El salvavidas de Zona Franca a Quality Food

Un juicio tan complicado de seguir por lo técnico, incluso para el propio tribunal, empieza a repetir determinadas ideas conforme van avanzando los días y una vez que han comparecido todos los acusados y algunos de los testigos. Una de ellas es que la Zona Franca se encontraba en una situación mucho peor de la que había cuando todavía no contaba con la mayoría en Quality Food, la empresa alimenticia que fundara Manuel García Gallardo, hoy sentado en el banquillo de los acusados. El 23 de diciembre de 2003 se tomó la decisión de tomar la mayoría de la empresa y pasar del 24% de las acciones que tenía hasta ese momento, al 52%. Con ello se inyectó dinero a una empresa que iba camino de la quiebra, según lo dicho en la jornada de este miércoles por el abogado del Estado Manuel Ponce, y no de la suspensión de pagos como se creía en un principio.

A partir de entonces se empiezan a topar con una realidad que es mucho peor de lo que pensaban aunque hay ya personas que tienen sospechas e, incluso, evidencias, de que las cosas no van tan bien mucho antes de que se tome esa decisión de adquirir a través de Sogebaq la mayoría de las acciones.

Nuria Navarro era la directora financiera de Quality Food en la fecha que se juzgan los hechos. De hecho sabe que, tal y como ha declarado ante el Tribunal, que “Zona Franca nos socorría cuando la empresa necesitaba liquidez para poder pagar las nóminas”. Por la tarde, Manuel Ponce, abogado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, y que es el que propone la solución para poder hacerse con las acciones de Quality, dijo que eso fue “un salvavidas” para la empresa alimenticia.

Navarro tenía malas sensaciones y sabía que, pese a la falta de liquidez que hay, Deloitte hizo un plan de expansión que implicaba la apertura de fábricas en otros puntos de España, “una situación que no era nada realista”.

Afirma que en ese momento, cuando la empresa estaba todavía gestionada por García Gallardo, “no detecté irregularidades sino que son sensaciones de que las cosas no se estaban haciendo bien, pero era una opinión personal”. Una de las cosas que le dice a García Gallardo es que “Quality necesitaba dinero de la Zona Franca para funcionar todos los meses”.

Hay otro asunto y es que había un certificado de una transferencia que aparecía en los apuntes contables pero el dinero no estaba en el banco. Precisamente una de las acusaciones de la Fiscalía es que se pudo hacer estas certificaciones que demostraban que García Gallardo había ido a una ampliación de capital sin que realmente lo hiciera.

Todo ello hizo que llegara a presentar incluso la dimisión a Manuel García Gallardo y le llevó a tener una conversación con Miguel Osuna, que le dijo que hablaría con el fundador de Quality.

Asimismo, hizo su propia investigación y veía que había muchas transferencias entre las propias empresas del grupo de unas a otras haciendo una especie de círculo hasta que acababan en otras compañías que ya no estaban en el grupo Quality.

Una de las cosas que se pudo ver también es que se preparaban unas cuentas para presentarlas al Consejo, en mejor situación, y otra “real” donde aparecían las pérdidas fieles que tenía la empresa. Precisamente la defensa de Osuna trató de explotar esta situación y afirmó que si las del consejo eran las que veía, no podía saber realmente la situación de la empresa.

El 23 de diciembre es el momento en el que se desata las cajas de los truenos. Ese día el comité ejecutivo decide hacerse con la mayoría de las acciones y llegar a un acuerdo con García Gallardo para que se haga una valoración de la empresa a través de dos auditoras de reconocido prestigio, una a elegir por la Zona Franca y la otra por la empresa García Gallardo. Los primeros eligen a Deloitte, pero esta les advierte de que tiene una incompatibilidad, y finalmente la hace Ernst & Young. Se daba un plazo para que las partes eligieran a su empresa, pero García Gallardo no elige a ninguna, por lo que la Zona Franca contrata a Price Waterhouse. La primera sale negativa y la segunda es positiva.La media entre las dos sería el valor de las empresas y, por lo tanto, es lo que determinaría si las acciones pasaban sin coste alguno a la Zona Franca o habría que pagar.

Desde entonces Ponce asegura que se empieza a descubrir una situación mucho peor de la empresa y destaca “el inmenso trabajo” que hizo el también acusado José Manuel Fedriani, jefe de gabinete de Osuna, a la hora de investigar la situación y también para proponer diversas soluciones.

En el pleito que acaba en el Mercantil cuando García Gallardo decide ejecutar el acuerdo por el que la Zona Franca se debe hacer con el 100% de las acciones, descubren que el informe de valoración de Ernst & Young es en verdad uno de constatación de hechos “y además el auditor nos dijo que eso es lo que le había encargado Osuna”. Eso los dejó en una situación muy débil en el juicio y acabó con un nuevo informe mandado por el juzgado que hace también una valoración al alta de la empresa: La conclusión: una sentencia por la que había que abonarle 13 millones de euros a Manuel García Gallardo que ahora mismo está suspendida a la espera de este pleito.

¿Y por qué, a su juicio, acaba Osuna denunciado en la ampliación de la querella de la Abogacía del Estado? Aunque este pleito lo lleva su compañero, afirma que el ex delegado “ocultó información” al comité ejecutivo. Así, relata que éste decía que la última valoración de prima de emisión era de marzo de 2003 “cuando había otra de Isasa Gallery de octubre y era muy inferior a la que se utilizó en el acuerdo de 2003 y se perjudicó a la Zona Franca”.