Entre 10.000 y 12.000 trabajadores públicos están en la misma situación ilegal en Cádiz

Cádiz/En la provincia de Cádiz hay entre 10.000 y 12.000 interinos en situación de fraude trabajando en la Administración central, la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Diputación y los Ayuntamientos, según Manuel Martos, presidente de la Asociación Nacional de Interinos, Laborales y Estatutarios (ANIL). Sólo en las administraciones locales, la cifra ascendería a 5.000 o 6.000. Y en todas las de España calcula que serían unos 45.000. Actualmente, sólo su despacho lleva 3.500 casos en todo el territorio nacional.

Son empleados públicos con contratos de interinidad prorrogados a veces durante décadas, que en realidad debieran de ser indefinidos no fijos, afirma el abogado. Como en el caso que se describe en la información principal de esta página, referente a un empleado de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz que se llevó treinta años de interino y a quien el juez le niega la readmisión y la indemnización. Sólo el 10% de los casos gozan de sentencias favorables, de las que sólo la décima parte son ya firmes.

Manuel Martos se especializó en este tipo de casos a partir de 2012. En 2013, el Juzgado número 3 de lo Social de Cádiz dictó dos sentencias que obligaron al SAS a declarar como laboral indefinido a dos médicos que venían suscribiendo contratos temporales de muy corta duración, en un caso desde hacía más de catorce años y el otro desde hacía ocho.

En 2014, el mismo juzgado emitió otra sentencia en la que dictaminó que un facultativo del hospital Punta de Europa de Algeciras que encadenó contratos temporales desde 2003 hasta mayo de aquel año debía ser considerado indefinido. Después de que no le renovaran, el juez lo entendió como un despido nulo. La demanda fue presentada por la Asociación de Eventuales del SAS.

Luego, medio millar de miembros de este mismo colectivo impugnaron la bolsa de trabajo del SAS por considerarla "ilegal" y "desfasada" y junto a otros 200 que denunciaron de manera individual pidieron al TSJA el reconocimiento del carácter laboral indefinido de sus contratos encadenados.