Los vigilantes de las dependencias municipales de Cádiz, en pie de guerra
El PSOE exige al equipo de gobierno que fiscalice los contratos de seguridad con la firma Mersant
Cádiz/El Sindicato Profesional de Vigitantes (SPV)ha convocado para el próximo lunes una concentración, entre las 11 de la mañana y la una de la tarde a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz “en apoyo de los compañeros a los que se les adeuda salarios por parte de la empresa Mersant Vigilancia SL”, según una nota hecha pública a través de las redes sociales. Cabe recordar que esta problemática afecta a los vigilantes de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cádiz.
Igualmente “convocamos la asistencia a las reuniones de pleno del Ayuntamiento de todos los vigilantes que realizan su servicio en la dependencias municipales, mientras dicha empresa sostenga deudas con los trabajadores o permanezca contratada por este Ayuntamiento”, según reza en la citada convocatoria.
A este respecto, la portavoz municipal del PSOE, Mara Rodríguez, lamenta que, una vez más, el Ayuntamiento de Cádiz “mire hacia otro lado al ser conocedor del maltrato que sufren muchos empleados de empresas adjudicatarias de diversos servicios municipales y no haga nada al respecto”. “Ya hemos denunciado esta situación, por ejemplo, con los trabajadores de Ayuda a Domicilio, y ahora son los trabajadores de la empresa encargada de la vigilancia de las dependencias municipales quienes denuncian la vulneración de sus derechos, con impagos de salarios y de la paga extra de Navidad”, ha detallado Rodríguez.
“El Ayuntamiento no puede mirar a otro lado mientras las empresas adjudicatarias incumplen el convenio y los derechos laborales de la plantilla”, advierte la portavoz, quien exige al alcalde “que fiscalice el contrato y exija a la empresa privada Mersant que cumpla con sus obligaciones”.
Cabe recordar que Mersant Vigilancia SL obtuvo en mayo de 2020, a través de un procedimiento público de contratación el servicio de vigilancia y seguridad en distintas dependencias municipales por 5.818.125 euros (IVA excluido) por dos años, prorrogable a otros dos años más. “Si de verdad queremos ser garantes de una contratación pública responsable, no se deben permitir este tipo de actuaciones de empresas concesionarias”, afirma Mara Rodríguez, quien ha incidido que parte de estos problemas provienen de que el Ayuntamiento no trabaja con la figura del responsable de contrato, cuyo objetivo es reforzar el control del cumplimiento del pliego y agilizar la solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante la ejecución del contrato.
De hecho, esta iniciativa socialista para incluir la figura del responsable de contrato fue aprobada en el Pleno municipal en octubre de 2020, “pero el equipo de gobierno no lo está haciendo, a pesar de que, si llevasen a cabo su implantación, los servicios externalizados desde el Ayuntamiento serían más eficaces y los trabajadores tendrían más seguridad laboral”, ha aseverado la portavoz.
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