Reclaman 7 millones de euros al Ayuntamiento de Cádiz por la limpieza

Los problemas en relación a la limpieza parecen acumularse en el Ayuntamiento. A una carencia real de limpieza en la calle, entre otras cosas motivado por la falta de implantación de la nueva maquinaria al 100%, que aún se retrasará varios meses, se le une otra amenaza de carácter económico. La anterior adjudicataria del servicio, la UTE que formaban Cointer y Valoriza (Sufi Cointer) reclama al Ayuntamiento nada menos que 7 millones de euros en concepto de indemnización por las pérdidas económicas que habría tenido que asumir durante los años de prórroga que ha seguido prestando el servicio.

Conviene recordar que la limpieza viaria de la ciudad y la recogida de basuras se realizó fuera de contrato desde el 1 de agosto de 2016; los dos primeros años mediante las prórrogas que permitía el contrato, y a partir de ahí (1 de agosto de 2018) por imperativo debido a la importancia de un servicio esencial sin el que la ciudad se enfrentaría a graves problemas de salubridad, de higiene y sanitario.

Durante todo este tiempo, la empresa siguió recibiendo la misma contrapartida (alrededor de 1,3 millones de euros al mes), entre otras razones porque la legislación, como así recogen los pliegos que establecen las condiciones para contratar este tipo de servicios, impide alterar el precio una vez cumplido el contrato. Pero Sufi Cointer considera que ese importe está completamente desfasado teniendo en cuenta las subidas de precios en prácticamente todo lo concerniente al servicio: plantilla, con la que recientemente se acordó una mejora salarial y laboral; combustible de los vehículos; productos de limpieza; suministros de las distintas sedes… Todo ello acrecentado por las ya conocidas variaciones del mercado, siempre al alza, que se han sucedido en los últimos meses a tenor de la pandemia, los conflictos armados, el precio del petróleo y demás condicionantes que afectan de manera directa también a la prestación de servicio de limpieza y recogida de basuras.

Por tanto, esos 7 millones que según ha podido saber este periódico reclama la anterior concesionaria vendrían a suponer una partida de 129.629,63 euros mensuales a esos 1,3 millones que percibía la empresa. Y es que no se puede olvidar que fuera de contrato y de prórrogas, Sufi Cointer siguió prestando servicio en Cádiz nada menos que cuatro años y medio; 54 meses en los que la empresa considera que ha perdido capacidad económica ante la falta de actualización de precios, pues se retiró en febrero de 2023 con el precio que había sido firmado en el año 2006 (además de las posteriores variaciones que se fueron realizando conforme avanzaba el contrato, tal y como estipulan los pliegos y la legislación).

El Ayuntamiento niega esta reclamación económica, entre otras cuestiones porque se considera que la empresa ha seguido percibiendo el 100% del precio del contrato una vez superado el período de amortización de la flota de vehículos y maquinaria. Es decir, que durante los primeros diez años de servicio una parte del dinero que percibía Sufi Cointer se destinaba al pago de todo el parque móvil de la limpieza y la recogida de basuras; pasado ese tiempo que fijaba el contrato de amortización, esa partida ha pasado directamente a la empresa, lo que compensaría el encarecimiento de otros conceptos.

En cualquier caso, serán los tribunales quienes decidan ahora respecto a esta reclamación económica. Otro problema judicial relacionado con el servicio de la limpieza y motivado por ese más que considerable retraso en la tramitación del nuevo contrato que se esperaba desde el verano de 2016 y no llegó a término hasta finales de 2022. 

Y es que conviene recordar que esta millonaria reclamación de cantidades se suma a los recursos -cuatro como mínimo- que tienen presentados las empresas y el propio Ayuntamiento en la vía contenciosa por los problemas que surgieron durante la licitación del actual contrato. Varias causas que dependen de los tribunales y que generan cierta incertidumbre ante las consecuencias que puede acarrear un fallo contrario a los intereses del Ayuntamiento.