Las viviendas públicas en Navalips, en Cádiz, llegan al Congreso de los Diputados

El futuro de las viviendas públicas previstas en el suelo de Navalips, en la Zona Franca de Cádiz, se va a debatir en el mismo Congreso de los Diputados. El grupo de Izquierda Unida, a través de Sumar, ha planteado una serie de cuestiones a los ministerios de Hacienda y Vivienda a fin de concretar qué modalidad de vivienda pública se va a construir. El plan inicial de la Zona Franca, que impulsa esta operación, es que la operación permita la construcción de 800 pisos, de los que la mitad estarán en manos públicas. Estas últimas se ubicarían en suelo propiedad de la SEPI, una sociedad que forma parte de Hacienda.

La iniciativa de Sumar, desarrollada desde Izquierda Unida en Cádiz de la mano del diputado Toni Valero, que es el coordinador andaluz, muestra su preocupación sobre la falta de claridad de esta operación. "En los anunciados realizados al respecto, no se conoce cuál va ser el destino de estas 400 viviendas ya que dentro del término "vivienda protegida" se encuandran varias posibilidades". Así se menciona que con esta categoría "sería posible destinar estos pisos a régimen de venta bajo la modalidad de precio limitado, que supone vender suelo público a unos precios que en Cádiz alcanzaría los 2.500 euros el metro cuadrado, o incluso mantener en propiedad pública esas viviendas y destinarlas a alquiler a precios asequibles para las familias trabajadoras de la ciudad".

Destaca esta formación que hasta el momento ni el Consorcio de la Zona Franca, ni la SEPI, ni la Subdelegación del Gobierno han confirmado que esta promoción vaya a destinarse a casas protegidas y en régimen de alquiler, por lo que se teme que "acaben vendiéndose a precios similares a los del mercado, como está sucediendo en otras promociones de vivienda protegida en régimen de venta en la ciudad".

Frente a este "silencio", la formación elogia el papel del Ministerio de Vivienda, que está en manos de la propia Sumar, en la promoción de este modelo de pisos con un claro carácter social. A la vez se menciona que este ministerio "prevé crear una gran empresa pública de vivienda, capaz de construir y gestionar desde la administración del Estado". De esta forma, desde IU se considera que sería coherente que las 400 unidades residenciales públicas en Navalips se integrase en esta operación.

Ante este análisis de la situación, se han planteado varias cuestiones ante el Congreso de los Diputados.

Por una parte, se pregunta si existe colaboración entre los ministerios de Hacienda y Vivienda y la SEPI (a través de Sepides) "para que las 400 viviendas protegidas puedan destinarse a vivienda pública en régimen de alquiler".

Igualmente, se pregunta al Ministerio de Vivienda, si este suelo "puede ser una oportunidad para desarrollar los objetivos contenidos en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, y ampliar con estas 400 unidades el parque público en alquiler".

Se plantea si hay o puede haber negociaciones entre este ministerio, la Junta o el Ayuntamiento de Cádiz para lograr un convenio que facilite esta operación y, en el caso de que no salga adelante este acuerdo, se cuestiona si Vivienda "estaría dispuesto a construir de forma directa a través de la futura empresa pública estatal estas 400 viviendas públicas para destinarlas a alquiler.