Una queja de taxistas de Cádiz al Defensor del Pueblo Andaluz ‘obligó’ a cambiar la nueva ordenanza municipal

Cádiz/Una queja interpuesta por Juan José Moguel, portavoz de la Asociación de Asalariados del Taxi de Cádiz, ante el Defensor del Pueblo Andaluz y los posteriores requerimientos de información de la institución obligaron al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz a modificar el proyecto de nueva ordenanza del servicio del taxi antes de que se aprobase de manera inicial por el Pleno el pasado 29 de abril.

Este cambio, que pasó entonces inadvertido incluso para los miembros del colectivo, recoge entre los requisitos para obtener un certificado municipal de aptitud para la conducción de un vehículo con licencia de auto-taxi “carecer de antecedentes penales relativos a delitos cometidos con ocasión o con motivo del desarrollo de la prestación del servicio público de auto-taxi”. Sin embargo, en el proyecto de ordenanza se exigía “no estar condenado por sentencia firme por delito doloso”, un requisito que estaba siendo interpretado como no haberlo estado nunca por ningún tipo de delito, pese a haber cumplido condena.

El hecho que ha puesto de manifiesto ahora este cambio es que hace unos cinco días el Ayuntamiento concedió el certificado de aptitud a un taxista asalariado a quien llevaba meses denegándoselo por constar en el Registro General de Penados por un delito por el que ya cumplió condena, cuando lo que establece la ordenanza vigente es no estar sentenciado en el momento de la renovación. Obviamente no se trataba de ningún delito relacionado con abusos sexuales, ni con violencia de género ni de otro tipo. Ni uno cometido en el ejercicio de su labor, actos delictivos todos los anteriores cuyos autores –como consideran de manera unánime los propios taxistas– deben quedar fuera del servicio, sino de uno relacionado con un accidente de tráfico sufrido con su vehículo particular.

De hecho, un portavoz municipal aseguró a este periódico el pasado mes de marzo que el equipo de Gobierno “estaba dispuesto a retirar del borrador la exigencia expresa del certificado de antecedentes penales”, pero que habían “animado a los asalariados del taxi a que recurran al Defensor del Pueblo Andaluz para así tener mayor garantía y seguridad jurídica de esa modificación”.

Pues bien, el Defensor del Pueblo Andaluz emitía ayer mismo una resolución al respecto que contempla una “recomendación para que se proceda a dejar sin efecto la exigencia de carecer de antecedentes penales para la obtención del permiso municipal de conducción de auto-taxi en las bases para la obtención del mismo [...] a fin de evitar una discriminación que debe entenderse expresamente prohibida por la Ley y que obstaculiza la reinserción social y el acceso al trabajo de personas que, más acusadamente por tener antecedentes penales, sufren la actual dificultad de acceso al mercado laboral”.

“Todo ello con la finalidad de suprimir una decisión administrativa que supone un tratamiento discriminatorio a personas que ya han cumplido las penas que les fueron impuestas, promoviendo así una actitud social de solidaridad y apoyo a estas personas que tienen una manifiesta voluntad de reinserción en el seno de la sociedad”, añade el Defensor. Además, la institución hace otra “recomendación para que la modificación de la Ordenanza Reguladora del Taxi en tramitación sea acorde con la recomendación anterior”.

No obstante, el 10 de mayo pasado, desde el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento ya habían comunicado al Defensor del Pueblo Andaluz que ya se había efectuado el cambio en el texto aprobado el 29 de abril, en respuesta a un requerimiento de un informe jurídico por parte de la institución que tuvo entrada en el Consistorio el 18 de abril.

Juan José Moguel, presidente de la Asociación de Asalariados del Taxi, denunció y lamentó en declaraciones a este periódico que “el Ayuntamiento haya denegado durante meses a un trabajador un permiso al que tenía derecho y, en consecuencia, haya dejado a su familia sin ingresos todo ese tiempo”.