Los sindicatos siguen temiendo la pérdida de líneas en la escuela pública
El proceso de escolarización
Educación anuncia una oferta de 212.910 plazas entre la enseñanza pública y la privada para el curso que viene en la provincia de Cádiz
El proceso de escolarización, que comienza el próximo 1 de marzo, mantiene en alerta a los sindicatos, que siguen defendiendo que las plazas destinadas a la enseñanza pública son insuficientes, temiendo en este caso más recortes de líneas y lamentando el que consideran excesivo número de vacantes para la concertada. La Consejería de Educación y Deporte ha ofertado para el próximo curso 2021/22 un total de 212.910 públicas y concertadas para las enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en la provincia de Cádiz. Para el alumnado de 3 años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se ofertan 12.525 vacantes de nuevo ingreso, de las que el 78,05% corresponden a centros públicos y el 21,95% a la concertada.
Al respecto, Marian Avanzino, responsable de Educación de CSIF Cádiz, señala que su sindicato considera “insuficiente el número de plazas ofertadas para la educación pública y excesivas las ofertadas para la concertada. No podemos consentir esta continua pugna en la que se favorece a los centros privados sostenidos con fondos públicos en detrimento de la pública”. Apunta que “siempre defenderemos el derecho a mantener una enseñanza pública y de calidad, donde el profesorado accede a su puesto de trabajo a través de procesos selectivos transparentes y ecuánimes. Seguiremos vigilantes y haremos todo lo posible para defender una enseñanza realmente pública”.
Marian Avanzino. Responsable de Educación de CSIF Cádiz.
“No podemos consentir esta continua pugna en la que se favorece a los centros concertados”
Para Sebastián Alcón, secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO, “la principal preocupación ante este proceso de escolarización es la pérdida de unidades de la escuela pública. El número de alumnos de 3 años disminuye en 1.000 con respecto al curso pasado, y eso supondrá que se pierdan unidades. Y esas unidades se perderán en la pública en lugar de la concertada. Cada año incrementarán el porcentaje de alumnos en la concertada en detrimento de la pública. Y solo la pública permite una igualdad real”.
Alcón recuerda una reivindicación ya histórica: la bajada de la ratio. “Seguimos pensando que esas plazas que se ofertan deberían repartirse en grupos de un máximo de 20 alumnos, para mejorar la educación y como una fórmula de prevenir contagios en la pandemia que padecemos”.
Ese 1 de marzo se iniciará el plazo para la presentación de solicitudes de admisión en los 520 centros sostenidos con fondos públicos en la provincia gaditana, que permanecerá abierto durante todo el mes. En el proceso de escolarización participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. Respecto a los servicios complementarios en la provincia de Cádiz, el próximo curso se implementarán en 10 nuevos centros. De este modo, el servicio de aula matinal se ofrecerá en siete centros más y tres centros están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar.
Sebastián Alcón. Secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO.
“Las plazas deberían repartirse en grupos de 20 alumnos para mejorar la educación y evitar contagios”
El próximo curso se aplica el nuevo Decreto de Escolarización que regula la admisión del alumnado. La Consejería de Educación y Deporte ha realizado los cambios “imprescindibles” para ajustarse a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). Así, el nuevo Decreto-ley mantiene los principios fundamentales que sustentan la normativa andaluza en materia de admisión del alumnado, “con la garantía de una oferta suficiente de plazas en el sistema educativo público andaluz en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía y seguirá teniendo en cuenta la demanda social”.
En este punto, CCCO lamenta que la Consejería “sigue en la misma actitud que en cursos anteriores. Modifica la normativa andaluza lo justo para poder decir que se han adaptado a la nueva ley de Educación, Lomloe, pero la filosofía es la misma que durante la Lomce”. A juicio de Alcón “mantiene el concepto de demanda social a la hora de ofertar y asignar las plazas. Un concepto que va en contra de lo que es la planificación, dándole a los padres la potestad de elegir el centro que quieren independientemente de las posibilidades que tenga cada municipio o las necesidades organizativas que tenga la educación en la provincia de Cádiz”.
Según explica USTEA-Cádiz en su web, después de asistir el pasado día 23 a la Comisión Provincial de Garantías de Escolarización, puso sobre la mesa el recorte de líneas en centros educativos públicos, “conscientes de que todos los años la Delegación de Educación aprovecha para plantear lo que desde nuestro sindicato hemos bautizado como recortes a priori”. Tras preguntar por el número de líneas para el próximo curso en comparación con este, según USTEA “como sorpresa positiva, encontramos que en nuestra provincia se contemplan 73 unidades más que el curso pasado, de modo que de las 6.840 que se ofertaron entonces pasamos a 6.913”.
Aunque “parece, en principio, que la administración no va a recurrir este curso al mecanismo de los recortes a priori”, esto contrasta con las informaciones sobre cierre de líneas en centros públicos de Jerez, Conil o Puerto Real”. En el caso de este último municipio “un recorte de dos líneas en el único colegio público que queda en la zona centro, el CEIP Reggio. Desde Planificación nos explican que ha habido un incremento de líneas en otros centros de esas mismas localidades, de modo que partirán del mismo número de aulas”.
“En cualquier caso, desde USTEA Cádiz nos oponemos al cierre de líneas en cualquier centro público. Y, por supuesto, vamos a seguir vigilantes”, señala el sindicato.
Por último, USTEA también se manifiesta sobre el cierre de la Escuela San José en San Fernando: “En este sentido, el cierre de un centro concertado nos parece una oportunidad para que su alumnado sea reubicado en centros públicos”.
La puntuación por tener hermanos en el centro se reduce a 14 puntos totales
En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, también hay novedades. Hay criterios nuevos como que el alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto y se modifica la puntuación por existencia de hermanos en el centro, reducida a 14 puntos totales, en vez de 20 por hermano como recogía el anterior decreto andaluz. Dados los cambios obligados por la LOMLOE, que limita este criterio al 30% de la puntuación total que pueda tener un alumno. Así, Andalucía ha optado por otorgar la misma puntuación en este apartado que el de proximidad al domicilio familiar (14 puntos). Otro de los cambios es que, dentro de los criterios de prioridad, figura la discapacidad sobrevenida durante el curso escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar. Asimismo, se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija con la finalidad de fomentar la escolarización en este etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo. También continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas. En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen y desarrollan su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar. Por último, el Consejo Escolar de los centros públicos tendrá con la nueva normativa la competencia para decidir en el procedimiento de admisión del alumnado, que antes correspondía al director del centro.
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