Los vehículos eléctricos ponían en riesgo el contrato de limpieza en Cádiz

Un informe de la Secretaría municipal fue determinante para que el Ayuntamiento de Cádiz se echara atrás en la idea de modificar el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos para incorporar vehículos 100% eléctricos en lugar de los propulsados por gas natural licuado, que fueron los ofertados por Valoriza en la licitación.

El cambio de motor de la flota de vehículos, especialmente en lo relativo a los camiones de recogida de basuras (una docena, seis para la recogida lateral en extramuros y en la ronda del casco histórico y otros seis para el interior del centro de la ciudad; además de los dos camiones de similares características para la limpieza de estos contenedores), implicaba una modificación del contrato cuyo expediente acordó iniciar el anterior alcalde, José María González Kichi, el 19 de mayo de 2023; es decir, apenas 9 días antes de las pasadas municipales.

Fue, por tanto, a la llegada del nuevo gobierno cuando había que resolver ese expediente para modificar el contrato. Y entre los informes recibidos al respecto, el de la Secretaría se puede considerar fundamental, ya que recoge el alcance que podría tener el cambio de contrario en caso –que en San Juan de Dios dan por hecho– de que se produjera alguna denuncia.

Así, advierte la Secretaría que se pueden dar dos escenarios. El menos lesivo sería el de una medida que pudiera entenderse cautelar que paralizara el proceso de adquisición de los nuevos vehículos hasta dirimir si el cambio de contrato es o no conforme a Derecho. Esto conllevaría que la actual flota de limpieza y recogida de basuras, de por sí obsoleta con 18 años de funcionamiento diario, siguiera en servicio por tiempo indeterminado, con los problemas que está conllevando al efectivo cumplimiento de las condiciones contratadas en diciembre de 2022.

Pero la situación verdaderamente grave se daría en el caso de que hubiera que proceder a la resolución del actual contrato “por no poder seguir ejecutándose sin la modificación prevista”. “Parece que este podría ser el resultado de una declaración de nulidad, ya que difícilmente podría restablecer la legalidad de la situación mediante la reposición de la situación al momento previo a la comisión de la ilegalidad”, sigue explicando la Secretaría.

Este escenario que se considera posible supondría poner fin al actual contrato que se presta desde el 1 de febrero de 2023 y proceder a licitar un nuevo contrato de limpieza, que ya incluyera desde el pliego inicial los vehículos 100% eléctricos pretendidos. Y esto, a su vez, conllevaría a una indemnización que se antoja millonaria a la empresa actualmente concesionaria (Valoriza), teniendo en cuenta que tiene contrato en vigor firmado con el Ayuntamiento hasta el 31 de enero de 2033.

En esta situación ha pesado mucho también, según han trasladado fuentes municipales a este periódico, la actual situación jurídica ya de por sí complicada o con posibles efectos negativos. Y es que no se puede olvidar que actualmente hay al menos cuatro recursos distintos en el TSJA esperando ser resueltos, que pudiera dar lugar en algún caso a una condena contra los intereses del Ayuntamiento, que se tradujera en una millonaria indemnización o en algún efecto directo sobre el contrato actualmente en vigor.

Todo ello, en definitiva, ha pesado de manera notable a la hora de tomar la decisión final de prescindir de esos vehículos eléctricos, que desde el Ayuntamiento consideran o que bien debían haberse incluido en el pliego redactado por los técnicos municipales (ya había vehículos eléctricos cuando se redactaron las condiciones que el Ayuntamiento quería para el futuro contrato) o bien debían de haber sido ofertados desde un principio por la adjudicataria (que ya en 2019 anunciaba la adquisición de este tipo de camiones pesados para la limpieza de otro municipio español).

Por eso Cádiz ha decidido conformarse con los vehículos de gas natural licuado previstos desde un principio, a pesar de que desde Medio Ambiente se indicaba en mayo de 2023, antes de las elecciones, que el cambio a maquinaria eléctrica supondría “nulas emisiones gaseosas directas y nulas emisiones sonoras, con los beneficios ambientales y para la salud de la ciudadanía y los trabajadores del servicio que ello representa”.