Un tratamiento especial para la ciudad

Hace más de una década las gestiones del Ayuntamiento ante el Gobierno Central consiguieron para Cádiz un tratamiento económico especial debido al carácter insular de la ciudad y al agotamiento de su espacio físico. Ahora, analizando el problema de la vivienda, los especialistas consultados por este diario consideran que los planes elaborados por las administraciones con carácter global deberían de contar con un apartado específico para Cádiz y sus apenas doce kilómetros cuadrados de los que no llegan a 5 los que son urbanizables.

"Las características de Cádiz son totalmente diferentes a las del resto de las ciudades" en todo lo relacionado a la promoción de nuevas viviendas, destaca Víctor Gómez, decano del colegio de Arquitectos. "Llevamos un mínimo de tres años sin visar una promoción privada de protección oficial. Y si nos vamos atrás aún serán unos años más". Una de las causas que justifican esta anómala situación es el elevado coste que tiene el suelo en la ciudad al existir una reducida oferta. Un ejemplo es el solar de la plaza de la Reina, propiedad de la Junta y donde estaba proyectado el Museo de la Carnaval. La administración regional valoró este suelo en 4 millones de euros. A todo ello se le unen los numerosos impuestos y exigencias legales que se imponen a cualquier promotor, lo que no ayuda a atraer inversiones, constata el representante de los arquitectos.

El Plan General de Ordenación Urbana, aprobado hace cerca de dos años, prevé que en sus ocho años de vigencia se construyan en la ciudad algo más de 3.000 viviendas, dejando la mitad para protección oficial, un porcentaje muy por encima de las exigencias de la normativa autonómica.

Tal y como va el proceso de cumplimiento del PGOU y las perspectivas económicas a medio plazo, es complicado que se cumplan estas previsiones. Incluso en el caso de las promociones privadas pues estás dependen de un mercado aún muy alicaído, como la actuación en los Depósitos de Tabacalera, como de operaciones urbanísticas unidas a ellas, como los 344 pisos que se podrían construir en el terreno del Hospital Puerta del Mar si éste se traslada alguna vez a Puntales.

Unos y otros consideran que se debería de promover una norma específica para ciudades como Cádiz que faciliten las actuaciones tanto públicas como privadas en el suelo que aún queda libre o en operaciones de rehabilitación en el más del centenar de fincas que siguen vacías en el casco antiguo, teniendo en cuenta que aproximadamente un 20% son de propiedad pública.