La Audiencia de Sevilla juzgará a Vizcaíno

Sevilla/El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha remitido a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento la causa contra el presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, en relación con el préstamo de 150.000 euros concedido por la sociedad pública andaluza de capital riesgo Invercaria a la empresa Own&Spa. En una providencia fechada el día 22 de enero, el magistrado acuerda remitir a la Audiencia Provincial de Sevilla la pieza por las ayudas a Own&Spa, por las que están acusados además el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y una hermana de Vizcaíno.El juez ha decidido además, "al no haberse formulado acusación contra ningún investigado en esta causa por la agencia IDEA y Venture Invercaria e Inverseed", el apartamiento y expulsión como acusación particular de IDEA, así como de Venture Invercaria e Inverseed, con lo cual sólo quedan como acusaciones la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular, que ejerce la acusación popular.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una condena de dos años y medio de prisión y seis años de inhabilitación al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, al que considera "inductor" de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por las ayudas a la empresa Own&Spa, de la que era consejero y socio promotor.

En las conclusiones provisionales, el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto solicita la misma condena para la hermana del presidente del Cádiz, María Ángeles Fernández, consejera delegada de la empresa, como inductora de los mismos delitos, y eleva a seis años de cárcel y diez años de inhabilitación la pena que reclama para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye la autoría de los delitos de prevaricación y malversación relacionados con la intervención en esta mercantil. El Ministerio Público solicita unas penas inferiores para Vizcaíno y su hermana porque aprecia en su conducta una circunstancia atenuante recogida en el artículo 65.3 del Código Penal, que establece que "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate".

El fiscal concluye que la actividad real de Own&Spa Desarrollos S.L. fue "ridícula, sin un centro de producción ni trabajadores conocidos" y recuerda que la sociedad limitada se constituyó con un capital social de 3.000 euros y cuyo objeto social era el "diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de ocio relacionadas con el agua, destinadas al buen cuidado físico y de la salud o de relajación o mantenimiento corporal", además de "gestionar contratos de licencia, asesoramiento y transmisión de tecnología de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con instalaciones de agua", estando su domicilio social en la localidad sevillana de Bormujos, aunque "no se conocen centros de trabajo, producción o trabajadores", insiste el fiscal.

El proyecto fue dado de alta en Invercaria ese mismo mes y comenzó al análisis por el departamento de Promoción, que el 5 de julio de 2007 comunicó vía e-mail que el proyecto y el plan de negocios "era insuficiente y la necesidad de profundizar en el análisis del proyecto", enviándose documentación el 3 de octubre pero sin modificar dicho proyecto. El 10 de octubre hubo una segunda reunión entre los hermanos Vizcaíno y el personal de promoción, cuyo director, Cristóbal Cantos, les manifestó una serie de "reparos definitivos" a la inversión, entre ellos que "Invercaria no aceptaba una elevada prima de inversión en la entrada en capital, injustificada en una sociedad sin actividad y que no se había exigido al resto de los socios", y concluía que en todo caso solicitaran "financiación adicional y distinta".

Pero a pesar de que el director de Promoción expuso las "deficiencias" del proyecto a los directivos de Invercaria, el entonces presidente Tomás Pérez-Sauquillo, prosigue la acusación pública, "manifestó que había que estar a la espera, pues iba a hacer consultas, arguyendo un interés estratégico, aunque Cristóbal Cantos seguía manteniendo los reparos técnicos al proyecto".

En enero de 2008, tras una tercera reunión, María Ángeles Vizcaíno insistió en el proyecto, pero Cristóbal Cantos terminó por "archivarlo, pues ninguna comunicación habían recibido acerca del interés estratégico por Tomás Pérez-Sauquillo y las deficiencias técnicas apreciadas continuaban sin subsanarse".

"A pesar de todo ello, a sabiendas de que el director de Promoción se había opuesto, que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis, tal y como describe el procedimiento inversor establecido en el plan director de la compañía, el acusado Tomás Pérez-Sauquillo decidió personalmente conceder la ayuda". Así, el 23 de julio de 2008 se celebró un consejo de administración en el que presentó el proyecto al resto de consejeros, "en realidad sólo a Bienvenido Martínez, el único consejero asistente junto al acusado", al que manifestó que esta inversión había sido aprobada por el Comité de Inversiones.