Sinergy va con todo al ataque

Cádiz/La subasta de las acciones de Antonio Muñoz por la que el paquete mayoritario de participaciones del Cádiz CF –entonces un 49,5 por ciento– pasó de Sinergy a Locos por el Balón y las gestiones posteriores de esta última empresa para recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes vuelven a cobrar actualidad.

La subasta, celebrada del 3 de diciembre de 2013, fue anulada por un juez en julio de 2016 y además hay una sentencia judicial para que esas acciones sean restituidas a Sinergy, que sin embargo no consigue que se haga efecto. De hecho, una providencia judicial de julio de 2018 dejó sin efecto el requerimiento de Sinergy al entender que corresponde a la parte demandada, es decir, a Antonio Muñoz.

Esa providencia no invalida la anulación de la subasta, y ahora Sinergy da un paso más una vez que está personado como acusación particular en la Operación Líbero pese a la oposición del Cádiz CF.

José Enrique Rodríguez Zarza, abogado de Sinergy, va con todo y contra todos desde el origen, la subasta de la acciones, a su entender fraudulenta, hasta las irregularidades que estima se cometieron para que Locos por el Balón consiguiera la autorización para adquirir las acciones del Cádiz a Muñoz.

La documentación del caso que se dirime en la Audiencia Nacional a la que ha accedido Rodríguez Zarza, junto a otras actuaciones acometidas en los últimos años, le sirve de soporte para presentar una querella contra seis personas y cuatro sociedades.

La querella, presentada el pasado 18 de enero en el Juzgado de Instrucción de Cádiz correspondiente, va dirigida contra Antonio Muñoz Vera, Manuel Vizcaíno, Quique Pina, Jorge Cobo, Martín José García Marichal, Calambur, David Buitrago, Muñoz Vera e Hijos, Locos por el Balón, Calambur y ADGB Sport “y aquellas personas de la que se pudiera derivar responsabilidad penal y civil”.

Son seis los posibles delitos denunciados:

1 Alteración del precio de la subasta pública de las acciones del Cádiz al existir un acuerdo privado previo para afianzar y garantizar la adjudicación de las acciones en beneficio de Locos por el Balón.

2 Fraude o estafa al Consejo Superior de Deportes (CSD) al considerar que los titulares reales de las acciones de Locos por el Balón utilizaron testaferros para evitar el incumplimiento de la normativa deportiva.

3 Falsedad documental por la redacción y emisión de escritos, alegaciones y actas de manifestaciones de falsa titularidad de las acciones de Locos por el Balón al CS.

4 Estafa procesal supuestamente cometida por Muñoz Vera en coautoría con el resto de querellados, “todos ellos conocedores y encubridores de los hechos por continuar reclamando a Sinergy 450.000 euros de créditos que ya había cobrado de Locos por el Balón en el presunto amaño de la subasta”.

5 Delito continuado de desobediencia judicial o desacato judicial cometido por el Consejo de Administración del Cádiz y por el representante legal de Locos por el Balón al negarse a facilitar la documentación requerida en diligencias preliminares seguidas ante el Juzgado de los Mercantil Número 1 de Cádiz, y al obstaculizar la devolución de las acciones del Cádiz que fueron objeto de subasta anulada en el procedimiento civil de primera instancia número 1 de Cádiz en los autos de ejecución provisional con la única intención de continuar administrando las acciones que estaba obligado a devolver.

6 Delito Grupo Criminal del artículo 570 del Código Penal por la actuación conjunta y coordinada de los querellados.

ALTERACIÓN DEL PRECIO DE LA SUBASTA

¿Estaba presuntamente amañada la subasta de las acciones? El representante de Sinergy considera que hay pruebas y evidencias de que sí, de que antes de que se produjera la subasta ésta ya estaba pactada por Locos por el Balón con el vendedor Antonio Muñoz Vera, “quien percibió de dichas sociedad o José María del Nido o Quique Pina cantidades de forma oculta a cambio de la garantía de que Locos por el Balón se adjudicaría la subasta”.

Zarza entiende que Muñoz presuntamente alteró el precio de la subasta en connivencia y de mutuo acuerdo con Locos por el Balón en una escritura pública otorgada ante notario el 13 de noviembre de 2013, 20 días antes de la celebración de la subasta. En esa escritura habrían intervenido Manuel Vizcaíno y Jorge Lemus en nombre de Locos por el Balón y de los garantes de dicha operación Del Nido y Pina.

Esa escritura, según Zarza, demuestra presuntamente “un acuerdo secreto de alteración del precio y acto de la subasta que además permitía al supuesto acreedor, Muñoz, seguir reclamando a Sinergy la deuda de 400.000 euros cuando esa empresa era la que ostentaba el paquete accionarial”.

Las acciones fueron subastadas por 50.000 euros, aunque Muñoz presuntamente “alcanzó un acuerdo privado y secreto de pago por las acciones por 540.000 euros, de los cuales 225.000 euros quedaron consignados el mismo día en que se formalizó la escritura para que le fuera entregados tras la subasta”.

El presunto amaño de la subasta incluía otro pagos posteriores a Muñoz en casos de ascensos. El acuerdo privado nunca quedó reflejado ni comunicado en el acto de la subasta, según el letrado de Sinergy.

