Vecinos del Cerro del Moro acusan a la Junta de mentir sobre sus viviendas

“Los vecinos del Cerro del Moro no están satisfechos ni tranquilos, están destrozados”. Así resume Enrique Estévez, portavoz de la Plataforma de Vecinos de la 7ª Fase del Cerro del Moro, el sentir mayoritario de las 67 familias afectadas por la licitación de la construcción de sus nuevas viviendas. Estévez acusa a la Junta de Andalucía de “no decir toda la verdad” sobre esta promoción urbanística y, en algunos casos, de “mentir directamente” en sus argumentos.

El embrollo desatado cuando los vecinos descubrieron, en la segunda mitad del pasado mes de junio, que el contrato de licitación de construcción de las nuevas viviendas establecía la adjudicación en régimen de alquiler, cuando en la actualidad son propietarios de las casas, trae en vilo a unos vecinos a los que ahora se les obligará a esperar un periodo de arrendamiento de 50 años antes de adquirir de nuevo sus viviendas.

La Junta de Andalucía afirmó este fin de semana en un comunicado público que había mantenido en este proceso una actitud de “transparencia” que los vecinos, a través de la plataforma, desmienten: “Es falso que haya habido esa transparencia. No se nos había hablado de que los vecinos íbamos a perder la propiedad de nuestras viviendas para pasar a vivir en alquiler. Nos dimos cuenta que habían cambiado las condiciones cuando se publicó el pliego de licitación de la obra”, dice Estévez.

Cabe recordar que la Junta argumenta que la presencia de una subvención de los fondos europeos Next Generation en esta promoción de viviendas obliga a que se entreguen en régimen de alquiler, al tiempo que defiende que el resto de las fases anteriores ejecutadas en el barrio se han adjudicado con el mismo procedimiento.

Pero Enrique Estévez también lo desmiente: “Las cinco primeras fases fueron en régimen de alquiler, sí, pero la fórmula utilizada en la sexta fase fue distinta y fue precisamente a la que se comprometieron. Nos dijeron que iba a ser todo igual que en la sexta fase. Ellos se comprometieron a que no se perdía la proiedad de la vivienda, sino que había que pagar los metros cuadrados de más que tuviera la nueva casa, en un plazo mínimo de 10 años y en un máximo de 25, y cuando se hacía se escrituraba y la vivienda era nuestra. El plazo dependía del nivel económico de los vecinos. Esta fue la fórmula que se empleó en la sexta fase y de la que se nos habló antes de que se publicara el pliego de licitación en el que, según descubrimos, se cambiaron las condiciones. Tuvimos que hablar con el AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) para que nos confirmaran ese cambio que se debía a la subvención de los fondos europeos. La transparencia de la que hablan brilla por su ausencia, porque no se dio ninguna información previa al cambio de condiciones”.

Esta situación, según cuenta Enrique Estévez, ha dejado a las 67 familias afectadas por este cambio de vivienda con muchas dudas. Según el portavoz de la plataforma, no se conoce la cuantía del alquiler que tendrán que abonar los inquilinos durante el medio siglo establecido en el pliego de licitación. Se trata de un muy extenso periodo de tiempo que aún la Junta no ha admitido públicamente, pese a ser preguntado por ese plazo, y que Estévez confirma tras la lectura del pliego: “Son 50 años”.

Y entre esas dudas se encuentra también si en ese periodo de tiempo tan amplio, el alquiler puede ser traspasado a algún miembro de la familia en caso de fallecimiento del titular.

“También es mentira -señala Enrique Estévez- que los vecinos hayan mostrado su tranquilidad tras reunirse con la Junta. Las familias están destrozadas porque pierden la propiedad de una casa que ya compraron en su día”.