Rodríguez Zarza, ligado al día a día del club amarillo

Cádiz/El granadino Enrique Rodríguez Zarza, uno de los socios del bufete Agaz Abogados, lleva ya bastantes años convertido en protagonista directo de asuntos judiciales en los que el Cádiz Club de Fútbol SAD figura como parte debido a que defiende los intereses de la comercial Sinergy, la empresa que llevó las riendas de la entidad cadista a lo largo de cierto tiempo de la presente década, justo hasta que en diciembre de 2013 una polémica subasta de acciones, que todavía colea, le arrebató el poder. También representa individualmente a Gabriele de Bono y Alessandro Gaucci, pesos pesados de aquella época al desempeñar, respectivamente, las funciones de mandamás de Sinergy y mánager deportivo del Cádiz. Precisamente, Rodríguez Zarza estuvo presente el pasado lunes en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz con motivo del juicio por el que se reclamaba la cantidad de 1,3 millones al trío formado por Florentino Manzano y sus dos clientes.

En la misma semana, su nombre vuelve a coincidir con la actualidad cadista ya que una querella presentada por él en 2007 contra Quique Pina se convirtió en la génesis de todas las investigaciones realizadas desde entonces al murciano.

Rodríguez Zarza se refería así a la detención de Pina y sus posibles consecuencias: "En cuanto a las repercusiones, no descarto que al Cádiz le pidan responsabilidad civil e incluso penal. ¿Por qué, si no, van a pedir todos esos papeles al Cádiz? Está claro que con la intención de buscar documentación del club que demuestre que ha habido blanqueo de capitales y fraude fiscal. Que no digan desde el Cádiz que esto se centra únicamente en el Granada. Podemos tener problemas graves, y digo podemos porque el Cádiz es en realidad de Sinergy aunque aún esté pendiente la devolución formal de las acciones".

A continuación realizó un pronóstico sobre el futuro inmediato de Pina: "Creo en la presunción de inocencia de Pina, del que elogio su gestión deportiva. Le considero el único capacitado para subir al Cádiz a Primera. Es un varapalo muy grande. Por mi experiencia profesional en este tipo de asuntos, con investigación de delitos de blanqueo con connotaciones internacionales, la posibilidad de la puesta en libertad suele estar condicionada a la finalización de la instrucción para que los investigados no puedan destruir pruebas. Esto supondría unos tres meses como mínimo de prisión preventiva. Cuando la UDEF entra en un caso no lo hace como un elefante en una cacharrería, sino buscando operaciones concretas de las que ya tienen conocimiento, normalmente por intervenciones telefónicas".