El PSOE pide un parque público de viviendas más potente en Cádiz
Óscar Torres evidencia que el gobierno de Bruno García no avanza en la obtención de financiación para nuevas promociones
Afirma que el gobierno local "va a remolque" en el problema de los pisos turísticos
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“Si realmente la vivienda fuera la prioridad para Bruno García como alcalde de Cádiz, podría haber hecho algo similar a lo que han hecho compañeros suyos en otras ciudades, que no fue otra cosa que destinar el remanente de tesorería (10 millones de euros) para construcción de vivienda pública en alquiler. Mientras, en Cádiz se han destinado más de 15 millones del remanente de tesorería a pagar deuda a los bancos, en lugar de destinarlos a expropiar solares y fincas abandonadas para construcción de vivienda pública en alquiler”.
Con esta rotundidad inicia Óscar Torres, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, su reflexión sobre la vivienda en Cádiz.
Por lo pronto advierte que la ley estatal de vivienda da a las administraciones locales, a través de las comunidades autónomas, herramientas para controlar el precio del alquiler. “Sin embargo, el PP en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento se está negando a aplicar esta norma que da la posibilidad de declarar Cádiz como zona tensionada, votando en contra de su puesta en marcha”.
Defiende el portavoz socialista la necesidad de “reservar cupos de vivienda pública en alquiler no solo para las personas con falta de recursos, sino también para jóvenes con empleo que se están yendo a vivir a otras localidades de la bahía”.
En este sentido, considera esencial contar con un amplia parque público de viviendas ya que “solo así se podrá influir desde el Ayuntamiento en el mercado de alquiler. Es absurdo desprenderse de vivienda pública, como actualmente vuelve a hacer PROCASA, porque esas viviendas terminan pasando al mercado privado, al que no pueden acceder la mayoría de gaditanos”.
También se afirma que el “equipo de gobierno no ha sido capaz de mejorar ni de aplicar la actual ordenanza de alquiler justo”.
Respecto a los planes de construcción de nuevas viviendas municipales en la ciudad, destaca que “el actual equipo de gobierno publicita proyectos para un total de 100 nuevas viviendas, pero la realidad es que 93 viviendas estaban ya iniciadas con el anterior equipo de gobierno mientras que solo siete corresponden al Partido Popular. Además, estas viviendas son posibles gracias a los fondos europeos que el PP intentó bloquear”.
Concluye Óscar Torres afirmando que “resulta una evidencia que el Ayuntamiento debe apoyarse en el resto de administraciones para conseguir la financiación para nuevas viviendas púbicas. Somos conscientes que los recursos de la administración local son limitados en este aspecto, por ello el alcalde debe lograr lo que otros alcaldes de su partido están consiguiendo como es, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Málaga, que ha conseguido este pasado mes de agosto una subvención especial por parte de la Junta de Andalucía de más de 22 millones de euros para cofinanciar la construcción de 476 viviendas públicas”.
Las viviendas turísticas
El PSOE gaditano considera que el Ayuntamiento de Cádiz “va a remolque en esta cuestión. Bruno García no es capaz de ser contundente. De hecho anuncia como novedad la paralización de licencias en el casco antiguo, cuando es algo que existe desde que se aprobó el cambio de la normativa en el Ayuntamiento en 2022 a la que, por cierto, el PP votó en contra”. Curiosamente, la aprobación de esta norma se retrasó durante meses ya que el grupo socialista de aquella etapa no quiso apoyar el plan propuesto por el edil Martín Vila, creando graves tensiones entre las dos fuerzas. Finalmente, dio su apoyó lo que pertió sacarla adelante.
Óscar Torres, actual portavoz del grupo socialista, reclama al gobierno local del PP “la paralización urgente de la concesión de licencias para VUT (viviendas de uso turístico) en toda la ciudad y la aplicación de medidas impositivas que resten interés económico a los propietarios respecto a una vivienda en régimen de larga duración”.
Junto a ello, se pide también un notable incremento en la labor inspectora en materia urbanística y de consumo acompañada de sanciones a los que incumplan la norma.
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