"Los servicios sociales deberían tener carácter prioritario"

Cuando los servicios sociales parecen más un lujo que una necesidad, es el momento de pararse a reflexionar. Por eso ayer se celebró en el Palacio de Congresos el V Foro Estatal del Observatorio Nacional de Servicios Sociales, bajo el título de El derecho a la felicidad común: garantía y defensa del Estado de Bienestar.

Organizado por el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social y el Consejo General del Trabajo Social, reunió a profesionales de esta disciplina para discutir acerca del presente de la profesión, de las carencias cada vez más patentes del Sistema Público de Servicios Sociales y sobre las soluciones para seguir garantizando al usuario una atención adecuada.

Jaime Esteban García Villar, representante de la Coordinadora Estatal de las Plataformas LAPAD (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) alertó sobre la supresión de 283 millones de euros que el Gobierno aprobó del pasado 30 de marzo para financiar la Ley de Dependencia, cantidad que probablemente se duplicará porque según García Villar, las comunidades autónomas estaban obligadas a aportar una partida igual a la del Estado, pero si se suman a este recorte la cantidad total sería de 566 millones de euros.

Esto va a suponer que se produzca un empeoramiento de la gestión de los servicios; la desaparición de las inversiones; el retraso de la resolución de los expedientes pendientes, con más de 300.000 personas en listas de espera en toda España; afectará sobre todo a las mujeres, ya que son el 90% de las cuidadoras y trabajadores de la dependencia, lo que repercutirá en una peor conciliación de la vida familiar y laboral.

El representante de la Coordinadora Estatal de las Plataformas LAPAD, anunció ante los presentes que se "está tergiversando el espirítu de las leyes de Atención a las Personas en Situación de Dependencia con los recortes y medidas emprendidas por el Estado" y señaló que "los servicios sociales deberían tener carácter prioritario, algo que no está sucediendo". Por eso pidió a las comunidades autónomas que "hagan el esfuerzo para suplir el recorte y hacer sostenibles las funciones en Dependencia".

El lado positivo de la puesta en marcha de la Ley ha supuesto 248.000 empleos vinculados a la dependencia entre 2009 y 2010; otros 165.000 nuevos que se crearon gracias a la inversión económica; se han incorporado al sistema de la seguridad social 149.565 personas como cuidadores familiares y un 80'7% de las personas beneficiarias encuestadas consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, otorgándole una nota media de notable.

Ana Isabel Lima Fernández, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, dijo que "la risis de valores y económica conllevará un cambio de modelo" y abogó por "estar en los despachos y en la calle". Recordó cómo afecta la actual situación económica y los cada vez más frecuentes recortes a las personas, traduciéndose en una falta de compromiso, incertidumbre, mayor desempleo, nuevas pobrezas, una cultura de la inmediatez... en definitiva, en una posible ruptura de la cohesión social.

Esto ha provocado que se hable casi siempre de beneficiencia como el único servicio social que se presta en la actualidad, algo que el Consejo rechaza, y por lo que apuestan por tomar medidas. Algunas de ellas son tener mayor presencia en los medios, crear redes y alianzas para la defensa del sistema público, secundar acuerdos entre Consejos y Colegios, sensibilizar acerca de la pobreza, sumarse a otros colectivos y tener un mayor sentido crítico.

Pilar Tubio Martínez, trabajadora social y coordinadora general de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, incidió en la importancia de contar con ayudas económicas, porque "contribuyen a garantizar la igualdad, ya que si no podría producirse una dicotomía entre personas apoyadas y atendidas por el Estado y otras que no se sienten así ni reciben ayudas económicas, lo que crearía un clima de desconfianza".

En este sentido Jaime Esteban García argumentó que "mientras el Estado siga pensando que la Ley es un gasto, siempre habrá motivos para recortar". Y puso el dedo en la llaga al preconizar que "todos y todas en un momento de nuestras vidas podemos llegar a ser dependientes". Por lo que defendió "seguir luchando por una ley justa y necesaria".