Chiclana despide el mandato con viviendas sociales y otra renuncia en la oposición

Chiclana/Chiclana celebró este lunes el último Pleno ordinario del mandato con la constatación del proyecto de 55 nuevos pisos sociales en la calle Delicias. La construcción supondrá la reactivación de la promoción de vivienda pública en la ciudad tras más de una década de paralización tras la crisis inmobiliaria.

La sesión del mes de abril fue la última programada antes de las elecciones municipales en Chiclana, aunque la Corporación municipal volverá a reunirse la próxima semana para la configuración de mesas electorales de cara a los comicios del próximo 28 de mayo. Además, el Gobierno municipal espera convocar una última sesión extraordinaria para la aprobación de los últimos proyectos antes de acudir a las urnas, tal y como confirmó el alcalde, José María Román.

Las dimisiones en la oposición, una constante durante todo el mandato, han estado presentes en el Pleno municipal hasta el último día. La número 5 de Ciudadanos en 2019, Cristina Fernández, ha renunciado a formar parte del partido por el que se presentó, solicitando la no adscripción a su grupo municipal tras tomar posesión en la última sesión. Sustituta de María José Batista, reciente fichaje del PSOE, pasa a ser la cuarta edil no adscrita en la Corporación, sumándose a Esther Gómez (ex de Ganemos y también incorporada a la lista del PSOE), José Ángel Quintana (ex líder de Ciudadanos) y Susana Candón (ex de Vox). Cristina Fernández no pudo acudir a la sesión por problemas familiares, aunque ha sido elegida como representante municipal en los consejos escolares del CEIP Atlántida y el CEI Parque de Chiclana.

El punto más importante del día ha sido la aprobación del expediente relativo a la autorización y compromiso del gasto plurianual para atender al pago de la contraprestación derivada del contrato de cesión de uso de 55 viviendas, 55 garajes y 32 trasteros en calle Las Delicias 4, suscrito entre la empresa municipal Emsisa y la constructora La Cistérniga SA. Se trata de un nuevo paso para la puesta en carga de estas viviendas sociales en la zona de La Cucarela, cuyas obras están completamente terminadas.

Los futuros inquilinos forman parte del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas y la entrega de llaves se llevará a cabo tras las elecciones municipales para no interferir en el proceso electoral. El proyecto ha contado con financiación del Gobierno central (1,3 millones de euros) y la Junta de Andalucía (3,1 millones) y supone la puesta en marcha de una de las prioridades del Ejecutivo de Román de cara a los próximos años: la construcción de vivienda pública para hacer frente a una de las principales demandas de la ciudadanía.

Por otra parte, la Corporación aprobó por unanimidad otorgar la Medalla de Plata de la ciudad al CEIP Isabel La Católica en su 50 aniversario. Tal y como expuso la concejala Esther Gómez, encargada de redactar el informe, el centro educativo ha sido una “pieza fundamental” en el desarrollo de La Banda. La propuesta salió adelante con unanimidad y unió a todos los grupos en un generoso aplauso a los miembros del centro presentes en la sala.

El Gobierno municipal también logró la inadmisión de dos recursos interpuestos por la Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un Ibi justo y real. El primero, contra la adjudicación directa de la parcela hotelera del Novo, aludiendo la “falta de legitimación activa” de los denunciantes en el procedimiento. PP, Ciudadanos y Ganemos se abstuvieron.

El segundo recurso se interpuso contra la inadmisión de un anterior recurso contra la memoria de planificación para la participación ciudadana en el nuevo Plan urbanístico. La delegada de Urbanismo defendió la apuesta por la participación ciudadana en el presente plan y explicó que están a la espera de resolver un tercer recurso de esta misma asociación. Las impugnaciones han torpedeado el proceso desde hace más de un año, aunque según el Gobierno municipal el documento de avance está “prácticamente terminado” para sacarlo a consulta pública próximamente.

El Gobierno municipal también denegó una solicitud para declarar nulo el convenio urbanístico del Sotillo del año 2002. La empresa planteaba como motivos la “deficiente sectorización” y la nulidad de los Planes generales aprobados en las últimas décadas. Urbanismo sí dio el visto bueno a la solicitud de bonificación en el ICIO de la empresa que llevará a cabo las reformas en el CEIP Atlántida, contando con el apoyo de la mayoría de los grupos.

La única propuesta de los partidos de la oposición fue la presentada, por separado, por los grupos Izquierda Unida y Podemos. Ambos pidieron, en declaraciones institucionales similares, instar al Ejecutivo central a reconocer el derecho al voto de los ciudadanos extranjeros. La propuesta fue aprobada con el apoyo del PSOE.