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VPO en Cádiz: "¿Qué trabajador puede llegar a tener 35.000 euros ya y otros tantos en 13 meses, como si fuera un terrateniente?"

Otra demandante de vivienda protegida de precio limitado en Marqués de Cropani explica por qué tuvo que desistir de su compra

Veinte años esperando una VPO en Cádiz que al final no pueden pagar

El Grupo Q asegura que ya tiene comprometida la compra de entre 12 y 15 VPO de las 55 que construye en Cádiz

Fachada del edficio de 55 viviendas protegidas que el Grupo Q termina de construir en Los Chinchorros. / Lourdes de Vicente

Cádiz/Continúan saliendo a la luz casos de candidatos a una vivienda protegida de precio limitado que se han visto obligados a rechazarla por motivos económico a raíz de la cantidad y las condiciones en las que han salido a la venta junto al cementerio, en una promoción denominada Marqués de Cropani, pero localizada exactamente en el pasaje de San Leonardo, en el barrio gaditano de Los Chinchorros.

Ana [prefiere mantenerse en el anonimato] está inscrita en el Registro de Demandantes de vivienda de la empresa muncipal Procasa desde hace casi 20 años. "Cuando recibí el mensaje anunciándome que era candidata a adjudicataria de una de ellas pensé que me había tocado la lotería", confiesa. La familia de Ana la componen ella, su marido y tres hijos de corta edad. Viven en alquiler en un piso de cuatro dormitorios que les cuesta 800 euros al mes y tienen unos ingresos conjuntos de entre 3.500 y 4.000 euros, de manera que la hipoteca se le podría haber quedado en unos 700 euros para un piso de tres dormitorios a un precio de 260.000 euros, explica a este periódico.

Pero el problema irresoluble se presentó, como al resto de los candidatos que han tenido que desistir de la compra, a la hora de afrontar los pagos anticipados. "De aquí a finales de este mes de marzo nos piden 35.000 euros y otros 35.000 en trece meses, repartidos en otras tantas cuotas. No sé que persona, trabajadora, como nosotros, puede llegar a tener 70.000 euros, como si fuera un terrateniente. Mis padres me podrían prestar, pongamos por caso, 6.000 euros, y podría devolverlos, pero no podría soportar una deuda de hasta 35.000 con otras personas. El banco nos daba a lo sumo esa cantidad, pero no los 70.000. Si fuimos con ilusión a la reunión con la promotora, imagínese con la desilusión que salimos de allí", expone Ana, quien, aun así, todavía se siente afortunada de disfrutar de un piso de cuatro dormitorios al precio que lo están pagando.

"Como hemos tenido que firmar el rechazo por razones económicas, seguiremos en el Registro de Demandantes, pero si el sistema continúa siendo el mismo, cuando nos vuelvan a llamar nos veremos en la misma situación", concluye.

Tal y como ha publicado este periódico hoy, para conseguir una vivienda de protección oficial en Cádiz –en régimen de venta a precio limitado, en este caso– no basta con estar inscrito en el Registro de Demandantes de Procasa desde hace más de veinte años, que te llegue el turno y cumplir con todos los requisitos exigidos. Ni siquiera figurando entre los 300 primeros puestos de cabeza de una lista con más de 4.000 personas. No. Hace falta conseguir hasta 70.000 euros en 13 meses para pagarlos como anticipo, además de una hipoteca que cubra el 80% de un precio final de hasta 290.000 euros y el 20% restante, es decir, otros 58.000 euros, en el caso del piso más caro.

Según relatan a este periódico algunos de los candidatos que se han visto obligados a desistir de uno de estos pisos, estas son las condiciones que está ofreciendo el Grupo Q a los demandantes de vivienda pública que les está enviando la empresa municipal Procasa como aspirantes a una de las 55 VPO en régimen de venta a precio limitado que la promotora privada construye en un edificio que se llevó años a medio hacer.

Las condiciones son tan inasequibles para estas familias, muchas con niños a su cargo, que se han visto obligadas a rechazar la vivienda que llevaban esperando desde hace hasta dos décadas. La primera que les ofrece la empresa pública municipal en 20 años. Se trata de núcleos familiares en los que trabajan los dos miembros de la pareja, ingresando salarios de entre 1.200 y 1.600 euros al mes con los que de ningún modo pueden afrontar una inversión como la que les están planteando.

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