El retraso del pliego de autobuses ya cuesta 12 millones de euros al Ayuntamiento de Cádiz

Los presupuestos del Ayuntamiento destinan una partida de dos millones de euros destinada al desarrollo del servicio de transporte urbano (1.940.000 euros, en concreto, en el presupuesto vigente); cifra que al final se ve duplicada por un concepto que se arrastra año tras año y que cada vez recibe más críticas: el déficit de explotación. Es decir, una suerte de compensación económica que garantiza a la empresa prestataria del servicio cubrir todos los gastos relativos al ejercicio culminado y además embolsarse un 15% en concepto de beneficio industrial. Este déficit de explotación tuvo en el pleno de abril su último capítulo, cuando se acordó el pago de 2.173.761,90 euros a la empresa Tranvía por el ejercicio de 2018.

Es decir, que a los 2 millones de euros presupuestados en cada ejercicio se le suman otra media de 2 millones anuales por ese déficit de explotación; partida que se eleva, por tanto, hasta los cuatro millones de euros al año para el servicio de transporte urbano. Un gasto contundente que eleva la puesta en marcha de los autobuses hasta el segundo contrato del Ayuntamiento por volumen económico, por detrás de la limpieza viaria y recogida de basuras.

Teniendo en cuenta estos datos, desde el PSOE se llama la atención de que en el período de gobierno del actual equipo liderado por José María González Kichi son ya 12 millones de euros los que la ciudad ha perdido y que podrían haberse destinado a otros proyectos que precisamente ahora están pendientes de Europa para poder salir adelante. Así lo defiende la portavoz socialista, Mara Rodríguez, que se posiciona en contra del último reconocimiento económico hecho a favor de la empresa Tranvía.

Recuerdan desde el PSOE que esos 2,1 millones de euros reconocidos en el último pleno municipal se suman a los 1.969.098,52 euros que se abonaron en octubre de 2020 en concepto de déficit de explotación de 2017, los 2.028.311,60 euros abonados en junio de 2020 por el año 2016, y los 2.082.028,13 euros que se pagaron en junio de 2018 para el déficit de explotación de 2015.

Es precisamente este año 2015 el que marca un antes y un después en el servicio de autobuses urbanos, ya que desde esa fecha debía estar en vigor el nuevo contrato de transporte, que a día de hoy sigue en fase de redacción del pliego de condiciones, tal y como volvió a explicar el concejal de Movilidad, Martín Vila, en el pleno del 30 de abril. Dicho de otro modo, que si el Ayuntamiento hubiera licitado ya el contrato de transporte urbano, no se habrían destinado esos 12 millones de euros que suman los déficits de explotación ya reconocidos desde 2015 (a los que habrá que sumar en el futuro los ejercicios 2019, 2020 y, por ahora, también 2021).

“El equipo de gobierno ha vuelto a traer sin pudor el déficit de explotación, ahora de 2018. Y cada vez que lo hace son dos millones de euros que se pagan de las arcas municipales, dos millones que se podían destinar a otros proyectos de ciudad, y que el alcalde paga a Tranvía por no hacer su trabajo”, se queja Mara Rodríguez. Desde el gobierno municipal se defienden siempre de las críticas recordando que el transporte urbano nunca ha tenido un contrato, y que la redacción del primero está siendo más dificultosa. “Pero esa excusa de 60 años sin pliego no puede seguir utilizándola el alcalde, porque él se comprometió antes de llegar a la Alcaldía y durante el tiempo que lleva de alcalde a traer un pliego de transporte que se adecúe a las necesidades de la ciudad, y no lo ha hecho”, recuerda la edil socialista, que además acusa a González de mentir, “porque cada vez que se ha preguntado ha dicho que estaba a punto de hacerse, a punto de salir, pendiente de perfilar puntadas…”. “Todo eso es mentira, una mentira que nos cuesta ya 12 millones de euros”, ha añadido.

En este punto, conviene recordar que uno de los grandes problemas que tiene el déficit de explotación que se sigue abonando a la empresa de autobuses radica en el beneficio industrial, fijado actualmente en el 15%; un porcentaje que se considera especialmente elevado pero que es el que está en vigor hasta que se elabore ese pliego que reclama la oposición y que sigue sin salir a licitación desde que el actual convenio caducase en el año 2015.

“¿Qué se podría haber hecho con ese dinero? Atendiendo únicamente a los proyectos que el propio Ayuntamiento ha presentado para los fondos Next Generation, podríamos contar con un nuevo pabellón Portillo, con un plan integral de eliminación de barreras arquitectónicas para el casco histórico, con el plan de rehabilitación de recintos amurallados, el centro integral de 24 horas para víctimas de la violencia de género, una escuela de artes escénicas en condiciones, el sistema público de alquiler de bicicletas en marcha, la consolidación de la lonja municipal, o la oficina de inversores y de apoyo al comercio. Todo eso se podía haber hecho si hubieran cumplido con su trabajo”, lamenta Mara Rodríguez, que insiste en que todas ellas “son oportunidades perdidas porque este equipo de gobierno prefiere perderse en eslóganes en lugar de trabajar por la ciudad”.