Invercaria: Se cuestiona la imparcialidad del tribunal que juzga las ayudas al presidente del Cádiz CF

Sevilla/El séptimo juicio de Invercaria ha comenzado con la puesta en duda por parte del abogado de Pérez-Sauquillo acerca de la posible "contaminación" por parte del tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla puesto que dos de las magistradas que lo componen había sido miembro de la presidencia de la Sala en uno de los procedimientos anteriores de la macrocausa. Según el letrado, "el conocimiento previo puede comprometer la imparcialidad que se le supone al tribunal". Ante esta cuestión previa, la presidenta de la Sala le interrrogó sobre si estaba planteando una recusación, extremo que negó el letrado airmando que sólo quería advertirlo para que el tribunal "lo tuviera en cuenta".

El juicio por el préstamo participativo de 150.000 euros desde Invercaria a la empresa del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, Own&Spa es el séptimo que se celebra en la Audiencia de Sevilla dentro de la macrocausa de la sociedad de capital riesgo.

La presidenta del tribunal zanjó la cuestión recordando que, "por más que una de las magistradas haya formado parte en un proceso anterior, esto no compromete la imparcialidad del juicio". Asimismo, recordó que en el auto de señalamiento del juicio constaba la formación del tribunal y "en ese momento era cuando debía de haber dicho algo la defensa".

Por su parte, tanto el fiscal como la acusación popular, ejercida por el PP, mantuvieron las cuestiones previas, mientras que la defensa de Manuel Vizcaíno presentó nuevas pruebas documentales como un certificado de reembolso del préstamo participativo y varios correos electrónicos entre Elena de Larriba y el acusado "donde consta el intercambio de información con Invercaria". Asimismo, el abogado de Pérez-Sauquillo prenteó varias sentencias y una querella presentada contra Cristóbal Cantos, que fue desestimada.

El resto de las cuestiones previas resueltas son de carácter organizativo, como el hecho de que los acusados declararán en último lugar y la dispensa de asistir a las sesiones salvo, lógicamente, cuando vayan a dar su testimonio, por lo que la próxima sesión no será hasta el 15 de junio con la declaración de Cristóbal Cantos como testigo.

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Vizcaíno

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño solicita la misma condena de dos años y medio de cárcel para la hermana del presidente del Cádiz CF, María Ángeles Vizcaíno, consejera delegada de la empresa, como inductora de los mismos delitos, y eleva a seis años de cárcel y diez años de inhabilitación la pena que reclama para el tercer acusado, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye la autoría de los delitos de prevaricación y malversación relacionados con la intervención en esta mercantil.

El Ministerio Público solicita unas penas inferiores para Vizcaíno y su hermana porque aprecia en su conducta una circunstancia atenuante recogida en el artículo 65.3 del Código Penal, que establece que "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate".

Una actividad real 'ridícula' según el fiscal

El fiscal concluye que la actividad real de Own&Spa Desarrollos S.L. fue "ridícula, sin un centro de producción ni trabajadores conocidos" y recuerda que la sociedad limitada se constituyó con un capital social de 3.000 euros y cuyo objeto social era el "diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de ocio relacionadas con el agua, destinadas al buen cuidado físico y de la salud o de relajación o mantenimiento corporal", además de "gestionar contratos de licencia, asesoramiento y transmisión de tecnología de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con instalaciones de agua", estando su domicilio social en la localidad sevillana de Bormujos, aunque "no se conocen centros de trabajo, producción o trabajadores", insiste el fiscal.

Dice el Ministerio Público que un poco antes de la constitución de la sociedad, en enero de 2007, Manuel Vizcaíno contactó con Invercaria a través del directivo Gonzalo Alba Beteré, con la idea de desarrollar "un negocio de Spa ligado a la actividad inmobiliaria", acompañando en ese primer contacto el acusado un "documento de pobre contenido".

El proyecto fue dado de alta en Invercaria ese mismo mes y comenzó al análisis por el departamento de Promoción, que el 5 de julio de 2007 comunicó vía e-mail que el proyecto y el plan de negocios "era insuficiente y la necesidad de profundizar en el análisis del proyecto", enviándose documentación el 3 de octubre pero sin modificar dicho proyecto. El 10 de octubre hubo una segunda reunión entre los hermanos Vizcaíno y el personal de promoción, cuyo director, Cristóbal Cantos, les manifestó una serie de "reparos definitivos" a la inversión, entre ellos que "Invercaria no aceptaba una elevada prima de inversión en la entrada en capital, injustificada en una sociedad sin actividad y que no se había exigido al resto de los socios", y concluía que en todo caso solicitaran "financiación adicional y distinta".

"A pesar de todo ello, a sabiendas de que el director de Promoción se había opuesto, que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis, tal y como describe el procedimiento inversor establecido en el plan director de la compañía, el acusado Tomás Pérez-Sauquillo decidió personalmente conceder la ayuda". Así, el 23 de julio de 2008 se celebró un consejo de administración en el que presentó el proyecto al resto de consejeros, "en realidad sólo a Bienvenido Martínez, el único consejero asistente junto al acusado", al que manifestó que esta inversión había sido aprobada por el Comité de Inversiones.

Por su parte, la acusación que ejerce el PP-A eleva a tres años y medio de cárcel la petición para Manuel Vizcaíno por la ayuda de Invercaria a la empresa Own & Spa Desarrollos S.L. de la que era accionista el ex directivo del Sevilla. En su escrito de acusación, el PP-A pide para el máximo responsable del Cádiz CF y su hermana, María Ángeles Vizcaíno, tres años y medio de prisión y once años de inhabilitación por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Asimismo, solicita para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo 12 años y medio de cárcel y 41 años de inhabilitación.