La quincena judicial de Kichi

Podemos olvidó, al poco de llegar al poder en junio de 2015, esas asambleas ciudadanas a las que iba a someter su gestión y que incluso abrirían a posibles dimisiones y destituciones si lo pedían esos ciudadanos. Pero de alguna forma, esa gestión está siendo aprobada de manera periódica por los tribunales, donde el alcalde de Cádiz viene revalidando las victorias que ya le dieron las urnas en 2015 y 2019. Esta semana recibía la última buena noticia de los juzgados: el Tribunal Supremo desestimaba la denuncia de Teófila Martínez e Ignacio Romaní por las declaraciones de González respecto a la gestión del agua de Loreto en 2014.

Tras conocer la sentencia ha hecho Kichi memoria y ha recordado que son catorce, nada menos, los procesos judiciales a los que se ha enfrentado desde que es alcalde de la ciudad. Catorce causas abiertas contra su gestión por los partidos de la oposición o por asociaciones y entidades ajenas que han sido tumbadas, una detrás de otra, por los tribunales.

Esto puede significar, sin duda, que esa imagen que la oposición ha querido proyectar de un Ayuntamiento que está gestionando al margen de la ley o de un alcalde que se salta la normativa (aprovechando su condición de anticapitalista, quizás) se diluye, porque una y otra vez, hasta catorce, los tribunales han dado la razón a González y a su gestión.

La denuncia de Martínez y Romaní por el caso Loreto (que, todo hay que decirlo, ha quedado en tablas después de años de peleas en los tribunales, ya que ni la ex alcaldesa ha sido condenada por mala gestión de aquella crisis ni el alcalde lo ha sido por las acusaciones vertidas en su día contra los dos mandatarios populares) se une a anteriores causas abiertas por el PP, como la denuncia por el alumbrado de Navidad de 2016 (cuando el contrato fue ampliado después de adjudicarse mediante unos pagos que asumió Eléctrica de Cádiz), por falta de información, por la remunicipalización de los servicios de playa (elevada, en este caso, contra el presidente de Cádiz 2000), o por unos altercados en el Carranza en los que participó el alcalde.

A estas causas, según el resumen que ha hecho público el propio alcalde, se suman las abiertas por el PSOE (“por la remunicipalización a través de la Subdelegación del Gobierno”, o por el uso de instalaciones de la Autoridad Portuaria para acoger inmigrantes en 2018, según indica Kichi) y por Ciudadanos (por los chiringuitos o por la cesión gratuita de espacios en la Casa de Iberoamérica). Así como por otras entidades, como la Asociación de Abogados Cristianos (por el uso de la bandera LGTBI) o la Acom (por la cancelación del ciclo de cine israelí).

Desestimada, archivada o retirada han sido las conclusiones de estas catorce causas que ha señalado el alcalde respecto a su paso por los tribunales en estos seis años. No obstante, olvida Kichi que aún tiene una última -por el momento- batalla judicial abierta: la interpuesta por el exconcejal popular José Blas Fernández, que le acusa de no facilitar información y no responder a más de 60 preguntas que le remitió en los cuatro años que coincidieron en la Corporación.

Esta causa está siendo analizada actualmente por el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, pendiente de un informe que se ha solicitado a la Secretaría General del Ayuntamiento sobre el por qué de esas preguntas sin resolver. Y con ello se expone el alcalde a una pena de inhabilitación, como ya le ocurriera a la alcaldesa de Puerto Real hace unos años por esta misma cuestión. Así que Kichi saca pecho estos días por haber vencido en dos elecciones municipales y en catorce procesos abiertos contra su gestión; pero aún le falta una última causa abierta para redondear la quincena judicial.