Quique Pina, que ganó 12,4 millones en 7 años, presenta una declaración de la Renta a devolver

El exconsejero del Cádiz CF Enrique Pina, detenido hace casi un año en la llamada Operación Líbero (que dirige la Audiencia Nacional) por posibles delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, ha presentado hace unos meses, después de su puesta en libertad, una declaración de la Renta con resultado a devolver. Según los datos que maneja el juez, el dirigente deportivo habría ganado en realidad al menos 12,4 millones de euros desde 2010 a 2017.

El Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional acaba de abrir una pieza separada (que se desgaja del procedimiento principal del caso Líbero, en el que además de Enrique Pina están investigados el Granada CF, Gino Pozzo y otros colaboradores) llamada 'Pina Alzamiento', que está relacionada con las actividades llevadas a cabo por el dirigente deportivo y su entorno más cercano para ocultar los enormes ingresos y el patrimonio que posee. Esta parte de la investigación va dirigida contra Pina, sus padres, su hermana y el actual director deportivo del Elche CF Jorge Cordero por el posible delito de alzamiento de bienes.

El principal investigado "carece de bienes relevantes conocidos a su nombre" y apenas ha declarado ingresos a Hacienda desde 2010. Aquel año fue declarado responsable de la deuda tributaria del club Ciudad de Murcia y recayó sobre él y sus padres una obligación de pago de 3,2 millones de euros que, con los intereses posteriores, ya supera los 3,4 millones.

Después de todo este tiempo y pese a los intentos de la Agencia Tributaria, ésta sólo ha podido recuperar 141.721 euros (40.000 euros incautados de una caja de seguridad).

A pesar de esa supuesta situación de insolvencia, el juez José de la Mata expone en su auto de apertura de la pieza separada (fechado el 4 de febrero) que Pina "mantiene muy alto nivel de vida gracias precisamente al disfrute de los bienes y derechos, viviendas, vehículos ostentosos, frutos, rentas y salarios, indemnizaciones incluidas" que estarían a nombre de empresas controladas por él, aunque de manera indirecta, pues figuran a nombre de su hermana.

El juez destaca en el auto que una vez iniciadas estas diligencias de investigación en las que Pina fue detenido, el año pasado presentó una declaración de la Renta correspondiente al año fiscal 2017 con resultado negativo y pedía a Hacienda la devolución de dinero. Un detalle que no ha pasado desapercibido para los investigadores, por la persistencia en su actitud de "distracción".

El motivo principal esgrimido por el magistrado para formar esta pieza separada del caso Líbero es el interés por agilizar el desarrollo de una parte de la investigación que está muy avanzada, pues casi toda la información proviene de las primeras averiguaciones hechas por la Policía y la Agencia Tributaria. La causa principal que investiga todo el entramado económico y financiero con el que se desarrolló la gestión del Granada CF ha quedado ahora pendiente de complejas diligencias de investigación, como algunas comisiones rogatorias y órdenes europeas a distintos países (Luxemburgo, Suiza, Emiratos y Mónaco) para averiguar más detalles sobre los movimientos del dinero.

"El eventual macroenjuiciamiento de una causa de la complejidad, extensión y volumen que han alcanzado las presentes actuaciones" ha impulsado al juez De la Mata a desgajar una parte de la investigación, que podría encaminarse hacia un juicio más cercano. Los hechos que se deslindan y constituyen en pieza separada son "los que tienen que ver con las actuaciones desarrolladas por Enrique Pina Campuzano y también por sus padres, de vaciamiento y distracción patrimonial, con la finalidad específica de eludir el pago de sus deudas tributarias".

Los principales investigados en esta pieza serán Enrique Pina, su padre y su madre, como "autores" del delito, dado que ellos son los deudores a la Hacienda Pública y podrían haber ocultado todo su patrimonio y sus ingresos. Un ejemplo de esto es el hecho que ha llevado a Jorge Cordero a estar imputado también. Sólo unos días después de que Hacienda les reclamara la deuda millonaria en 2010, los padres del exconsejero del Cádiz CF vendieron su casa familiar a Cordero por un precio muy por debajo del valor declarado del inmueble. La familia sigue viviendo en la misma residencia a pesar de todo. Los investigadores creen que fue una operación falsa para eludir el embargo de Hacienda. Los padres de Pina declinaron hacer declaraciones el día que fueron citados en la Audiencia Nacional.

La hermana de Pina es la persona que figura como administradora de las empresas que los investigadores atribuyen en realidad al propio dirigente deportivo y con las que habría ocultado su patrimonio y sus ingresos durante años. La propia Elena, en su declaración judicial, admitió que ella era una "mera gestora contable" y que Enrique Pina era quien tenía el control real sobre las empresas.

Las sociedades en cuestión son Quique Sport SL, que estaría dedicada a ocultar la mayor parte del cuantioso patrimonio inmobiliario del exconsejero del Cádiz CF, y Calambur Intermediaciones SL, empresa que serviría para cobrar las rentas percibidas por su actividad laboral y sus trabajos de intermediación en la representación de jugadores. Esos ingresos, según los informes que maneja el juez, ascenderían a 12,4 millones de euros desde 2010 a 2017, incluida la indemnización de 2 millones de euros recibida en 2016 por dejar de ser presidente del Granada CF.

Además, a través de esta mercantil Pina habría disfrutado de una vida de lujo. Figuraban a nombre de la sociedad Calambur varios coches de alta gama (Bentley, Porsche, Aston Martin) y el barco bautizado como "El Duende". Los gastos para su mantenimiento, incluidos los sueldos del personal, eran abonados por el Granada Club de Fútbol. Las dos mercantiles son también investigadas en la nueva pieza separada.

Asume el magistrado instructor que "tenemos así, en conclusión, una mecánica compleja y perfectamente diseñada y planificada de evacuación y distracción patrimonial" que se extiende desde 2010 hasta al menos enero de 2018 (justo antes de ser detenido), fecha en la que cobró a través de Calambur como consejero delegado del Cádiz CF (17.242 euros).