Estas son las 27 medidas para la vivienda en Cádiz que plantean PSOE y AIG

Actual construcción de viviendas públicas en la calle Marqués de Cropani. / Lourdes de Vicente

El Ayuntamiento de Cádiz debate hoy sobre el problema de la vivienda en Cádiz, analiza la preocupante situación actual y busca soluciones en medio de una bronca política que tampoco ha sabido zafarse en un asunto tan delicado como este, con los dos bloques políticos enfrentados entre sí con medidas y propuestas que quieren silenciarse unas a las otras. Así, si el equipo de gobierno plantea 8 medidas en este pleno extraordinario, la oposición se ha unido para sustituir esas 8 medidas por 27.

En concreto, estas son las medidas que propone la oposición municipal de Cádiz para el problema de la vivienda:

Priorizar recursos suficientes para hacer efectiva la expropiación que posibilita la ordenanza de solares vacíos y edificaciones ruinosas.
Aprovechar el estudio ya existente de viviendas vacías y actualizarlo partiendo de la premisa de priorizar el derecho al hogar por parte de las familias que no puedan hacer frente a una renta alta o alquiler por encima de la especulación privada de los propietarios de grandes tenedores.
Cesar en la venta de suelo público que puede destinarse a la construcción de vivienda y cesar en la venta de vivienda pública, para ampliar todo lo posible el parque público de vivienda en alquiler.
Moratoria para que no se conceda ninguna licencia más para Viviendas Turísticas. Así como un endurecimiento de la regulación en toda ciudad, la prohibición en fincas de nivel uno.
Regulación del PGOU para que en zonas tensionadas y en fincas habilitadas para albergar vivienda no se concedan más licencias para hoteles. Paralizar igualmente la concesión de licencias de hoteles y apartamentos turísticos en fincas grado 1.
Realizar campañas informativas respecto de los medios de denuncia de VUTs ilegales por parte de la ciudadanía y de las potestades legales de las comunidades de propietarios para prohibir esta actividad en sus estatutos.
Ampliar los medios humanos del área de urbanismo y consumo dedicados a la inspección de VUTs y tramitación de denuncias.
Actualización de la ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles, conforme a la actual Ley de haciendas locales, para aplicar un recargo del 50 al 150% a inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.
Modernizar y actualizar los criterios de acceso a la vivienda en la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda protegida, estableciendo para cada promoción municipal de vivienda pública, cupos que no compitan entre sí por criterios económicos, de jóvenes, personas con discapacidad, personas en exclusión o riesgo de exclusión social y resto de la población, estableciendo como norma general una cuota de arrendamiento correspondiente al 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Mejorar la ordenanza de alquiler municipal haciendo más atractiva la cesión de viviendas al programa municipal del alquiler; incluyendo en estas mejoras al menos la contratación y pago directo del arrendamiento o cesión del inmueble por parte del ayuntamiento, el aumento de la subvención para rehabilitación, y la bonificación del 95% del IBI, no restringiendo el programa únicamente a inquilinos en situaciones de emergencia social.
Invertir en un mayor control del cumplimiento de los requisitos por parte de los inquilinos de las viviendas municipales para una mayor rotación y agilización de la lista de demandantes.
Asunción diligente por parte de Procasa de los débitos de cuotas comunitarias que puedan ocasionar inquilinos de viviendas municipales en las comunidades de propietarios correspondientes, asumiendo el coste a través de Asuntos Sociales en los casos que proceda o reclamando posteriormente al inquilino el pago, sin perjudicar en ningún caso al resto de vecinos.
Que toda vivienda pública de Procasa sea con una finalidad pública y de alquiler y no se conciba para la venta o la especulación.
Que la construcción de vivienda no sea a costa de hipotecar el cinturón universitario de la ciudad y, por tanto, no se venda suelo público para la construcción de vivienda privada y de lujo. Y se respeten así los espacios públicos y de uso educativo como en el edificio de Náutica.
Que el Ayuntamiento de Cádiz procure, de manera inmediata, suficientes plazas de alojamiento para cubrir el censo existente de personas sin hogar como fórmula transitoria hasta conseguir vivienda definitiva.
Que la Junta financie con propios fondos la rehabilitación de la séptima y octava fase del Cerro del Moro, tal y como se acordó con los vecinos para que estos no pierdan la propiedad de sus viviendas en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad.
Que las actuaciones en vivienda en la Barriada Manuel de Falla no sea a costa de vender el suelo de las Casitas Bajas cuya titularidad debe seguir siendo municipal para la construcción de viviendas sociales en alquiler asequible y se pongan en marcha otras herramientas de financiación mediante la presentación a subveniciones estatales y autonómicas y solicitando a la Junta de Andalucía declaración de zona degradada.
Que la Junta aumente su partida para la construcción de vivienda pública a través de AVRA y no mediante constructoras para la venta libre como quieren aplicar en Loreto y que impondrá un precio mucho más elevado de la vivienda.
Establecimiento de un programa de emancipación juvenil desde Procasa para asesorar a los jóvenes en la búsqueda y acceso a la vivienda.
Establecer un presupuesto de ayudas a la rehabilitación de comunidades de propietarios.
Establecer un presupuesto de ayudas al pago de hipoteca de la vivienda habitual.
Establecer un presupuesto de ayudas a fondo perdido para obras necesarias y/o urgentes de adaptación/reparación en la vivienda destinada a domicilio habitual y permanente del solicitante que no posee los recursos económicos suficientes y de un programa de Ayuda para la Adecuación de Vivienda de personas con necesidades especiales, incluyendo un plan de dotación de ascensores a edificios, en especial a aquellos con gran número de población mayor.
Que el Ayuntamiento de Cádiz agilice la tramitación administrativa que le corresponda en materia de vivienda instando del mismo modo a la Junta de Andalucía en la tramitación que le corresponda respecto de nuestra ciudad.
Que se saque a licitación la contratación de una herramienta de análisis, diagnóstico y control en tiempo real del parque de vivienda público y privado de la ciudad con el objeto de identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios, el número de viviendas propiedad de grandes tenedores, etcétera.
Reclamar a la Junta de Andalucía la agilización de la tramitación del Bono del Alquiler Joven y la aplicación de la Ley estatal de vivienda, para posibilitar la declaración de Cádiz como zona tensionada, para control del precio de los alquileres.
Instar al Gobierno Central y a la administración andaluza para limitar el número de viviendas máximas por propietarios tal y como exige la mayoría de la ciudadanía.
Que se traiga por parte del equipo de gobierno a la mayor premura las regulaciones del PGOU y las herramientas pertinentes para que se apliquen medidas reales para abordar el problema de la vivienda en lugar de mociones que carezcan de ninguna validez a la hora de regular y se limitan a declaración de intereses y anuncios.