La respuesta de la concejala Maite González al sindicato Autonomía Obrera

El gobierno de Bruno García ha salido al paso de la polémica que ha generado el requerimiento de nulidad o de subsanaciones al Acuerdo Regulador de la plantilla del Ayuntamiento de Cádiz aprobado el pasado mes de mayo por parte de la Junta de Andalucía. La concejala responsable de Personal, Maite González, ha querido aplacar los ánimos del sindicato Autonomía Obrera y matizar algunas de las consideraciones que lanzaban este martes.

"No hace falta lucha ninguna. Lo que quieran los representantes de la plantilla contestar a Función Pública es lo que se va a contestar", ha querido dejar claro la concejala, que insiste en que la respuesta que se otorgue a la Junta de Andalucía será la que acuerden los sindicatos firmantes del Acuerdo Regulador, sin que desde el gobierno local se vaya a poner objeción ninguna. Eso sí, puntualiza González que esos mismos sindicatos tendrán que asumir "las consecuencias de no responder a esas alegaciones o responder negativamente" a ese requerimiento.

"El equipo de gobierno no va a negociar políticamente nada, porque tanto el requerimiento como la respuesta al mismo es un trámite jurídico técnico que consiste en intentar demostrar que lo acordado cumple o no con la normativa autonómica y estatal en materia laboral. No hay discusión política alguna al respecto. O los artículos cumplen o no cumplen", ha trasladado de manera contundente la concejala, rechazando así esa posible utilización política del Acuerdo Regulador que achacarían tanto el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento como la oposición. De hecho, afea las indicaciones lanzadas al respecto de que el requerimiento venga firmado "por una exconcejala de este Ayuntamiento" -en referencia a Mercedes Colombo- lo que considera que "no es más que una insinuación falta de rigor".

Ahondando en esta ausencia de politización de estos reparos que se han levantado contra el Acuerdo Regulador, indica Maite González que los propios sindicatos conocen que el informe de la Junta "es un trámite preceptivo que realiza como organismo encargado de fiscalizar los acuerdos y convenios laborales de todas las administraciones públicas" y, tal y como apuntaba el martes el alcalde, Bruno García, recuerda que ha ocurrido lo mismo con otros ayuntamientos cercanos "y en años anteriores los acuerdos de Chiclana o San Roque han sido requeridos igualmente con una Junta de Andalucía de otro color político".

Informa la concejala que los sindicatos tienen ahora un plazo de 15 días, según se acordó en la reunión que mantuvieron el pasado viernes, para estudiar el expediente de la Junta -"que no es un requerimiento político, sino técnico y jurídico", insiste- y acordar la respuesta que se le dará a la administración autonómica. Y a este respecto, sí advierte a la totalidad de los funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz que la no contestación a la Junta de Andalucía o la contestación negativa -"el Acuerdo Regulador se va a llevar a cabo tal cual sí o sí", manifestaba Autonomía Obrera- "ha motivado la interposición de una demanda en el Contencioso Administrativo que, en algunos casos, ha concluido con la anulación vía sentencia de los artículos o disposiciones requeridas".

Desmentidos al comunicado de Autonomía Obrera

También ha querido Maite González aclarar algunas afirmaciones lanzadas por el sindicato. En primer lugar, ha desmentido la concejala que "en ningún momento en la reunión con los sindicatos que convoqué de urgencia para dar traslado de este requerimiento manifesté que el mismo fuera una chapuza, ni nada similar", como aseguraba el sindicato en su comunicación.

Además, ha rechazado también la posibilidad de que el grupo popular haya filtrado el requerimiento a la prensa (que también era atacada por este sindicato, contrario a los titulares publicados al respecto). "La hipótesis de una filtración que beneficiara al actual equipo de gobierno es infundada", ha asegurado Maite González, que ha querido aclarar todas estas cuestiones tras las afirmaciones vertidas por Autonomía Obrera respecto a la situación derivada del nuevo Acuerdo Regulador de la plantilla municipal.