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Una usuaria de Asuntos Sociales denuncia retrasos en una ayuda de La Junta

Cádiz

Begoña Cid solicitó la Renta Mínima de Inserción Social hace más de un año y, según el BOJA, se debe conceder en un mes

La Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación asegura que ha contratado más personal para agilizar la tramitación de esas ayudas

La Delegación Territorial de Asuntos Sociales de la Junta, al fondo a la izquierda, en la plaza Asdrúbal. / Joaquín Pino
Pilar Hernández Mateo

17 de julio 2019 - 06:00

Cádiz/Una usuaria de los Servicios Sociales municipales denuncia el retraso de la Junta para conceder la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, una ayuda que regula la prestación económica orientada a la marginación, la desigualdad y la lucha contra la exclusión social. Según recoge el BOJA del 26 de diciembre de 2017, esta ayuda "se devengará a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y su duración inicial será de 12 meses".

Begoña Cid Rodríguez solicitó la Renta Mínima de Inserción Social en junio de 2018 a través de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, y todavía está esperando esta ayuda. Cuenta que en octubre de 2018 puso una reclamación, ya que no había recibido ninguna comunicación de la Junta sobre esta solicitud y tenía problemas para pagar el alquiler de su vivienda debido a que no cuenta con ningún ingreso. Pero tampoco obtuvo respuesta.

El 13 de junio de 2019, un año después de la solicitud, la propia trabajadora social de Asuntos Sociales pidió la tramitación por el procedimiento de urgencia o emergencia social de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, adjuntando el último aviso del propietario del inmueble en el que vive Begoña Cid para que pague las mensualidades que le debe y en el que le anuncia la interposición de la correspondiente demanda de desahucio en el caso de que no atienda este requerimiento.

Este mes de julio, Begoña Cid ha recibido una contestación de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación denegándole la tramitación por el procedimiento de urgencia o emergencia social, ya que para ello tendría que tener la orden de desahucio. Begoña Cid afirma que le han comunicado que tendrá que esperar unos tres meses más para obtener la ayuda, porque todavía están revisando los expedientes de mayo de 2018, y el suyo es de mediados de junio.

Esta mujer está desesperada porque se ve "en la calle, durmiendo en un banco". Manifiesta que "si la Junta crea esta ayuda para las personas que nos encontramos sin recurso alguno para poder vivir, no entiendo que nos tenga de esta manera, cuando según el BOJA debería concedernos la ayuda en un mes". Opina que "si se ven desbordados, que contraten a más auxiliares, que hay muchos en paro" y "que dejen de crear ayudas de emergencia que no se cumplen, y creen empresas y empleo para que podamos vivir de nuestro trabajo y sentirnos realizadas, en vez de depender de ayudas. Porque lo ideal no es tener que estar así. Yo lo único que quiero es trabajar y no estar mendigando ayudas".

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación señalan que el nuevo equipo de Gobierno de la Junta se encontró con un grave atraso en la resolución de solicitudes de Renta Mínima, precisando que "el anterior Gobierno no resolvió el 61% de las solicitudes recibidas en la provincia". Así, ha reforzado con 233 profesionales los Servicios Sociales comunitarios "para agilizar su tramitación".

Indican que en Cádiz, se habían presentado hasta el 25 de marzo 14.837 solicitudes, de las cuales 9.066 estaban sin resolver (el 61%), con una media de retraso de 10 meses. "Se espera que con esta mayor dotación de personal se reduzcan notablemente los plazos en la tramitación", apuntan.

Concretan que en el caso de Begoña Cid, dada la fecha de presentación de su solicitud (junio 2018) por el trámite ordinario, "puede ser resuelta en breve espacio de tiempo".

Respecto a la solicitud por el procedimiento de urgencia o emergencia social, afirman que la situación debe estar debidamente acreditada mediante cierta documentación, haciendo referencia al apartado c) del Anexo VI, que especifica como uno de los requisitos el encontrarse en proceso de desahucio de la vivienda habitual y aportar las advertencias legales de inicio del procedimiento judicial. "Begoña Cid ha presentado un documento donde la propiedad de la vivienda que habita le insta al pago y amenaza con desahucio, pero no hay procedimiento judicial iniciado", indican. Asimismo, recuerdan que esta mujer cuenta con el 67'5% del pago de la vivienda por parte de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales.

Para Begoña Cid, "es lamentable" que haya que llegar al desahucio para que le tramiten la solicitud por urgencia, "cuando lo que deberían de hacer es intentar evitar esa situación".

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