POSIBLE DELITO DE FRAUDE O ESTAFA AL CSD

Los denunciados, según el querellante, habrían sido coautores y colaboradores necesarios del encubrimiento de la participación accionarial de Del Nido y Pina en el accionariado de Locos por el Balón para tomar el control del Cádiz frente al CSD. Para ello “presentaron falsos certificados de titularidad real del accionariado de Locos por el Balón para la obtención ilícita de una autorización administrativa para poder ser accionistas del club”.

“Estos señores, que sabían y conocían en todo momento la trama societaria de Del Nido y Pina, presentaron alegaciones falsas en el procedimiento administrativo ante el CSD y escrituras que eran una mera ficción jurídica”, expone Zarza en la querella, “puesto que sabían de la existencia de los acuerdos y contratos privados que establecían justamente lo contrario al reparto accionarial. Esta conducta constituiría un delito de falsedad documental y estafa a la administración pública al cometerse un fraude procesal”.

El letrado asegura que concurren tres elementos esenciales en el caso de la presunta estafa y fraude procesal: ánimo de lucro, perjuicio patrimonial de un tercero y perjuicio y engaño en la administración pública.

Zarza argumenta que para lograr la autorización del CSD, “Vizcaíno utilizó a su esposa e hijos como falsos titulares de las acciones de Locos por el Balón a sabiendas de que los verdaderos titulares eran otros y que no salieron a la luz hasta que los impedimentos legales se solventaron”.

Sostiene el letrado que “Vizcaíno presentó falsas alegaciones de titularidad real de las acciones de Locos por el Balón ante la administración pública en aras a la obtención ilícita de la autorización administrativa”.

Vizcaíno, Cobos y García Marichal, actuales consejeros del Cádiz, “encubrieron la figura como accionistas del club a Pina y Del Nido para obtener de manera ilícita la autorización del CSD”.

Zarza lo tiene claro a tenor de la documentación a la que ha tenido acceso. “Cuando Vizcaíno y García Marichal firmaban contratos o alcanzaban acuerdos con Calambur o David Buitrago lo hacían por indicación de Pina y a sabiendas de que en verdad con quien estaban formalizando dichos acuerdos era con Pina dada la máxima confianza que había entre ellos”.

El letrado se hace eco en la querella de los sucesivos cambios de nombre en la titularidad de las acciones de Locos por el Balón. Uno de ellos, que considera significativo, se remonta al 5 de marzo de 2014, cuando el CSD deniega la autorización a esta sociedad para que entrara en el Cádiz por estar en el accionariado la familia de Pina. Entonces, Calambur vende 1.500 participaciones de Locos por el Balón a Vizcaíno y Elena Pina –hermana de Quique que consta como administradora de Calambur– vende 1.498 acciones a Vizcaíno y las dos otras a la esposa del actual presidente del Cádiz. Desde entonces queda Vizcaíno como administrador único de Locos por el Balón.

Zarza aprecia un acto de encubrimiento por parte de Vizcaíno de la titularidad real de las acciones, “ya que éstas nunca dejaron de ser y estar controladas por Quique Pina, ya que en la misma fecha se firmó el contrato privado de opción de compra de esas acciones en favor de Buitrago –entonces aparecía como administrador de ADGB Sport y persona de máxima confianza de Pina–. Y éste a su vez le otorgó el derecho de opción de compra nuevamente a Calambur”.

En realidad Calambur presuntamente “no se deshizo del accionariado de Locos por el Balón, sino que la escritura de compraventa fue una mera ficción jurídica para crear una falsa apariencia frente al CSD para lograr la autorización de la adquisición de las acciones del Cádiz”.

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL

Zarza considera que hubo ese delito “por la redacción y emisión de escritos, alegaciones y actas de manifestaciones de falsa titularidad de las acciones de Locos por el Balón al CSD”.

Recalca que para lograr la estafa o fraude al CSD, Locos por el Balón “debió presentar diversos escritos detallando quiénes eran los titulares reales en última instancia de las acciones, cometiendo por tanto un delito de falsedad documental”.

DELITO DE ESTAFA PROCESAL

Zarza afirma que presuntamente lo cometió Antonio Muñoz, que “en connivencia con Vizcaíno y el resto de sus cómplices en esta trama continuó reclamando judicialmente la cantidad que ya había cobrado de Locos por el Balón en el supuesto amaño de la subasta”. La investigación policial de la Operación Líbero recoge la escritura en la que se garantiza el pago por parte de Vizcaíno en presentación de De Nido y Pina.

DELITO CONTINUADO DE DESOBEDIENCIA JUDICIAL O DESACATO JUDICIAL

Lo habría cometido, según Zarza, el Consejo de Administración del Cádiz y el representante legal de Locos por el Balón –Vizcaíno– por incumplimientos de resoluciones judiciales.

GRUPO CRIMINAL

El letrado de Sinergy aprecia ese delito “por la actuación coordinada de los querellados, la forma de actuar y operar y el número de delitos cometidos y la continuidad de los mismos”.

Zarza llega a esa conclusión a tenor de las manifestaciones de Omar Zeidan, que dan origen a la Operación Líbero, que dijo que “Vizcaíno y Pina le encomendaron que participara en la comisión de un primer delito fiscal para entrar a formar parte de la organización”. Según las manifestaciones de Zeidan, “Vizcaíno y Buitrago serían testaferros de Pina según los informes policiales”.