PSOE: "El Ayuntamiento de Cádiz debe aclarar si venderá sus VPO al precio desorbitado que permite la Junta"

Cádiz/Los precios y las condiciones económicas inasumibles a las que se están vendiendo las viviendas de protección oficial junto al cementerio de San José, en Marqués de Cropani, de las que ha informado hoy este periódico son, a juicio del PSOE de Cádiz, fruto directo del decreto 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, de la Junta de Andalucía.

Desde el PSOE de la ciudad de Cádiz critican que el nuevo decreto de vivienda de la Junta suponga "un aumento del precio y un aumento de los ingresos máximos anuales para acceder a una vivienda". Es decir, "ahora una persona que gane hasta siete veces el IPREM (4.200 euros) puede acceder a la misma. Por esta razón el decreto facilita la especulación".

"Es obvio que el precio de las VPO está fuera del alcance de quienes deberían ser los destinatarios de una vivienda de protección oficial y está dejando desamparada a la mayoría de los gaditanos y gaditanas", añaden los socialistas gaditanos.

"La subida de los precios de las VPO y las condiciones económicas que piden son inviables para los más de 6.000 gaditanos que están en el registro de demandantes de vivienda. Y la consecuencia directa está siendo que personas que llevan 20 años esperando una vivienda en Cádiz, se ven obligados a renunciar", denuncian desde el PSOE local.

"Esta es la política de vivienda del PP. La de hacer desaparecer la VPO y su función social; todo, para hacer caja. Desde el ámbito municipal es importante saber si el alcalde va a seguir cediendo suelo público a promotores privados para que estos construyan las VPO en su modalidad más alta, aquellas las que son de precio limitado. Y por otra parte, se debe conocer si en las VPO que construya el Ayuntamiento se va a aplicar el incremento que permite el nuevo decreto-ley de la Junta de Andalucía", plantean los socialistas.

Tal y como publicó este periódico, para conseguir una vivienda de protección oficial en Cádiz –en régimen de venta a precio limitado, en este caso– no basta con estar inscrito en el Registro de Demandantes de Procasa desde hace más de veinte años, que te llegue el turno y cumplir con todos los requisitos exigidos. Ni siquiera figurando entre los 300 primeros puestos de cabeza de una lista con más de 4.000 personas. No. Hace falta conseguir hasta 70.000 euros en 13 meses para pagarlos como anticipo, además de una hipoteca que cubra el 80% de un precio final de hasta 290.000 euros y el 20% restante, es decir, otros 58.000 euros, en el caso del piso más caro.

Según relataron a este periódico algunos de los candidatos que se han visto obligados a desistir de uno de estos pisos, estas son las condiciones que está ofreciendo el Grupo Q a los demandantes de vivienda pública que les está enviando la empresa municipal Procasa como presuntos aspirantes a una de las 55 VPO en régimen de venta a precio limitado que la promotora privada construye en un edificio que se llevó años a medio hacer en el barrio de Los Chinchorros, muy cerca del cementerio de San José.

Las condiciones son tan inasequibles para estas familias, muchas con niños a su cargo, que se han visto obligadas a rechazar la vivienda que llevaban esperando desde hace hasta dos décadas. La primera que les ofrece la empresa pública municipal en 20 años. Se trata de núcleos familiares en los que trabajan los dos miembros de la pareja, ingresando salarios de entre 1.200 y 1.600 euros al mes con los que de ningún modo pueden afrontar una inversión como la que les están planteando.