Taxistas persiguen y disuaden a los Uber ‘armados’ sólo con su aplicación

Cádiz/“Mire, aquí acaba de entrar uno. Va a hacer un servicio en un chiringuito a la salida de la ciudad. ¿Viene usted con nosotros y ve de primera mano cómo actuamos?”. “Vamos”. Es la una y media de la tarde. Tres taxistas que acaban de contactar con este periódico explican en un bar cercano a la sede de la Junta de Andalucía en Asdrúbal en Cádiz a quien esto escribe su punto de vista del conflicto que están viviendo con los vehículos de transporte con conductor (VTC) de la recién llegada Uber Ubera Cádiz.

Acaban de mantener un encuentro con una técnica de la Delegación Territorial de Fomento, que es el departamento que concede las licencias de VTC. Quieren saber qué puede y qué debe hacer la Policía Local con la legislación en la mano. “Porque no están haciendo nada”.

"La Junta defiende los VTC"

De hecho, no hay una normativa autonómica que regule esta actividad. Sí las hay en Barcelona, Valencia y Baleares. “Hubo un intento, pero se aplazó a noviembre porque no llegaron a ningún acuerdo; lo que está claro que la Junta defiende los VTC, porque hasta quiere crearles paradas cerca de las estaciones y los aeropuertos; hay muchos intereses en juego, también entre los políticos, sobre todo en la derecha”, cuenta uno de ellos. En Sevilla sí que es necesaria una precontratación del servicio. “Lo que está claro es que un VTC no es un taxi ni puede ejercer la misma actividad”, concluye otro.

José Manuel, José María y un tercer compañero no dejan de mirar sus teléfonos móviles. Desde la tarde del pasado jueves 25 de julio no le quitan ojo a la aplicación de Uber. Aseguran que la herramienta del adversario, la perseverancia, la información y la disuasión son sus únicas armas. Los vigilantes activos de los Uber no llegan a la decena, pero tienen el respaldo de casi un centenar de compañeros. Les está costando el dinero, pero “estamos luchando por nuestro futuro más inmediato”.

No hay ni una sola denuncia

Dicen estar muy indignados con las acusaciones de “amenazas” e incluso de “acoso” que están denunciando en los medios de comunicación algunos conductores que trabajan para la plataforma digital y la propia multinacional. Pero no hay ni una sola denuncia ni en la Policía Local ni en la Nacional, ni hasta el momento consta ninguna en ningún juzgado. Desde el Ayuntamiento reconocen cinco o seis incidentes “sin importancia” atendidos por la Policía Local. “Fueron los propios taxistas los que llamaron. Los agentes requirieron la documentación a los conductores, comprobaron que era la correcta y que estaba completa y les permitieron seguir circulando”, apuntan las mismas fuentes municipales.

“Los conductores de VTC están muy bien adiestrados, hay guías y foros en internet donde aprenden cómo eludir a la Policía, saben qué decir cuando les paran y cómo manipular los registros de servicios”, aseguran los taxistas.

"Ni acosamos ni amenazamos"

“Ni estamos acosando, ni amenazando ni mucho menos a agrediendo a nadie. Pero, eso sí, en cuanto que detectamos un Uber y comprobamos que va con la aplicación encendida, lo perseguimos –respetando siempre las normas de circulación–, le pedimos que pare, le informamos de que están ejerciendo una actividad ilegal y una competencia desleal y le convencemos de que se vaya”, resume uno de ellos.

“Como saben que no tienen autorización para captar clientes ni por la calle ni en zonas de máxima afluencia, como la estación o el muelle, muchas veces se esconden en aparcamientos”, apunta otro. Algunos se refugian en El Puerto, Puerto Real o Jerez. “De cara al público estamos quedando como los malos. Es la misma estrategia que han seguido en otras ciudades”, añade un compañero.

"La Policía Local lo solucionaría con dos móviles"

“Lo que pedimos es que el Ayuntamiento se informe bien de cómo funcionan, de cómo tienen que operar, y se lo traslade a la Policía Local. Es tan sencillo como comprarles dos móviles, descargar la aplicación y que hagan el seguimiento que les estamos haciendo nosotros desde hace cuatro días, que es su competencia”, apunta José María. En Sevilla ya hay una patrulla dedicada específicamente a controlar a los VTC.

Además de transgredir los límites de la autorización de la que disponen, la competencia frente a los taxis resulta flagrante, a juicio, de los taxistas, si se tienen en cuenta controles y costes. “Nosotros estamos sujetos a una serie de requisitos que a ellos no se les exigen y pagamos nuestros impuestos en España. Ellos no sabemos dónde lo hacen”, argumenta uno de los taxistas.

Agravio comparativo en costes y requisitos

"Una autorización de VTC sale por unos 400 euros, mientras que una licencia de taxi puede llegar a costar 90.000. Nosotros estamos obligados a una ITV cada seis meses y el seguro se nos puede poner entre 3.000 y 4.000 euros”, explica otro. “Ellos conducen coches de renting, cuyo mantenimiento es lógicamente más barato. Nosotros somos autónomos y a quien tiene una persona contratada se les suman salarios y seguros sociales. Como se ha visto ya en otras ciudades, muchos de ellos son falsos autónomos. En fin, que a nosotros nos cuesta esto entre 5.000 y 7.000 euros anuales, seguro aparte”, argumenta José Manuel.

Los tres taxistas dejan muy claro que no están en contra de los VTC. De hecho, aseguran mantener muy buena relación con los siete conductores –sólo siete– que tienen autorizaciones en la ciudad de Cádiz para ejercer este tipo de transporte de viajeros a través de dos empresas que, “por respeto, profesionalidad y responsabilidad” no participan en Uber, sino que mantienen sus canales de contratación propios.

Un VTC operando con autorización de Elche

"En Cádiz hemos llegado a detectar a un VTC que estaba captando clientes en la calle con una autorización de Elche. Es verdad que pueden desarrollar el 20% de su actividad en cualquier lugar del territorio nacional pero ¿Quién controla eso?”.

Al final, el VTC del chiringuito se les escapa. En cuanto recoge al cliente, el conductor apaga la aplicación y el vehículo se vuelve invisible. “Pero les seguimos vigilando. No vamos a permitir que opere ni un solo coche de manera ilegal en Cádiz”.