“No ha quedado acreditada responsabilidad alguna” de Osuna en Quality Food

Cádiz/La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha absuelto al ex delegado de la Zona Franca de Cádiz entre los años 2000 y 2004, Miguel Osuna, de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración por el caso Quality Food, por el que la Fiscalía pedía una pena de 10 años de prisión.

Osuna sale de este modo indemne de los dos procesos en los que se vio envuelto durante su gestión. El primero de ellos fue el de Rilco, la plataforma de comercio electrónico con Iberoamérica que impulsó su antecesor en el cargo, Manuel Rodríguez de Castro, actualmente en prisión tras ser condenado a ocho años de cárcel.

Sobre Miguel Osuna se dice en la sentencia que “no ha quedado acreditada responsabilidad alguna” en los delitos que se le acusaba y se descartó que pudiera tener connivencia o que hubiera establecido una trama con Manuel García Gallardo para defraudar.

La sentencia no ha tenido unanimidad entre los tres miembros del tribunal. Al ponente Miguel Ángel Ruiz Lazaga se le ha unido Juan José Parra Calderón, mientras que el presidente de la Sección, Manuel Grosso de la Herrán, ha realizado un voto particular al discrepar de sus compañeros y entender que Miguel Osuna debía haber sido declarado culpable por malversación de caudales públicos.

Diez años es la pena que se le ha impuesto a Manuel García Gallardo, el fundador de la empresa de alimentación Quality Food, que ha sido el principal damnificado en la sentencia.

El empresario, que acudió ayer personalmente acompañado de sus abogados para recoger la sentencia, divide su condena en cuatro años y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de estafa agravada en concurso medial con el de falsedad en documento mercantil.

Otros tres años de prisión son por un delito de apropiación indebida en concurso real con otro de falsedad documental y el pago de una multa de 9.000 euros. El tribunal también ha establecido otros tres años y 8.400 euros de multa por apropiación indebida agravada. En total tendrá que abonar 22.800 euros en concepto de sanciones.

Asimismo, Manuel García Gallardo tendrá que indemnizar a la empresa con 594.828,89 euros. García Gallardo salió acompañado de sus abogados muy contrariado tras recibir una sentencia que distaba mucho de su proclamación de inocencia con la que llegó en el mes de marzo a este edificio judicial.

La de García Gallardo no ha sido la única condena.

Víctor Ocaña Ferrera, que aparecía como actor secundario en esta trama, ha sido declarado culpable de un delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad en documento mercantil.

Ocaña era director de una sucursal bancaria del BBVA en San Fernando, donde García Gallardo y algunas de las empresas de éste, tenía algunas de sus cuentas.Según lo que aparece en la sentencia, este empleado de la banca firmó unos justificantes que sirvieron a Manuel García Gallardo para aparentar que había realizado unas ampliaciones de capital que realmente nunca se produjeron.

Todo esto se hizo mediante una complicada ingeniería financiera que el ponente de la sentencia llegó a reflejar que el empresario se comportara como “un trilero”. Ocaña también va a tener que pagar una multa de 5.400 euros.

La defensa de este hombre trató de que se le quitara la imputación porque creía que el delito había prescrito, aunque el tribunal rechazó esta circunstancia.

Tanto el director de la sucursal bancaria como el fundador de la empresa tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a Quality Food Alimentaria en la cantidad de 367.655 euros.

Esta condena también se hace extensible a Ana Gallardo Ramírez, madre del principal condenado, como partícipe a título lucrativo y en el porcentaje en que resultó beneficiada en esta operación.

Para los dos condenados se han aplicado las dilaciones indebidas, teniendo en cuenta que ha sido un proceso que se ha prolongado durante 15 años. El tribunal entiende que la instrucción ha sido muy complicada, entre otras cosas, porque ha habido dos ampliaciones de querella, pero a pesar de ello considera que había que rebajar las penas.

Ana Gallardo tendrá responsabilidades civiles pero no penales, pese a que la Fiscalía pedía para ella 14 años y siete meses de prisión. El tribunal estima que su papel fue la de “confiar ciegamente” en todo lo que hacía su hijo y que no tenía los conocimientos ni la formación necesarias para tener un conocimiento de los hechos juzgados.

El otro cargo público que se salva de la quema y que ha resultado absuelto es José Manuel Fedriani, que fue jefe de gabinete durante el mandato de Miguel Osuna como delegado del Estado. Fedriani también se enfrentaba, como su jefe, a una pena de prisión de diez años. En la sentencia se refleja lo que se apuntaba durante la celebración del juicio y es que esta persona sólo se enteró de las irregularidades de Quality Food una vez que Zona Franca se hizo con la mayoría de las acciones, que realizó un informe sobre las mismas y que todos los testigos coincidieron en que no obstruyó a la justicia.

El último de los acusados que ha quedado libre es Rafael Borrego Patrón, que tenía un papel de testaferro en la empresa Operativa de Inmuebles, también propiedad de Manuel García Gallardo. Este compañía facturó a Quality Food unos movimientos de tierras y pilotajes para la nueva fábrica de Quality Food que realmente nunca se hicieron. Ese pago sirvió como compensación para no tener que desembolsar dinero en una ampliación de capital por parte del empresario. A Borrego se le atribuye, tal y como dice la sentencia, el papel de “tonto útil”, porque no recibió dinero por ello, su actividad profesional estaba en la provincia de Córdoba y ni siquiera firmó la factura que se le imputaba.

En la sentencia se reconoce que en la actuación de Miguel Osuna “hubo un cierto grado de irregularidad”, ya que entre otras cosas no informó hasta meses más tarde al comité ejecutivo de la Zona Franca de una ampliación de capital que había quedado en suspenso hasta que no se llevara a cabo una auditoria de Quality Food. No obstante, se establece que la información que le llegaba por parte de Quality Food “era maquillada” por el propio García Gallardo y era a la que tenía acceso Miguel Osuna. Además, otra de las cosas que se establece es que en la actuación de la Zona Franca lo que primó fue el mantenimiento de los puestos de trabajo.

En la sentencia hay un párrafo en el que se dice que García Gallardo era un “joven y exitoso empresario”, al que se llega a situar “en la órbita cercana al Partido Popular” y precisaba de un socio institucional “que le abriría muchas puertas”. En el otro lado se encontraba una Zona Franca que trataba de recuperar su imagen tras el nefasto paso de Manuel Rodríguez de Castro. En este caso se dice que Miguel Osuna se propuso apostar a “caballo ganador”, aunque detrás de esa fachada solvente y una grandes expectativas de negocio había poco.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Manuel García Gallardo plantea pedir la nulidad del juicio debido a que no se admitieron unas pruebas que consideraban fundamentales y que fueron rechazadas en las cuestiones previas. Las otras partes implicadas, la Fiscalía, Abogacía del Estado, PSOE y la defensa de Víctor Ocaña estudiarán la sentencia y decidirán si van a recurrir.