próximamente saldrán públicamente para optar a alguna de las 72 licencias que, al menos el pasado año, concedió el Ayuntamiento para la temporada de verano.

Denuncian los populares ‘lateros’ la intención del Ayuntamiento de “privatizar la playa”. Todo ello por asegurar que desde el Consistorio se les querría obligar este año a darse de alta como autónomos para poder prestar el servicio habitual en las playas; una medida que no tendría en cuenta que se trata de un colectivo “de personas vulnerables”, como ellos mismos ponen de relieve.

La movilización de estos vendedores ambulantes radica, según han explicado fuentes municipales, en una diferencia en los requisitos que el Ayuntamiento va a incorporar en las bases de este año. Hasta ahora, bastaba con una declaración responsable de estar al corriente en las obligaciones laborales y fiscales y del cumplimento de las obligaciones higiénico-sanitarias; pero a partir de este 2025, se les va a exigir además de eso una documentación que la situación del interesado respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas y respecto a la Seguridad Social.

El resto de la convocatoria sí mantendrá, según las fuentes consultadas, los mismos términos y condiciones que los últimos años. “En cualquier, la concejala se va a volver a reunir con ellos para explicarles personalmente que esto no supone cambio alguno de las bases más allá de una cuestión formal en la entrega de la documentación”, trasladan desde el Ayuntamiento sobre la labor de la responsable de Comercio, Beatriz Gandullo.

Requisitos válidos para Carnaval

De hecho, estos requisitos ya han entrado en vigor de cara a las licencias de venta ambulante que concederá el Ayuntamiento para este Carnaval de 2025 para las 15 licencias de venta de globos sin gas, las 15 de venta de frutos secos y caramelos en carrito, las 10 para venta de latas de refresco, y las de los puestos de patatas asadas, buñuelos y gofres, y de palomitas y algodón dulce que se situarán en San Antonio, Mina y Manolo Santander.

A todos ellos exige el Ayuntamiento el documento de alta “en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente de su pago, o, en su caso, encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente” y del certificado “de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones”; además de las habituales declaraciones responsables “de cumplimento de todas las obligaciones laborales y fiscales; así como de las higiénico-sanitarias”.

Junto a ello, se exige también el certificado de tener en vigor el curso de manipulador de alimentos, y el recibo que certifique estar al corriente del seguro de responsabilidad civil “que cubra los posibles daños y perjuicios que se pudiere ocasionar por la actividad concedida de venta ambulante durante ese período”.