El recorte de 135 millones abre una guerra entre los rectores y la Junta

La reunión telemática del consejero de Universidades, Rogelio Velasco, con los rectores de las diez públicas de Andalucía dejó una cosa clara y es que el clima de tensión entre la Administración regional y los líderes de las universidades es muy alto. El encuentro tenía que servir para ver de qué manera va a afectar a cada una el recorte de 135 millones de euros en el presupuesto de cada una de las instituciones educativas pero acabó con una guerra abierta entre las dos partes.

Los rectores han decidido plantarle cara a la Junta de Andalucía y eso se pudo reflejar claramente en la reunión mantenida el jueves, donde incluso se negaron a votar las propuestas que puso encima de la mesa el consejero, ya que entendían que el reparto y cómo debe afectar a cada universidad es una decisión que debe tomar la administración autonómica y no los propios rectores: “No vamos a ser cómplices de esa decisión”, decía este viernes el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, en conversación con este periódico.

Cabe recordar que la pasada semana la Junta anunció la creación de un Fondo de Contingencia de 700 millones de euros para medidas relacionadas con los efectos causados por el Covid-19. De estos 700 millones, 135 iban a salir de los presupuestos destinados a las universidades, prácticamente un 20% del total de ese fondo. Este porcentaje no se corresponde al total de lo que ese presupuesta en la Junta de Andalucía, ya que las universidades sólo suponen el 3,5% del total.

La Junta mantiene la tesis de que no es un recorte sino un ajuste y que ha tomado una serie de medidas de compensación para mitigar los efectos de esos 135 millones de euros. Uno de ellos es que podían hacer uso de los remanentes no afectados, es decir, un dinero que ha ido acumulando cada una de las universidades pero del que sólo pueden echar mano bajo la autorización de la Junta. Eso, a juicio de los rectores, es compensar este recorte con los propios ahorros de las universidades. En esto también hay que tener en cuenta que las universidades de Córdoba, Huelva y la Pablo Olavide no tienen remanentes no afectados.

Por otro lado, las medidas compensatorias alcanzaban al saldo de una deuda de 126 millones que la Junta mantiene desde hace años y el permiso para inversiones de otros 125.

Sin embargo, el quid de la cuestión en la reunión de este jueves estaba en saber cómo iba afectar a cada una de las universidades el bocado que se les iba a dar en los presupuestos y también qué criterio iba a ser el que se iba a seguir.

Piniella relata que encima de la mesa se pusieron tres posibilidades. La primera es que el recorte se hiciera en función del volumen de dinero de remanentes no afectados que tiene cada universidad. En el caso de Cádiz, hay que recordar que tiene en la actualidad unos 50 millones de euros por este concepto.

La segunda es tomar como referencia el presupuesto total que tienen cada una de ellas. Y después había una tercera mixta que mezclaba las dos primeras.

Piniella asegura que cada una de las universidades quiere la fórmula que le afecte menos económicamente.

Sin embargo, la tesis de Piniella es que “nos gustaría que la Junta se planteara si esta es la única posibilidad que existe de obtener estos fondos”. En este caso, cree que “se deben replantear estos recortes porque hay otras soluciones”. En este caso el rector de la UCA no niega que las universidades también sean solidarias en este apartado “pero en la proporción que nos corresponde desde el punto de vista presupuestario”.

Ahora mismo la postura de los rectores es de unidad y, por ello, pese a que el consejero trató de que se votara una de las tres propuestas, los rectores le dejaron claro que no iban a hacerlo. Eso generó una tensión enorme, ya que Velasco no esperaba encontrar esa postura enfrentada con los rectores andaluces.

Esa unidad no es una cuestión baladí ya que en muchos casos las universidades tienen que competir unas con otras a la hora de sacar fondos, cada una de ellas con unas necesidades y con unas realidades muy distintas las unas de las otras.

“Esta medida no nos parece bien, pero sobre todo pensando en el futuro. Nos vamos a quedar sin capacidad financiera”, explica Piniella, pues aunque ahora mismo los remanentes afectados que hay en la Universidad de Cádiz son de 50 millones, “es el segundo año que habría que tocarlos”.

Un aspecto que ha molestado especialmente a los rectores es que esta medida se les ha dado una vez que la decisión ya se había tomado en el Consejo de Gobierno: “Él es el consejero de Universidades y en ese ejecutivo es el que tenía que haber peleado por nuestras instituciones”.